El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento desde ayer, 25 de julio. Son 17 las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas y entre ellas figuran ocho andaluzas: Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz, Matalascañas e Isla Cristina en Huelva y Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de Málaga.

En el caso de Tarifa, la nueva estación depuradora de aguas residuales empezó a funcionar en pruebas en noviembre de 2017, fueron inauguradas en enero de este año y la Junta la entregó al Ayuntamiento la semana pasada.

Sin embargo, el municipio tarifeó se cita en esta sentencia por la demora en su puesta en marcha. El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.

El Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a España el año pasado porque el Estado seguía sin cumplir la sentencia en 17 aglomeraciones y solicitó una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

En la nueva resolución, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales.

Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos ultimas en Canarias.

El tribunal ha argumentado que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse "incumplimientos graves". Además, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos "significativos" de España, el carácter "especialmente prolongado" de la infracción constituye "una circunstancia agravante".

La plena ejecución de la sentencia de 2011 no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años con respecto al plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2000).

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, aseguró ayer que la comunidad ha hecho "un esfuerzo enorme" por acometer las obras de las depuraciones de agua de su competencia en los municipios andaluces que señala la resolución de la Unión Europea que ha impuesto la sanción millonaria.

Todas las depuradoras de aguas de los cuatro municipios de la comunidad sujetos a sanción por la UE y que son competencia de la administración andaluza "están en obras", dijo el consejero, "algunas de ellas terminadas" y otras "próximas a su finalización".

La estación depuradora de Tarifa, señaló José Fiscal, una obra con un presupuesto de 9,8 millones de euros, fue entregada la semana pasada al Ayuntamiento, que debe hacerse cargo de la explotación y mantenimiento de la EDAR en cumplimiento la normativa vigente. El mantenimiento de las instalaciones se ha asignado a la empresa concesionaria del servicio de aguas en Tarifa, Aqualia.

La entrada en vigor de la depuración y el tratamiento integral de las aguas fecales no impactará en los recibos del tarifeño, según el acuerdo negociado por el Ayuntamiento para que el cumplimiento de las directivas medioambientales que obligan a la depuración no sobrecargue el recibo, preocupación ya solventada.

La EDAR de Tarifa beneficia a 30.000 habitantes, teniendo en cuenta el potencial turístico de la localidad en los meses de verano, ya que la nueva depuradora da servicio tanto al núcleo urbano actual de Tarifa , previendo el crecimiento de población que podría experimentar la zona en los próximos 25 años, como los núcleos de población de La Peña, Los Lances o Valdevaqueros.

En el caso de Barbate, el municipio lleva 30 años vertiendo sus aguas residuales al océano Atlántico. La consejería de Medio Ambiente reconoce que la depuradora "no cumple con los requisitos mínimos de depuración" que exige la ley.

Ese pronunciamiento fue incluido en el procedimiento que instruye un juzgado de Barbate a raíz de una querella por presunto delito medioambiental presentada en 2016 por la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes y seis vecinos de la zona. El problema estriba en que desde 2014 la depuradora vierte las aguas residuales en los meses de verano a través de un emisario submarino que desagua a la altura de la playa del Botero, causando malos olores y molestias a los residentes.

El anterior Gobierno central aseguró que la depuradora estaba en el primer lugar de sus prioridades, pero solo están los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Barbate porque el informe de impacto ambiental aún está tramitándose.

Equo considera que "buena parte de las obras pendientes de acometer en los municipios señalados son competencia de la Junta de Andalucía" y reclamó al Gobierno andaluz que "cumpla con las leyes y con lo comprometido tantas veces" y que "garantice la correcta depuración de las aguas residuales".

La formación recuerda que desde mayo de 2011 los andaluces están abonando un canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración en el recibo del agua, lo que le iba a permitir disponer -a fecha de 31 de diciembre de 2015- de las depuradoras de aguas residuales consideradas de interés, al objeto de cumplir con los requisitos establecidos por Europa en la normativa de aguas. "Pero el acuerdo no se ha cumplido y el denominado canon de mejora se sigue abonando religiosamente, reconociéndose un desfase entre los ingresos recaudados con el canon y la inversión ejecutada", lamenta Equo.

Greenpeace señala que "todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas" y que hay "plantas construidas que no están funcionando y otras que lo hacen de forma deficiente".