Juan José Medina, investigado por un delito de falsedad documental

El exconcejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana del Partido Popular Juan José Medina y López de Haro ha sido llamado a declarar el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras para que testifique en el caso de una denuncia puesta contra él y dos funcionarios por falsedad documental en un curso impartido a los miembros de Protección Civil.

Las diligencias previas dictadas por la sala tienen su origen en la demanda iniciada por un delegado sindical de la Unión Policía Local Tarifa (UPLT), que acusa al exedil de haber permitido y amparado, como responsable del área municipal, que funcionarios afines falsificaran firmas de ponentes que no acudieron, o firmaran como ponentes aún no habiendo impartido formación alguna a los asistentes.

El caso se inició con la queja por parte de algunos empleados municipales por el pago de gratificaciones a otro funcionario, incluido en la denuncia, persona de máxima confianza de Medina, y autor de las supuestas firmas falsificadas durante el curso.

Dichas gratificaciones extraordinarias fueron pagadas a pesar de contar con el informe desfavorable de los departamentos laboral y fiscal del Ayuntamiento de Tarifa, por lo que la central sindical considera que estas gratificaciones o mejoras económicas fueron otorgadas aunque no se ajustaban a la legalidad.

La Unión Policia Local Tarifa trasladó la denuncia a la Fiscalía el 15 de julio de 2015. El delegado sindical puso en conocimiento del Ministerio Fiscal que el exconcejal había autorizado el pago de unos emolumentos a favor de una persona de su confianza por el desempeño de trabajos que no se corresponden con las funciones asignadas a su puesto.

En uno de esos informes, el asesor explica: "Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijadas en sucuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos", señalaron desde el sindicato, que cuantifica en 189 horas extraordinarias las percibidas por el funcionario demandado.

Pero lo que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Algeciras está investigando es el origen y la justificación de estas gratificaciones. El auto señala que "si bien la denuncia relativa al abono de gratificaciones extraordinarias no adecuadas a lalegalidad merece ser ventilada ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, no así la denuncia relativa a falsedad documental que merece aclaración por el investigado Juan José Medina López de Haro", añade el juzgado.

El posible delito que se investiga es el de manipulación y falsificación de documentos públicos relativos a un curso que impartió la delegación de la que era responsable Medina a los miembros de Protección Civil. Dicha actividad formativa estaba auspiciada por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (EPSA). Los denunciantes creen que la posible manipulación se inicia con la falsificación -por parte de uno de los denunciados- de varias firmas de supuestos docentes de los cursos, los cuales constaban en la programación pero que, según el sindicato policial, no impartieron dicha docencia. Añadieron que "tras entrevistarse con algunos de los alumnos participantes del curso, éstos manifestaron no reconocer a algunos de los docentes que constaban en el proyecto curricular, e incluso llegan a afirmar que éstos no han impartido clases sobre las materias que tenían asignadas, ni socbre cualquier materia", explicaron fuentes sindicales.

Sin embargo, en las hojas de asistencia los docentes constan como que han impartido dichas clases. Entre las firmas que supuestamente podrían haber sido falsificadas, el sindicato señala a las de una facultativa, dos bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz y un funcionario del Ayuntamiento de Tarifa. Algunos asistentes llegaron a asegurar, según las declaraciones del autor de la denuncia y delegado sindical de la UPLT, que esas falsificaciones podrían haber sido realizadas por uno de los funcionarios responsables de la organización de los cursos, mientras que el otro de los trabajadores implicados, e incluido en la demanda, firmó las hojas de asistencia de los alumnos como profesor del mismo, sin que éste hubiese llevado a cabo ningún tipo de docencia a los alumnos inscritos en la acción formativa.