Ciberdelincuencia e inteligencia artificial

El abuso de la tecnología genera nuevas formas de delincuencia que deben ser convenientemente sancionadas. En el último cuarto de siglo, la aparición de la Inteligencia Artificial ha llegado a experimentar cambios espectaculares. El sugestivo nombre de Inteligencia Artificial (IA) está sirviendo para cobijar a un elevado número de aplicaciones que están produciendo delitos de muy difícil persecución. La IA ha irrumpido en el panorama legal y penal de España introduciendo nuevas formas de comisión delictiva que desafían las estructuras tradicionales de la Justicia.

En la actualidad, la mayoría de los países se enfrentan a esta nueva ciencia avanzada, carente de regulación específica, y donde se incumplen -con su utilización- leyes de protección de datos personales, violación de derechos de propiedad intelectual, discriminación, acoso cibernético, estafas, fraudes, robo o suplantación de identidad así como la distribución de virus y malware. Los ataques son más difíciles de rastrear y pueden afectar a grandes sectores de la población o infraestructuras críticas.

La IA, como digo, carece de regulación, tanto a nivel local por parte de los Estados en el interior de su territorio como a nivel supranacional. Nuestro Código Penal contempla una serie de delitos que podrían ser de aplicación cuando se usa la IA para tal fin. Así, entre otros: el delito informático, interceptación ilegítima de comunicaciones, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos y contra la propiedad intelectual e industrial.

La Inteligencia Artificial para crear deepfakes —videos e imágenes que falsifican la realidad— está siendo utilizada para el fraude, la difamación y la suplantación de identidad. Estos actos complican la tarea de las autoridades para distinguir entre contenido legítimo e ilegítimo.

En mi opinión, al no existir una regulación específica, debe afrontarse este problema que está causando daños a personas y empresas, al poder acceder con cierta facilidad a los correos electrónicos y redes sociales. Hackers que usan la IA con estos fines se apropian de datos de terceros, o los eliminan -tal y como me ha ocurrido en días pasados- o, igualmente grave, logran el acceso a cuentas bancarias con un enorme perjuicio económico para la víctima.

Desde siempre hay un dicho muy español que viene a decir que “los delincuentes van por delante del Derecho”. Y es cierto. La realidad gana terreno al Derecho establecido. Se precisa una regulación creciente en esta materia, que sea ordenada y que no incurra, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en las nunca deseadas “precipitaciones legislativas”.

Así como nuestro Código Penal ofrece posibilidades para cerrar páginas web usadas para facilitar la comisión de delitos, no ocurre lo mismo con la emergente Inteligencia Artificial, con la que se pueden cometer hechos delictivos y frente a la que existe una capacidad muy limitada para poder prohibir el uso de esta tecnología con finalidad de delinquir.

Resulta destacable la casi nula colaboración de las grandes multinacionales -Facebook, X, Instragam y otras- que son utilizadas para interceptar datos de quienes utilizan esas plataformas, que es conocido por quienes hackean, y les ayudan, quizás inconscientemente, a que sigan realizando cualquiera de los hechos antes citados. Se precisa que esa colaboración se plasme en la regulación que se lleve a cabo legislativamente, al tiempo que se les obligue a reponer cuantos datos fueron sustraídos de forma ilegítima; estas redes sociales, cuyas sedes se hallan en su casi totalidad en Estados Unidos, han de ser obligadas, si carecen de sede en un país concreto, a disponer de un sistema de contacto rápido y ágil para poder actuar con celeridad ante ataques de este tipo.

El sistema jurídico español debe abordar los desafíos que plantea esta modernísima herramienta. Deben producirse reformas legales en el Código Penal donde se incluyan delitos facilitados por esta informatización emergente. Junto a ello, resulta de vital importancia la colaboración internacional, dado el carácter global de estos delitos cibernéticos. Se deben compartir entre los Estados información y mejores prácticas en la lucha contra estos hechos delictivos.

A medida que la tecnología sigue evolucionando, será esencial que el marco legal español responda con rapidez y precisión para proteger a la sociedad de los riesgos asociados con la inteligencia artificial. En la actualidad, existe una total desprotección de los ciudadanos, estando al albur de cuanto daño puedan causar los hackers y quienes de ellos se sirvan para estos fines ilícitos.