Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) repite el mantra de su partido: es necesario un Gobierno estable para tener presupuestos y profundizar en las políticas de progreso.

–¿Qué está pasando en esta campaña electoral para que dejemos de lado asuntos tan importantes como la educación, la sanidad o la cultura?

–Todos esos apartados son tan relevantes como los de Interior porque afectan directamente a los ciudadanos. ¿Que está pasando? Creo que estamos viendo una reproducción de lo que estamos viendo desde el 28 abril. Hay una situación de bloqueo de la derecha y de Unidas Podemos sin argumentos sólidos. Al Gobierno del PSOE no se nos achaca una gestión deficiente o no adecuada a las exigencias del país, de una España progresista que crece económicamente. Esa es una realidad que a veces no se aprecia, por eso hay que subrayarlo.

–En el mes de abril, usted anunció que para el Campo de Gibraltar había medidas previstas. “Lo mejor está por llegar”, aseguró. ¿A qué se refería? ¿Son medidas bloqueadas por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado?

–Exacto, lo mejor no ha llegado. Espero que después del 10 de noviembre no haya posibilidades de bloqueo, que haya un gobierno del PSOE y que no se repita ese bloqueo. Lo más urgente para el Campo de Gibraltar era un plan de seguridad, que abordamos desde el minuto uno gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han hecho y hacen un trabajo fenomenal no solo en el Estrecho, sino en una zona litoral que abarca más provincias. Hemos hecho lo imprescindible, pero no es suficiente. Durante muchos años, nadie en la Administración central había prestado atención a lo que pasaba en la provincia de Cádiz y menos aún en una parte de ella, en el Campo de Gibraltar. Los presupuestos que diseñamos trasladaban lo que el Gobierno de la nación había aprobado en noviembre de 2018, con un plan transversal de medidas económicas, de creación de riqueza, de productividad, de trabajo, educativas, etc, que diera oportunidades a la comarca. Por cierto, que ya hemos ampliado la Zona Franca en Los Barrios con 130.000 m2 nuevos. Un territorio tan dañado por el narcotráfico no puede crecer sin medidas especiales y específicas. Lo bueno está por llegar, pero cada vez está más cerca. Nos pueden poner alguna piedra en el camino, pero seguimos viniendo al Campo de Gibraltar a subrayar nuestras propuestas.

“Todo es mejorable, pero existe un marco de cooperación con Gibraltar”

-De todas formas, no parece que vaya a ser fácil activar esas medidas si se mantiene el bloqueo. El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha dicho no a un acuerdo con el PP tras las elecciones, que Unidas Podemos no es de fiar y que los nacionalistas catalanes van a lo que van. Les quedarían pocas opciones.

-Pedro Sánchez, lo que ha dicho, es que quiere un Gobierno estable, fuerte, cohesionado y que mire al futuro, a los desafíos que tiene España. Tenemos que dejar de oír los ruidos que nos distraen y atender a los intereses de la ciudadanía. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice la ciudadanía, que es la que tiene la llave de todo en democracia.

–El Campo de Gibraltar está falto de inversiones: la mejora del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla y la N-340 entre Algeciras y Vejer son dos infraestructuras pendientes.

–En los últimos siete años que estuvo el PP en el Gobierno, en Andalucía no hubo inversiones. Lo último que se hizo fue con el Gobierno de Zapatero, con 800 millones de euros. Luego, nada. Los Presupuestos de 2019 que hicimos con el presidente Sánchez preveían una inversión de más de 400 millones de euros en infraestructuras, con más de 223 millones para el tren Algeciras-Bobadilla, una necesidad no de ahora, sino de hace muchos años. También incluíamos un plan de empleo por valor de 50 millones para hacer frente al paro estructural de la zona. Con el PP no se diseñó ni uno solo, aunque sí lo hicieron la Junta y la Diputación con presidencias socialistas.

Seguridad

–¿Cómo valora la puesta en libertad de uno de los líderes de los Castañitas, uno de los principales clanes de narcotraficantes?

