El exalcalde del Partido Popular de Tarifa, Juan Andrés Gil, entregó a primera hora de ayer su acta de concejal en el Ayuntamiento tarifeño. El Juzgado de lo Penal nº 2 le notificó el pasado miércoles la liquidación de la condena -en el que le informa que debe dejar el cargo sin dilación-, siete meses después de que el mismo juzgado le condenase a siete años de inhabilitación por prevaricación.

Hace dos semanas, Juan Cisneros, el fiscal jefe del Área del Campo de Gibraltar, firmó el escrito del rechazo a la última petición realizada por los abogados de Gil, que interpusieron un recurso de apelación y un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial, desestimados ambos, por lo que era cuestión de días.

En el documento registrado ayer en el Consistorio, Juan Andrés Gil expone que se le ha notificado la liquidación de condena de inhabilitación especial, por lo que, según sus palabras, "en ejecución de la misma presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Tarifa". Así, solicita que se proceda a la comunicación de la misma en al Pleno de la Corporación.

Juan Andrés Gil señaló ayer en un comunicado que cumple con la sentencia, pero indica que es inaceptable porque "adolece de graves defectos". Informó que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque no impide la ejecución de la sentencia.

El popular indica que ha recurrido al Constitucional por "haberse vulnerado los derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, en este caso se ha vulnerado reiteradamente en la sentencia condenatoria y en la sentencia de apelación el derecho de tutela efectiva de la justicia, puesto que en ambos casos se ha quebrado el principio acusatorio al condenar la jueza por un tiempo y una pena que no pide el fiscal".

El exconcejal y portavoz del grupo municipal popular mantiene la presidencia del Partido Popular y añade que seguirá trabajando con el grupo municipal y con los militantes.

Gil fue condenado a siete años de inhabilitación para cargo y empleo público por la juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras el pasado mes de marzo. La sentencia señaló que había cometido un delito de prevaricación administrativa, establecida en el artículo 404 del Código Penal, que inhabilita a una autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El exalcalde fue denunciado por el Partido Socialista de Tarifa, que le acusó de prevaricación por el despido de Miguel Ángel Marín, y la contratación de Cristóbal Iglesias, alcalde de Facinas y miembro del PP tarifeño.

En la vista oral quedó expuesto que Iglesias fue contratado para la realización de trabajos de reforma en el castillo de Guzmán el Bueno sin que fuese convocado ningún proceso de selección para tal fin. El alcalde de Facinas fue multado con una sanción de tres meses, a razón de seis euros diarios, en virtud del artículo 406 del Código Penal. No fue inhabilitado y sigue como responsable de la ELA de Facinas.

El recurso de apelación ante la Audiencia Provincial fue rechazado en un auto que se dio a conocer el pasado 11 de julio. La sección de la Audiencia Provincial confirmó la sentencia ya hecha pública en febrero de este año.

Desde que se hizo público este auto, distintos dirigentes socialistas han solicitado a Juan Andrés Gil y a su partido que dejase su acta sin dilación.

En los próximos días, el grupo popular tendrá que informar quien se hará cargo de la portavocía del grupo, que previsiblemente será la número 2, Inmaculada Olivero, así como de la persona que ocupará el puesto de Gil en el Ayuntamiento. El siguiente en la candidatura que representó al PP en los anteriores comicios es el número 9, Antonio Moreno Gil; si bien cabe la posibilidad de que deje su puesto. En caso de que declinase, José Antonio Santos Perea, se haría cargo del acto. Santos tiene experiencia en política porque fue concejal de Medio Ambiente con el PP en el anterior mandato.

Fuentes municipales indicaron a Europa Sur que el siguiente paso para del Ayuntamiento será solicitara la Junta electoral de Zona los cambios en la Corporación.

En el Juzgado de lo Penal nº 2 queda expuesto que Cristóbal Iglesias fue contratado sin proceso alguno de selección. La sala lo condena en marzo a siete años de inhabilitación por prevaricación.

La sección provincial en Algeciras rechaza el recurso el pasado mes de julio y confirma la sentencia hecha pública por lo Penal. El Ayuntamiento solicita este mismo mes que se cumpla la sentencia y el PP provincial mantiene silencio.

El pasado miércoles, dos semanas después de que el fiscal del Área de Algeciras firmara el escrito de rechazo a los recursos de Gil, se le notifica la liquidación de la condena sin dilación.