La cuarta división judicial: el Campo de Gibraltar y la justicia condenada a esperar

La Justicia española lleva décadas arrastrando el sambenito de ser la hermanita pobre de nuestras administraciones. Es una realidad incómoda, repetida hasta la saciedad en foros jurídicos, memorias anuales y diagnósticos institucionales: falta inversión, faltan medios, faltan personas y sobra resignación. Sin embargo, hay territorios en los que esa pobreza estructural adquiere tintes casi caricaturescos como si se tratase de una película de Berlanga. Y si existe un lugar donde este abandono se vive con crudeza diaria, ese es el Campo de Gibraltar. Aquí, la precariedad no es un síntoma: es la regla. Y no hablamos solo de una justicia lenta; hablamos de una justicia de cuarta división, relegada al fondo del escalafón administrativo de España.

Resulta inconcebible que una comarca estratégica (puerta del sur de Europa, zona de tránsito comercial internacional, con alta densidad poblacional, alta carga penal, asuntos de especial complejidad y una presión judicial que desborda a cualquier órgano medio del país) siga funcionando sin una Ciudad de la Justicia. Es un clamor que atraviesa generaciones: edificios dispersos, sedes improvisadas, barracones habilitados, espacios arrendados a precio de oro y un peregrinaje constante de profesionales, funcionarios y ciudadanos que deben recorrer un laberinto físico antes de enfrentarse al laberinto procesal.

En pleno 2025, el Campo de Gibraltar continúa gestionando asuntos judiciales como si estuviera atrapado en un bucle de finales del siglo pasado. No se trata solo de incomodidad logística; se trata de seguridad jurídica, de dignidad institucional y de la más elemental eficiencia. Es un contrasentido que una comarca donde operan Juzgados de lo Penal saturados, una Fiscalía desbordada, un Juzgado de Violencia contra la Mujer con volumen creciente y órganos civiles que no dan abasto, continúe sin una infraestructura moderna, coordinada y centralizada. Y a todo ello se une que seguimos sin contar con un Juzgado de lo Mercantil que pueda atender las evidentes necesidades de nuestro tejido empresarial.

Pero la falta de una Ciudad de la Justicia es solo la cima visible de un iceberg mucho más profundo. Por debajo laten problemas que explican por qué esta tierra parece condenada a permanecer eternamente en esa "cuarta división" administrativa que nadie quiere reconocer oficialmente.

Primero, los funcionarios destinados en la comarca sufren una situación laboral casi bochornosa. En un territorio con una presión delictiva superior a la media nacional, con expedientes de especial complejidad y con jornada emocional muy por encima de lo razonable, muchos trabajadores públicos viven atrapados en un escalafón salarial que no recompensa ni su esfuerzo ni su riesgo. Ser funcionario de justicia en el Campo de Gibraltar es, para muchos, una suerte de destino de sacrificio; un castigo no explícito, pero sí evidente.

Segundo, los expedientes judiciales se amontonan en estanterías y archivos que ya no dan más de sí. La saturación ha normalizado lo intolerable: procedimientos que duermen años en el cajón, señalamientos fijados a un año vista, respuestas que se eternizan. Los profesionales del derecho ya utilizan expresiones casi resignadas como “está en el baúl del olvido” para referirse a causas que deberían resolverse con premura. Una justicia lenta no es justicia; es otra forma de indefensión.

Tercero, el Registro Civil es el ejemplo más cotidiano —y quizás más trágico— de este abandono. Trámites que deberían resolverse de inmediato, como inscripciones esenciales para la vida administrativa de cualquier persona, se dilatan semanas y meses. Conseguir una cita para una jura, una inscripción de nacimiento tardía o cualquier modificación registral se ha convertido en un ejercicio de paciencia extrema. ¿Cómo es posible que en un Estado moderno un ciudadano no pueda registrar un hecho vital en un plazo razonable? La respuesta es tan sencilla como desoladora: porque la administración competente no ha querido dotar al territorio de los medios mínimos indispensables.

Entre tanto, los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia (los antiguos Secretarios judiciales), funcionarios, abogados y procuradores continúan sosteniendo el sistema con una mezcla de profesionalidad, resignación y vocación heroica. La ciudadanía pocas veces ve la trastienda del trabajo judicial: madrugones eternos, salas saturadas, expedientes imposibles, presión mediática, peticiones de auxilio que no llegan. Los profesionales de la justicia en el Campo de Gibraltar no se merecen este panorama. Tampoco los magistrados, que sacan adelante estadísticas imposibles; ni los abogados, que trabajan en condiciones que rozan lo insalubre; ni los ciudadanos, que merecen una tutela judicial real, eficaz y digna.

El Campo de Gibraltar no puede seguir mendigando lo que en otros territorios se da por sentado. No es una petición simbólica: es una cuestión de Estado. Una comarca que soporta el peso de delitos de narcotráfico, crimen organizado, movilidad transfronteriza y conflictos sociales específicos no puede recibir una respuesta judicial de tercera, cuarta o quinta categoría. Necesita recursos. Necesita personal. Necesita inversión. Necesita, de una vez por todas, una Ciudad de la Justicia que esté a la altura del desafío.

Hasta entonces, seguiremos hablando de una justicia pobre. De una justicia cansada. De una justicia relegada. Y de un Campo de Gibraltar que, pese a su importancia geoestratégica, continúa compitiendo en la liga que no le corresponde: la de la desatención y el olvido.

La cuarta división judicial no debería existir en España. Y sin embargo, aquí sigue.