–Entiendo y comprendo la decepción de muchos agentes sociales, no solo de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino de organizaciones de lucha contra el narcotráfico y las drogas, pero les diría que vivimos en un Estado de Derecho, que tenemos que tener conciencia de que hay una división de poderes en el que cada cual tiene sus competencias, que no podemos desconfiar, que la Fiscalía ha recurrido esa decisión y que la Audiencia de Cádiz va a resolver esa cuestión de forma adecuada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando de una manera importante y ni esto ni ninguna otra causa nos va a hacer decaer en nuestro ánimo de luchar contra el narcotráfico. Los narcotraficantes están muy equivocados si creen que este Estado de Derecho es débil. Saben lo que hemos hecho en un año: pues vamos a hacer mucho más.

"La inmigración por vía marítima se ha reducido este año un 56%. Luchar contra las mafias no es incompatible con la solidaridad"

–¿Para cuándo el nombramiento del responsable de la IV zona de la Guardia Civil?

–Es una cuestión delicada porque ese puesto tiene una funciones importantísimas. Estamos en funciones, en medio de un proceso electoral, y hay que tener la suficiente tranquilidad para encontrar a la persona idónea dentro del generalato de la Guardia Civil. Afortunadamente, hay muchas personas preparadas para desempeñar ese cargo. No hay ningún tipo de disfunción porque hay una cadena de mando relevante en la Guardia Civil con la capacidad de seguir trabajando de una forma eficaz y eficiente. Tenemos a tan buena gente, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que el hecho de que alguien deje un puesto no resta eficacia a la labor del conjunto. La Guardia Civil es mucho más que un nombre.

–Las plantillas de la Policía Nacional y de la Guarda Civil están cubiertas en el Campo de Gibraltar, pero los catálogos fijados están muy desactualizados porque las necesidades son muchas.

–Las plantillas están cubiertas por las necesidades especiales de la comarca y de Cádiz. Hay otras zonas de España en las que estamos al 85% y no podemos olvidar que tenemos que atender a las necesidades del conjunto. Hay especificidades muy concretas que estamos atendiendo con los recursos disponibles. Los siete años de Gobierno del PP fueron como una plaga porque perdimos 7.000 efectivos entre policías nacionales y guardias civiles. Para el PSOE, la seguridad es una inversión: en quince meses hemos aumentado las plantillas en 5.000 personas. Estamos generando oferta de empleo público, aunque no es fácil formar y equipar a verdaderos profesionales.

Inmigración

–Los datos de su ministerio indican que este año se ha reducido a la mitad la llegada ilegal de migrantes. Entiendo que ha ayudado mucho la mejora de la colaboración con Marruecos.

–La inmigración por vía marítima se ha reducido más de la mitad, un 56%. Es un trabajo de mi equipo, al que tengo que felicitar. Fue otro de nuestros desafíos al llegar. Nos encontramos con una red de tráfico ilegal de personas, con mafias que habían triplicado por tres la inmigración ilegal sin que se adoptase ningún tipo de medidas. Ha habido una profundización importante en nuestra colaboración con el reino de Marruecos, con una lealtad y fiabilidad muy estrecha. Ellos sufren una presión migratoria muy importante y han regularizado a 50.000 subsaharianos, un dato que mucha gente ignora. También hemos firmado muchos convenios con países subsaharianos, no solo con Senegal y Mauritania, con quienes tenemos una relación muy importante desde la crisis de los cayucos de 2004, sino también con Costa de Marfil, Ghana, Gambia, Guinea Conakry… Y luego con la UE, ante la que hemos insistido en la necesidad de poner en marcha una política europea común en materia de migración, asilo y fronteras.

–Salvamento Marítimo, dependiente de Fomento, también ha cambiado su política de rescates. Ya no acude a aguas cercanas a la costa de Marruecos.

