Cuando un adolescente o joven llega de forma irregular a España sin la compañía de un adulto y no está claro si es o no menor de edad, tiene que ser sometido a unas pruebas que determinen de forma efectiva si se encuentra por debajo de los 18 años para decidir su futuro: en el caso de que sea menor, pasará a la tutela de la comunidad autónoma, si es adulto, inicia el camino hacia el expediente de expulsión.

Ese proceso de determinación de edad es polémico; las ONG y otras entidades que trabajan con inmigrantes llevan años denunciando que los resultados no son exactos y reclamando cambios en el protocolo. Así lo han hecho también los defensores del pueblo y en ese marco el Defensor Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio ante las denuncias recibidas sobre el procedimiento de determinación de edad que se sigue en el Campo de Gibraltar.

La oficina del Defensor lleva cinco años trabajando sobre la realidad de los niños y jóvenes extranjeros que llegan sin ningún referente adulto al país. Un dato que ha ido al alza desde entonces, con un pico en 2018: a 30 de noviembre de 2019, la Junta de Andalucía tenía bajo su tutela a 2.174 menores y había atendido a más de 5.600. Y dentro de ese trabajo, la oficina de Maeztu ha conocido por distintas fuentes que en el caso de los jóvenes que llegan al Campo de Gibraltar solo se ordena la realización de una radiografía del carpo, no practicándose pruebas complementarias como la ortopantomografía o placa de clavícula, por falta del equipamiento necesario.

Esta fórmula, advierte el Defensor en su queja, “se aparta de las recomendaciones sobre los métodos de estimación forense recogidas en el Documento de Consenso de Buenas Prácticas, así como de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en sus últimos dictámenes insta a España a modificar este procedimiento”.

Algo especialmente urgente en el Campo de Gibraltar al tratarse de uno de los principales puntos de llegada de las personas migrantes y por tanto de posibles menores, hecho que ha motivado la puesta en marcha de un Centro de Atención Temporal a Extranjeros en San Roque. Es necesario, remarca Maeztu, “que en este ámbito geográfico se cuente con los medios necesarios para la práctica de las pruebas ya mencionadas, que permitan la determinación de la edad con las suficientes garantías”.

Este problema se da además a pesar de que desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se ha comunicado al Defensor que se ha distribuido un protocolo para la determinación de edad que se venía aplicando en Huelva a los 31 hospitales de la comunidad autónoma. Un protocolo en el que se establecen tanto las pruebas ordinarias, radiografía del carpo de la mano izquierda y la ortopantomografía dental, como las extraordinarias, tomografía computarizada de extremidad proximal de la clavícula, todas ellas a realizar en el Servicio Andaluz de Salud.

Ante todo ello, el Defensor inicia un expediente de oficio para constatar la veracidad de las denuncias recibidas y los recursos y protocolo establecidos en el Campo de Gibraltar.

Por otra parte, la Defensoría andaluza ha organizado ya dos encuentros con los agentes implicados en este procedimiento en la comunidad autónoma para abordar los problemas existentes, y ha cursado visita al Hospital Universitario de Jerez para conocer cómo se estaban practicando las pruebas. Se trata de un trabajo continuado encaminado a aportar informes y recomendaciones sobre este proceso.

Los errores en el procedimiento de determinación de edad se dan no obstante en todo el país. La Oficina del Defensor nacional ha denunciado anteriormente el ingreso de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros: según sus datos, 19 en 2015, 51 en 2016, 49 en 2017 y 88 en 2018.