La Junta de Comarca de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar aprobó este jueves de forma definitiva las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del servicio de depósito, tratamiento y eliminación de residuos y del precio público por su prestación, que supondrá una subida en el recibo de un 46%. Este incremento será de hasta 80 euros por hogar.

Las modificaciones fueron validadas ante la desestimación de las tres alegaciones presentadas por el PSOE. La Mancomunidad, gobernada por el PP con el apoyo de los partidos 100x100 de La Línea, San Roque y Los Barrios, señala que esta subida responde a la aplicación del impuesto marcado por la Ley 7/2022 de economía circular, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, "y que obliga ineludiblemente a su liquidación y abono".

"La aprobación de este incremento es un ejercicio de responsabilidad política para darcumplimiento a lo dispuesto en la nueva ley de residuos, es responsabilidad de las empresas gestoras de residuos la liquidación de este impuesto aprobado por el Gobierno de la nación. Este impuesto no supone ningún ingreso para la Mancomunidad ni para Arcgisa: es un ingreso para las arcas del Estado", sostiene la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio,

La portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Lucía Trujillo, lamenta que la aprobación fuera posible gracias al voto de calidad de Pérez Custodio, "porque la votación ha quedado en empate con 17 votos a favor y 17 votos en contra". “No estamos de acuerdo con esta subida porque nos parece una barbaridad que suban un 46% la tarifa, pasando de 54,88 a más de 80 euros los que tendrán que pagar los vecinos de la comarca en el recibo de la basura”, señaló Trujillo,

A juicio de la portavoz del PSOE, lo ocurrido “es una decisión que han tomado sin consensuar con los alcaldes, sin tener un plan estratégico real y sin poner en marcha medidas potentes para que haya un mayor reciclaje por parte de la ciudadanía y poder combatir la cantidad de toneladas que se llevan al vertedero”.

Reutilización y reciclado

La Mancomunidad explica que el impuesto tiene como finalidad el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y la educación ambiental, al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero.

"La aprobación de este impuesto debería haberse producido en el mes de enero de 2023, durante la etapa de gobierno presidida por el partido socialista en la Mancomunidad, pero fue retrasada hasta la constitución de la nueva corporación comarcal, que lo aprobó en el mes de octubre", indica el gobierno comarcal, que, a través de la presidenta, mostró “su sorpresa ante la actitud del grupo socialista al oponerse a la aplicación de un impuesto que ha sido promovido por el gobierno que preside su propio partido político, al ser una actitud que refleja una demagogia infinita”.

Pérez Custodio señaló que “a ningún grupo político le gusta aprobar la aplicación de impuestos a los ciudadanos, pero estamos ante un caso de imperativo legal”. La presidenta indicó que “resulta alucinante que los grupos políticos que no han fomentado, ni aprobado este impuesto tengan que votar a favor por la irresponsabilidad del grupo comarcal socialista, que ejerce la pura demagogia a sabiendas que el actual gobierno de la Mancomunidad iba a ejercer su responsabilidad”.

El recibo de la basura está compuesto de dos conceptos a facturar: el servicio de recogida, referente a los costes que implica todo el servicio de recogida de contenedores y su transporte hasta la planta de tratamiento (Complejo Medioambiental Sur de Europa), y el tratamiento de residuos, que implica las operaciones necesarias de clasificación de residuos y los costes de depósito en vertedero.