–Hemos coordinado, a través de la figura de mando único que estableció este Gobierno, los criterios para llevar a cabo esos rescates. Este país siempre cumple sus compromisos internacionales. Detrás de los flujos migratorios irregulares están las mafias y nosotros no solo nos movemos con parámetros de seguridad, sino también de humanidad, que no son conceptos opuestos, como algunos creen. La seguridad que conjugan algunos, como los de Vox, no es la propia de un Estado de Derecho. Y soy bastante más suave que ellos en sus comentarios, aunque creo que hay que ser muy taxativo a este respecto. Luchar contra las mafias y bajar la inmigración ilegal por vía marítima en cooperación con Marruecos un 56% no es incompatible con la solidaridad, al contrario. Quien crea que un Estado de Derecho es débil, se equivoca.

Brexit

–España y Reino Unido firmaron hace un año unos memorandos de entendimiento para establecer las relaciones futuras entre ambos países y, particularmente, de nuestro país con Gibraltar. En esos memorandos se aludía, entre otras cuestiones, al control del contrabando, a los derechos de los trabajadores, a la transparencia en el ámbito fiscal, al medio ambiente… ¿Son de aplicación esos acuerdos?

–Se ha olvidado usted de citar un aspecto más que a mí me concierne: la cooperación policial y aduanera. Claro que esos memorandos son aplicables, lo que ocurre es que estamos en una situación de impasse, en la que se ha ampliado hasta el 31 de enero el plazo para la salida de Reino Unido. Los cuatro memorandos son un éxito para España, que se suman a la decisión de la UE de que cualquier cuestión en el seno de los 27 que concierna a Gibraltar deba contar con el consentimiento previo del Gobierno de España. Para una salida sin acuerdo, tenemos el decreto-ley de contingencia 5/2019 de 1 de marzo, siempre pensando en el ciudadano y trabajador de La Línea, del Campo de Gibraltar y también de Gibraltar, dado que la mayoría de sus ciudadanos no quería el Brexit. Nosotros no somos antagónicos, queremos que la convivencia existente entre los pueblos se mantenga.

Fernando Grande-Marlaska, antes de la entrevista.

–¿Alguna medida específica para La Línea?

–Vengo de allí. Queremos que La Línea tenga un trato especial y creo que eso se va entender por parte de todo el mundo en la comarca. Vamos a incentivar su actividad económica porque no podemos obviar la realidad que hay.

–¿El paso fluido por la Verja está garantizado? Algunos ensayos en el control de la frontera que se han realizado han dado como resultado la formación de largas colas.

–El paso está garantizado. ¿A qué llamamos colas? Hago un seguimiento de la situación en la Verja, no solo como ministro del Interior, sino como diputado por Cádiz, y soy consciente de lo que pasa. Los ensayos hay que hacerlos y este Gobierno no puede ni debe eludir el cumplimiento de sus obligaciones legales. Estamos empeñados en que el statu quo actual en la Verja se mantenga para garantizar el paso de las personas y la normalidad. Este Gobierno ha conseguido que la UE identifique por vez primera a Gibraltar como una colonia de Reino Unido, aunque prefiero no hablar en esos términos y sí apelar a la convivencia.

–¿Gibraltar puede hacer más por esa convivencia en materia de lucha contra el contrabando o en materia fiscal, dando información sobre las empresas con sede en el Peñón pero que operan sobre todo en España, o sobre las personas que viven a este lado de la Verja y están censadas en Gibraltar para pagar menos impuestos?

–Pues mire, todo es mejorable. Hay un camino por desarrollar, pero no podemos obviar las últimas operaciones habidas de desarticulación de organizaciones criminales y de blanqueo de capitales que se han desarrollado en colaboración con Gibraltar. Hay cooperación entre ambas partes. Siempre hay disensiones en algunos aspectos entre los mejores socios, pero lo importante es que existe un marco de confianza y de intereses comunes que nos guían.

Cataluña

–Ha habido reproches por las instrucciones que desde su ministerio se han dado tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil en relación a los disturbios sucedidos en Cataluña. Por lo general, han sido los Mossos d’Esquadra quienes han estado en primera línea.

–¿Y quiénes han sido los inconscientes que han hecho esa crítica?

–Principalmente, PP y Vox.

