Dos de los acusados por asesinar a los guardias civiles en Barbate, en libertad tras pagar fianza

Mohamed L. y Yassine E.M., dos de los cuatro tripulantes de la narcolancha que el 9 de febrero de 2024 embistió a una embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, causando la muerte de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez, han quedado en libertad provisional tras pagar sendas fianzas de 10.000 y 15.000 euros. Ambos salieron del centro penitenciario de Puerto II el pasado martes, tras haber permanecido siete meses en prisión preventiva.

Según adelanta este viernes El País, la decisión del juez instructor, Ángel Rojas, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La puesta en libertad ha sido posible tras la aceptación parcial de una petición presentada por sus abogados, quienes alegaron el supuesto arraigo de los acusados en España. En el caso de Yassine, se aportaron documentos como un contrato de alquiler de una vivienda en El Cuervo (Sevilla) a nombre de sus padres y nóminas de un empleo anterior. En el de Mohamed, se presentaron certificados de empadronamiento en Algeciras y Mijas, además de constancia de atención médica en el sistema público andaluz. Aunque el juez consideró que estos documentos no acreditaban un arraigo real, estimó que el riesgo de fuga podía mitigarse con medidas cautelares menos gravosas tras siete meses de prisión.

Ambos acusados tienen ahora prohibido salir de territorio nacional, han visto retirados sus pasaportes y deberán comparecer en el juzgado cada quince días. La Fiscalía no se opuso a su excarcelación, pero sí lo hicieron las acusaciones particulares, entre ellas las asociaciones profesionales de guardias civiles Jucil y AUGC.

El piloto de la narcolancha confesó ante el juez que no logra conciliar el sueño desde que supo por la prensa que había dos fallecidos

Por el momento, otros dos implicados en la tragedia continúan en prisión: Abdennour E.H., detenido en mayo tras permanecer más de un año oculto en Marruecos, y Karim E.B., piloto de la narcolancha y primer arrestado en septiembre. Este último confesó ante el juez haber estado al timón en el momento del ataque y explicó su participación por “necesidad económica y familiar”, asegurando que fue obligado a trabajar para la organización narcotraficante. Aunque dijo no haber sido consciente de la gravedad del impacto, admitió que no logra conciliar el sueño desde que supo por la prensa que había dos fallecidos. También aportó los nombres de los otros tripulantes, ya identificados por la Guardia Civil en ese momento.

La excarcelación de Mohamed y Yassine se produce en un momento clave del proceso, mientras el juez instructor espera un informe pericial que determinará si la embestida contra la embarcación oficial fue intencionada —como sostienen los informes de la Guardia Civil— o un accidente, como afirman los acusados. La calificación de los hechos depende en gran medida de ese dictamen. Si se concluye que hubo voluntad de matar, la causa se mantendría como asesinato, lo que podría acarrear condenas de hasta 25 años por cada agente fallecido o incluso prisión permanente revisable si se confirma que actuaban integrados en una organización criminal. Si se determina que fue una acción accidental, las penas podrían reducirse a homicidio, con penas entre 10 y 15 años, o incluso menos si se considera imprudencia grave.

Los hechos que ahora investiga la Justicia tuvieron lugar la noche del 9 de febrero de 2024. En el marco de una operación contra el narcotráfico, una zodiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, con base en Algeciras, trataba de interceptar una embarcación semirrígida en el puerto de Barbate cuando fue embestida violentamente. Murieron en el acto dos agentes: Miguel Ángel González, buzo de 39 años natural de San Fernando, vecino de Los Barrios y destinado en el GEAS de Algeciras, y David Pérez Carracedo, de 43 años, miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), con base en Navarra. Cuatro agentes más resultaron heridos. El suceso conmocionó al país y reavivó el debate sobre la creciente violencia del narcotráfico en el sur de Andalucía y el Campo de Gibraltar.

Mientras la causa judicial sigue su curso, el caso continúa generando una profunda indignación entre los agentes y las asociaciones profesionales, que consideran la puesta en libertad una señal de impunidad ante unos hechos de extrema gravedad.

"Un mensaje de impunidad"

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha manifestado que la puesta en libertad provisional bajo fianza de dos de los cuatro acusados del caso "puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia".

En una nota, Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, se personó como acusación popular -ahora unificada-- y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los hechos del que han denominado como caso Barbate. Así, ante la salida de prisión de dos de los acusados han manifestado "un profundo dolor".

A juicio de Vilariño, "casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-Sur, cuya desaparición ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico". "Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa", ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que "no podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar".

"El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha y desde Jucil exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen", ha concluido.