La denuncia bumerán

Los primeros días de la semana fueron solo regular para José Ignacio Landaluce. Por primera vez desde que Juanma Moreno llegó en 2018 a la Presidencia de la Junta, el alcalde de Algeciras se ausentaba de un acto institucional en la ciudad con presencia de un consejero. Fue el martes, con ocasión de una jornada de análisis y debate en torno al desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde, celebrado por la Asociación de Grandes Industrias (AGI) del Campo de Gibraltar. En el auditorio Millán Picazo sí acompañaron a Jorge Paradela, titular de Industria, varios concejales del equipo de gobierno algecireño del PP, cargos de la Junta, el regidor de Los Barrios, Miguel Alconchel, y hasta la representante del Estado en la comarca, la socialista Esperanza Pérez, entre otras autoridades. Landaluce apenas salió ese día en el Ayuntamiento, aquejado de un repentino catarro.

El jueves, a eso del mediodía, llegó la noticia a la calle Convento: La Fiscalía del Tribunal Supremo dictaba el sobreseimiento de la denuncia presentada en el mes de diciembre por el PSOE contra el alcalde por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. En el plazo de pocos días y pese al paréntesis de las vacaciones navideñas, el Ministerio Público había tumbado la estrategia en la que durante meses habían estado trabajando los socialistas para poner contra las cuerdas al alcalde.

La ausencia de denuncia por parte de alguna de las supuestas víctimas de abusos hace imposible que haya 'caso Landaluce'

El argumento de la Fiscalía para no activar diligencias de investigación era previsible. Las imputaciones por malversación y tráfico de influencias estaban cogidas con alfileres, en tanto que la ausencia de denuncia por parte de alguna de las supuestas víctimas de abusos hace imposible que haya caso Landaluce.

Hay un precedente que ayuda a entender lo ocurrido: el caso Luis Rubiales. En aquellos turbulentos días de 2023, la futbolista Jennifer Hermoso declaró que se sintió violentada al recibir el beso no consentido por parte del entonces presidente de la RFEF, justo tras ganar la final del Mundial. Toda España había sido testigo de lo ocurrido, pero el proceso judicial no se inició hasta que la deportista no presentó denuncia como víctima, a instancias de la Fiscalía. Rubiales dimitió de su cargo y, tras el juicio, fue condenado por agresión sexual.

El PSOE de Algeciras y sus servicios jurídicos debían ser conscientes de que su acción penal contra Landaluce corría el riesgo de naufragar y, durante catorce meses, desde que aparecieron los pantallazos con las conversaciones de las tres concejalas, estuvo mareando la perdiz sin dar el paso. Si finalmente lo hizo fue para tratar de tapar aquellos días el escándalo en torno al socialista sevillano Paco Salazar, acusado de parecidas prácticas –sin que su partido hubiera actuado conforme a lo que pregona– y otros casos como el de José Luis Ábalos, el exministro con conductas poco edificantes respecto a las mujeres.

La estrategia y el relato

El anuncio por parte de los socialistas de que intentarán resucitar su denuncia mediante la aportación de nuevas pruebas alargará la polémica un tiempo más. Añadirá, quizá, nuevos detalles sobre supuestos episodios acaecidos en el Ayuntamiento, entre ellos las grabaciones en las que un abogado contratado por el Consistorio trató de convencer a una de las concejalas para que firmase un documento en el que, poco menos, se autodefinía como una enajenada. No obstante, mientras no se produzca una acusación directa y concreta, respaldada por un testimonio con nombres y apellidos, nada se moverá en el plano judicial.

La prolongación en el tiempo de este 'annus horribilis' puede venir derivada de las querellas que Landaluce mantiene contra Rocío Arrabal y Alvise Pérez

En la vertiente política, la denuncia del PSOE ha tenido un efecto bumerán, minando su credibilidad y la de sus argumentos ante la ciudadanía, abriendo alguna que otra brecha interna en la organización y permitiendo a Landaluce sacar pecho. Se demostró en la comparecencia de este del pasado viernes, en el salón de plenos, rodeado de sus concejales, en la que proclamó por enésima vez su inocencia y en el que tomó el mando sobre el relato de los acontecimientos.

Investigación judicial

Con el regidor dado de baja como militante del PP y con la presidencia local del partido vacante, la dirección provincial de los populares no parece tener prisas en crear en Algeciras una comisión gestora, pero tampoco por rehabilitar políticamente a Landaluce. Más allá de la ciudad, no ha habido, por ahora, ninguna reacción pública de alivio en el PP tras el archivo de la denuncia.

Con las cartas que cada cual tiene en sus manos en la actualidad, la prolongación en el tiempo de este annus horribilis para todos puede venir derivada de las querellas que Landaluce mantiene activas por difamación y otros delitos contra la socialista Rocío Arrabal y el agitador Alvise Pérez. Paradójicamente, las previsibles y correspondientes diligencias judiciales que se inicien a ese respecto pueden dar paso al proceso de investigación que la Fiscalía del Supremo ha descartado abrir sobre lo ocurrido. ¿Querellas bumerán? Veremos.