–Son unos inconscientes y unos desconocedores de la ley, pero no me extraña. El artículo 164 del Estatuto de Autonomía catalán establece que la seguridad pública es competencia de los Mossos. Ellos hablan de la Ley de Seguridad Nacional y del 155, pero hablan con un conocimiento muy parco de la legislación. Yo llevo treinta años viviendo del Derecho y me muevo en otro ámbito.

"En un Estado de Derecho no hay otra solución para Cataluña: primero ley, luego diálogo. Es tan simple como complejo"

–¿Está usted conforme con la actuación de los Mossos?

–Evidentemente. La competencia es de los Mossos y nosotros estamos coadyuvando y complementando sus actuaciones cuando es imprescindible y necesario con una coordinación marcada por la ley. Además del artículo 164 del Estatuto está el 149.1.29 de la Constitución, la Ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y algunos artículos de esta, como el 38, donde se establece cómo intervenimos y complementamos a los Mossos. En todo ese ámbito establecimos un centro de coordinación con ellos en la Junta de Seguridad y en las comisiones mixtas de seguimiento… Llevamos trabajando en ello desde hace dieciséis meses, desde que llegamos al Gobierno. De la misma manera que he venido al Campo de Gibraltar varias veces, mi equipo y yo hemos estado en Barcelona. Y seguimos allí presentes. Lo que pasa es que, en materia de seguridad ciudadana, el primer elemento de actuación en un Estado descentralizado son los Mossos. Y ha habido coordinación, eso nadie lo discute. No entiendo que no sea para sentirnos todos satisfechos como Estado.

–El resultado que se ha visto es que se han cortado calles, que ha habido actos vandálicos, que se ha impedido el acceso a las universidades, que se cercaba una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona…

–Muy bien, muy bien. Ha habido una violencia inusitada, grave, que no se había visto antes y que he referido e identificado en más de una ocasión. Y en ella subyacía la actuación del independentismo radical, que es minoritario, porque el mayoritario es pacífico. Y hay que repetirlo y reiterarlo. Lo vuelvo a decir: el Estado ha respondido con eficacia de forma hábil.

–¿No ha faltado contundencia a la hora de frenar los disturbios, para impedir que las calles estuviesen tomadas durante horas con barricadas?

–Parece ser que la gente desconoce que las grandes democracias, por distintas razones, se han enfrentado en ocasiones a problemas de orden público importantes. Me remito a Francia. ¿Alguien cuestiona que Francia sea una democracia consolidada? Pues durante un año se ha enfrentado a los chalecos amarillos con una dura violencia. Las grandes democracias resolvemos estos conflictos graves de orden público conforme a las herramientas que nos da el Estado de Derecho, que son más grandes que las que mucha gente cree. No hay nada más fuerte que el Estado de Derecho, nadie lo puede chantajear. Quien ejercita la fuerza de forma indiscriminada para responder a la violencia es el débil. Tenemos una Policía Nacional, una Guardia Civil y unos Mossos profesionales que actúan conforme a parámetros de proporcionalidad y que son la vanguardia de la sociedad. Ante los violentos, son ellos quienes se ponen delante por todos nosotros, para defender el Estado de Derecho.

–El Gobierno sostiene que no se dan las circunstancias para aplicar el artículo 155 de la Constitución. No obstante, ha pedido al Tribunal Constitucional que se dirija a la Fiscalía para denunciar que la Mesa del Parlamento catalán no ha anulado dos acuerdos, en los que se reprueba al rey y se reivindica el derecho a la autodeterminación, respectivamente, tal y como ordenó el Alto Tribunal. ¿Esa desobediencia reiterada de la Mesa, porque se ha negado en tres ocasiones a anular dichos acuerdos, no justificaría la suspensión de la autonomía catalana o es prematuro?

–Lo ha dicho usted, es prematuro. El 155 es un artículo con una relevancia en su aplicación que nadie discute, tanto que debe ser aprobado por el Senado previa acreditación del incumplimiento del marco constitucional por una reiteración en la vulneración de la Constitución o se atente contra el interés general de forma grave. Una cosa son las cosas que uno pueda declarar y otra lo que realice y manifieste forma clara.

–Pero la decisión de la Mesa del Parlament es un hecho constatable.

