Una empresa opta al concurso público puesto en marcha por el Ayuntamiento de Castellar para desarrollar el proyecto de agroecología en la finca Los Cuarteles, parte del latifundio público estatal La Almoraima que fue cedido al municipio en 2015.

El alcalde, Juan Casanova, explicó que el proceso de adjudicación comenzó en marzo, cuando se abrió el plazo de recepción de ofertas para arrendar los terrenos. A este concurso se presentó una compañía, Acuaponía XXI, con sede en Madrid. La comisión técnica ha evaluado las plicas administrativas y el proyecto de actuación previsto por esta compañía licitadora y sólo se está pendiente de abrir y evaluar la oferta económica. "Hasta el momento, todos los trámites administrativos van correctamente, por lo que pronto esperamos concluir el proceso. Estamos contentos porque ha habido una oferta para este proyecto, en el que hemos puesto muchas esperanzas", valoró ayer Juan Casanova.

Una vez que se abra la oferta económica, si cumple con lo estipulado por el concurso, se propondrá a esta empresa para gestionar las 5,6 hectáreas de terrenos ubicados junto al patio de corcho de La Almoraima.

Casanova detalló, sin entrar en muchos detalles puesto que el procedimiento sigue abierto, que la oferta presentada propone crear un centro de interpretación y un alojamiento turístico, así como un proyecto de acuaponía (cultivos sostenibles sin tierra) y otras iniciativas relacionadas con el ecoturismo.

El suelo fue cedido por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tras reiteradas peticiones del Ayuntamiento con el fin de promover usos alternativos a los desarrollados por la dirección de La Almoraima. Un proyecto de acuaponía, gestión sostenible de los montes o agricultura ecológica son algunas de las ideas propuestas por el alcalde para aprovechar los recursos naturales de los terrenos, si bien la empresa podrá enriquecer su oferta siempre que case con lo establecido en el pliego de condiciones.

El plazo inicial de la concesión será de 20 años, prorrogables por otros diez en sendas ampliaciones quinquenales. A cambio, el adjudicatario deberá abonar un canon anual de 24.000 euros al Ayuntamiento (más IVA).

El adjudicatario deberá rehabilitar las doce naves industriales que se ubican en la finca, que suman en total 4.400 metros cuadrados de superficie y están en ruinas. El pliego de condiciones establece que la mitad de las naves deberán estar operativas en el primer año mientras que al cabo del segundo año de concesión todo el recinto deberá estar a pleno rendimiento.

El proyecto deberá reunir los requisitos necesarios para que pueda ser declarado, mediante la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, como una actuación de interés público que permita su implantación en el suelo no urbanizable.