La Junta recurrirá la anulación del plan de protección para el litoral
Los ecologistas piden medidas cautelares para que los promotores no aprovechen la situación transitoria
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, señaló ayer que el Ejecutivo autonómico acabará recurriendo "con toda probabilidad" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en mayo de 2015. En el caso del Campo de Gibraltar, el plan protegía el entorno de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, así como otros suelos en San Roque y La Línea.
Este recurso, según Fiscal en declaraciones a los periodistas en Andújar (Jaén), obedece a que la resolución de la Sala hace referencia "exclusivamente" a un hipotético defecto de forma, ya que el plan lo aprobó un Gobierno en funciones, cuando se establece que "debería ser un Gobierno constituido" el que aprobara un planeamiento de este tipo.
"Es la única objeción que hace el TSJA", sostiene el titular andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que agrega al respecto que los servicios jurídicos están analizando el fallo, con "muchísimas posibilidades" de recurrirlo, pues "entendemos que es un plan bueno para el litoral de Andalucía, que blinda contra el desarrollismo salvaje lo que queda virgen de nuestro litoral y, a la vez, permite que sigan pudiéndose construir determinados proyectos que están en marcha".
Y es que dicho planeamiento, según el consejero, autoriza la construcción de no menos de 140.000 viviendas, número que "no se va a dar: se reserva más suelo del que el mercado está pidiendo".
Sobre la noticia de la anulación del plan, ayer se escucharon reacciones por parte de IULV-CA, Podemos y Ecologistas en Acción. Izquierda Unida señala que la "inacción" de la Junta para desarrollar el plan ha favorecido que el TSJA lo haya anulado. En declaraciones a Europa Press, el parlamentario de la coalición de izquierdas José Antonio Castro ha advertido que desde que se aprobó el plan en 2015, el Gobierno de Susana Díaz "no lo ha desarrollado reglamentariamente, ni ha dado pasos para dotarlo de contenido".
Por su parte, La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, anunciaba ayer que su formación "tiende la mano" a la Junta y se ofrece a "lo que haga falta" con tal de que vuelva a estar "en marcha" y "vigente" en "el mínimo plazo posible" de tiempo el Plan de Protección. Rodríguez alertado de que esta anulación "pone en riesgo la salud ambiental de nuestro litoral, y vuelve a poner sobre la mesa la actualidad de proyectos tan nefastos y respondidos por la ciudadanía como el de urbanización de la playa de Valdevaqueros", en la provincia de Cádiz.
Desde Ecologistas en Acción pidieron ayer que la Junta adopte medidas cautelares "para impedir que los promotores y ayuntamientos aprovechen esta situación para tramitar y aprobar planes urbanísticos que prohibía el Plan del Litoral, así como que amplíen la protección para impedir más urbanizaciones en el litoral".
El alcalde de Barbate se apunta el mérito de haber "tumbado" el plan
El regidor municipal de Barbate, el andalucista Miguel Molina, se atribuyó ayer el "mérito" de que fue su mandato cuando se presentó el recurso que ha "tumbado" el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Así, ayer expuso en público que "ha sido este alcalde y esta Corporación", recordando que fue el 14 de octubre de 2015 cuando en un pleno extraordinario se aprobó interponer un recurso contencioso administrativo contra el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que el Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía aprobaba el citado plan. La moción, según la tesis de Molina, salió adelante con los votos favorables del PA, PP y PSOE, el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención de Somos Barbate. Previamente, con fecha de 29 de octubre de 2013, el Ayuntamiento de Barbate formuló las oportunas alegaciones al plan. En su demanda de recurso, el Ayuntamiento de Barbate consideró que la urgencia del Consejo de Gobierno "no estaba justificada" en el hecho de que las competencias en materia de ordenamiento jurídico estaban compartidas entre la administración local y la autonómica, por lo que la Junta de Andalucía ya contaba con los suficientes mecanismos para la protección del litoral sin necesidad de acudir a un instrumento tan excepcional como el Decreto Ley. /J.M. RUIZ
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