–Sí, pero nosotros no prohibimos que la gente hable de independencia. No prohibimos, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, que haya partidos independentistas. Nuestra Constitución no es militante, de tal forma que nadie está obligado a asumirla al cien por cien, lo que sí tiene que asumir es que, si quiere cambiarla, es que debe seguir el procedimiento que la propia Constitución establece. Nosotros no podemos actuar con carácter preventivo en un marco de tanta relevancia: si alguien dice que un día votará por la independencia, no puede considerarse que es de aplicación el 155. El día que trates de hacerlo efectivo, con una declaración real y votada, entonces habrás dado el paso que no debías. Por decirlo de alguna forma, el pensamiento no delinque. Lo que trasciende el marco de legalidad son los hechos.

–Pero en este caso no estamos hablando de una declaración voluntarista, de alguien que afirma algo en el fragor de un debate, de un mitin electoral. Estamos ante una orden de ejecución de una sentencia por parte del Constitucional, que es el que pide que se suspenda un acuerdo debatido, votado y aprobado. Es un hecho.

–Vuelvo a decir que es algo que se desarrolla en el marco de un debate parlamentario. Dejemos que el Tribunal Constitucional actúe conforme a lo que legalmente le corresponde y atengámonos a la separación de poderes. Nadie puede poner en duda el funcionamiento de las instituciones. El 15 de octubre se notificó una sentencia [del Tribunal Supremo por el Procés] muy concreta y determinante en este país, después de un proceso, que sirvió para comprobar que estamos en un Estado de Derecho, sin debilidad. Se actúa cuando se debe actuar, para la propia garantía y seguridad del Estado de Derecho. Si nos anticipamos, lo podemos pervertir. ¿Inacción? Para nada. Estamos ahí, vigilantes para que nadie dude del Estado de Derecho.

–¿Usted vislumbra alguna fórmula para resolver este berenjenal, si me permite la expresión?

–No hay otra solución dentro de un Estado de Derecho: primero ley, luego diálogo. Es tan simple como complejo.

–¿Puigdemont debe ser entregado por Bélgica?

–Debe ser entregado por parte de las autoridades belgas conforme a una orden europea de detención y entrega, sin duda alguna.

–Sin cortapisa legal alguna.

–No debe haberla. Debe haber cumplimiento de las resoluciones judiciales y mutua confianza.

–¿Se pueden resentir las relaciones con Bélgica en caso de que no haya entrega, como insinuó la vicepresidenta, Carmen Calvo?

–Me reitero: cumplimiento de las resoluciones judiciales y mutua confianza.

Sanidad penitenciaria

-Un asunto no resuelto y grave es la situación sanitaria de los presos en las cárceles españolas. En la de Botafuegos, en Algeciras, hay apenas cinco facultativos para atender a entre 1.300 y 1.400 reclusos, 24 horas los 365 días del año. Y cada mes entran nuevos unos 90, a los que hay que examinar para indicar posibles tratamientos, detectar patologías o lesiones.

-La Sanidad Penitenciaria es una de las principales preocupaciones de Instituciones Penitenciarias y, por tanto, del Ministerio del Interior. Hay que decir que la atención a los internos está garantizada gracias al esfuerzo de los profesionales de los establecimientos penitenciarios. Estamos trabajando para que se suba el nivel administrativo y las retribuciones de los profesionales sanitarios. Pero debe cumplirse la ley de 2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que estableció que son las comunidades autónomas las que tienen que hacerse cargo de la Sanidad Penitenciaria. Y en eso estamos trabajando también desde nuestra llegada al Gobierno. No podemos imponer la transferencia. Necesitamos de la otra parte. De momento se ha avanzado mucho en las conversaciones con Navarra y Baleares, aunque se mantienen contactos con el resto de CCAA. No es razonable que un país mantenga dos sistemas de Salud Pública en función de si una persona está o no está privada de libertad.

-Pero eso no explica el fondo del problema: faltan médicos en los centros penitenciarios.

-Se convocan plazas, pero es cierto que no se presentan suficientes candidatos para cubrirlas.