Los ministerios de Interior y Justicia trabajan en una modificación legal específica para facilitar el castigo penal a la posesión ilícita de combustible del que se nutren las narcolanchas, una vieja reivindicación del movimiento contra la droga, la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad del Campo de Gibraltar. El Peñón adelantó en esta medida a España en agosto de 2021 cuando ya prohibió el tráfico ilegal de gasolina a las narcolanchas.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha explicado este martes que el Ejecutivo trabaja en esta modificación penal tras presidir en Cádiz una reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, para evaluar la actividad policial desplegada en sus dos primeros meses de vigencia.

En este tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 1.712 operaciones policiales contra el narcotráfico, 106 de ellas de carácter financiero, como blanqueo de capitales; han investigado o detenido a casi mil personas, e intervenido 27.000 kilos de sustancias estupefacientes.

A pesar de esto, las unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) que operan en el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar van a intensificar la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las organizaciones que se dedican al narcotráfico en el territorio afectado por ese plan, las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla.

En la MECO de este martes, cuyo objetivo también es intensificar la coordinación institucional entre los actores implicados en la lucha contra el narcotráfico, han participado también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal delegada Antidroga en Andalucía, Ana Villagómez; la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, y el subdirector general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, Javier Morales.

a MECO ha valorado como necesaria la continuidad y el refuerzo de la colaboración internacional, dado que la actividad policial intensificada en esta zona geográfica ha derivado en el desplazamiento de las rutas de entrada de estupefacientes no sólo dentro de la península ibérica, sino también hacia otros países del Mediterráneo.

Esta cooperación será internacional se va a intensificar con países vecinos como Portugal y Marruecos, con cuyas fuerzas de Seguridad se pretende reforzar y consolidar el intercambio de información sobre la lucha contra el narcotráfico.

En la actualidad, en las seis provincias andaluzas cubiertas por el IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar operan 25.356 policías y guardias civiles, máximo histórico tras ver incrementadas las plantillas de las unidades afectadas en 3.690 agentes desde que en junio de 2018 se puso en marcha este dispositivo, que cuenta demás con un refuerzo extraordinario de 1.181 policías y guardias civiles de media al mes.

Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior ha invertido 39,2 millones de euros en el refuerzo de las plantillas policiales que actúan en el territorio afectado por el Plan Especial de Seguridad, que en este capítulo cuenta con un presupuesto de 17,5 millones de euros para 2024 que se ampliará en 2025 según las necesidades operativas.

Además de los incrementos de plantillas, entre 2018 y 2023 el Ministerio del Interior ha invertido 40,1 millones de euros en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, que cuentan con un presupuesto de 19,4 millones de euros también para el año 2024, ampliables en 2025.

Desde 2018, este esfuerzo inversor ha permitido entregar a las Fuerzas de Seguridad en el territorio de despliegue del Plan Especial 17 embarcaciones, cinco de ellas patrulleras de altura; 492 vehículos todoterreno, berlinas y furgonetas; 68 motocicletas; 186 equipos de seguimiento y localización marítima y otros 302 terrestres; 590 ordenadores portátiles o 129 equipos de videovigilancia, entre otros medios materiales y tecnológicos.