Memoria de 2019 | Parlamento de Andalucía La fiscal Superior pide cambios en el sistema procesal ante las causas de narcotráfico

  • Ana Tárrago alerta del aumento en un 17% de la criminalidad asociada al tráfico de estupefacientes

  • Málaga sumó el año pasado 23 asesinatos vinculados a los clanes de la droga

Control de carreteras en la Operación Trapera contra el narcotráfico. Control de carreteras en la Operación Trapera contra el narcotráfico.

Control de carreteras en la Operación Trapera contra el narcotráfico. / Erasmo Fenoy (La Línea)

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha advertido este jueves ante el Parlamento del aumento del 17% de la criminalidad asociada al tráfico de drogas en la comunidad autónoma en 2019. En su comparecencia por videoconferencia para presentar la Memoria anual del pasado año de la Fiscalía, Tárrago ha subrayado la lentitud de la instrucción por la ausencia de un sistema procesal adecuado a este tipo de criminalidad.

La fiscal ha puesto el acento en que las investigaciones de los grupos criminales relacionadas con otras organizaciones supone una seria dificultad para la tramitación de las macrocausas, muchas de las cuales son asumidas por juzgados mixtos que no tienen capacidad para su tramitación en un tiempo razonable y, en ocasiones, esto deriva en la libertad de los investigados.

En su intervención, Tárrago ha propuesto como solución un cambio en el sistema procesal actual y de la planta judicial, reclamado desde hace tiempo por la mayoría de los operadores jurídicos. En el caso del Campo de Gibraltar, jueces y fiscales piden la unificación de los juzgados de Algeciras, La Línea y San Roque.

En relación al narcotráfico, la fiscal ha señalado que Almería fue la provincia que más experimentó este aumento con un 34% y 401 diligencias, aunque es Málaga con un 12% más la que mayor número contabiliza, 1.026 diligencias previas. Cádiz tiene 906 diligencias y un aumento del 2.85% .

Todas las provincias aumentaron menos Jaén, que tuvo un descenso del 22%. Los escritos de acusación ascendieron a 2.059, encabezados por Málaga, y se pidieron 1.033 medidas cautelares de prisión, en primer lugar Cádiz con 400 peticiones, y los juicios celebrados fueron 2.194.

Ana Tárrago ha explicado que ha querido visualizar con estos datos la realidad del tráfico de drogas con estas cifras y que “todavía es más dramática” por los delitos de violencia que provocan vinculados a las organizaciones criminales, como extorsión, asesinatos, homicidios, ajustes de cuentas, robos y enfrentamientos con armas hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, ha facilitado una cifra alarmante: los 23 asesinatos que se produjeron en Málaga el pasado año y que las investigaciones las vinculan con el tráfico de drogas.

El Plan Especial que puso en marcha el Ministerio del Interior a partir de mediados de 2018 contra el narcotráfico y la trata de personas, se ha reforzado y ampliado este año a las zonas limítrofes de Cádiz, Huelva, Málaga y Almería, al haberse desplazado a estos territorios las operaciones de las guarderías del narcotráfico, por la presión que han recibido en detenciones y aprehensiones de la droga.

“El recrudecimiento de la violencia de estas bandas criminales durante estos últimos años es una prioridad para esta Fiscalía por la desestabilización que provoca en el territorio”, ha subrayado Tárrago. Ha recordado que a principios de este año convocó una reunión en Algeciras para valorar datos y la colaboración durante el año con los Fiscales delegados antidroga de Andalucía y los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“La Fiscalía valora -ha manifestado la fiscal Superior- que el despliegue de efectivos de seguridad del Plan Especial en 2019 ha conseguido restablecer el principio de autoridad y la sensación de seguridad en las zonas, para la población desanimada por esta lacra en los últimos años, y ha incidido que es necesario y conveniente que el Estado deba procurar mantener este despliegue ante el riesgo de que en caso de bajar un poco la guardia la situación pueda revertir e incluso con más virulencia”.

El tráfico de hachís es el que más delitos de violencia genera y llega vía marítima por el Estrecho, la cocaína a través del Puerto de Algeciras aunque se ha producido un intento de abrir una vía por el Puerto de Málaga, y el cultivo de la marihuana se ha extendido exponencialmente por todas las provincias dadas las ganancias que permite con poca inversión.

La marihuana, al alza

Ha advertido sobre la marihuana, de la alta adicción que tienen las semillas modificadas genéticamente para producir hasta tres cultivos al año y señalar que estudios científicos han alertado de las consecuencias para la salud mental de los consumidores habituales, especialmente, en jóvenes y menores.

También ha manifestado sobre los continuos cortes de luz que provocan estos cultivos y que afectan a sectores más vulnerables que la repuesta penal a este delito todavía se considera leve y es una circunstancia que no obstaculiza la reincidencia del delito.

Los delitos contra el patrimonio y los de seguridad vial continúan siendo los que más volumen de trabajo registran, no apreciándose grandes modificaciones.

Las estafas a través de internet se incrementan cada año y especialmente preocupante son los impagos de pensiones que mantiene cifras elevadas y que previsiblemente aumentarán a lo largo del año como consecuencia de la crisis económica, Como ejemplo, Málaga tiene 714 diligencias.

Ana Tárrago, en su presentación de la Memoria 2019, ha valorado que no se han producido cambios significativos en la evolución de la criminalidad con cierta tendencia a la estabilidad, pero hay una preocupación por la persistencia de algunas formas de criminalidad muy graves que no han invertido su tendencia como son las de violencia de género, la violencia familiar y doméstica y los delitos contra la libertad sexual entre menores.

Violencia de género, un 31% más

En violencia de género ha advertido de un elevado repunte cuantitativo en este ejercicio del 31% al presentarse 10.231 asuntos más (33.044), con la formulación de 11.165 escritos de acusación que terminaron en 3.384 sentencias condenatorias de conformidad y casi 1.200 por sentencia.

Son cifras altamente preocupantes y que demuestran el fracaso social para luchar contra esta lacra que tiene también a los menores como víctimas ocultas, para los que se solicitaron 319 órdenes de alejamiento y 1.503 de protección.

Se constata en todas las oficinas fiscales de Andalucía una intensa preocupación por el aumento o el sostenimiento de unas cifras que cada año resultan totalmente incompatibles con el compromiso institucional sostenido por el Ministerio Fiscal, contra la violencia intrafamiliar y contra la ejercida sobre la mujer. Se aprecia, además, el aumento de incoaciones, con un alza generalizada de las situaciones de violencia doméstica con trascendencia delictiva.

La violencia familiar y doméstica señala un elevado aumento de un 25% de casos, (3.345 incoados). Este indicador al alza denota una mayor preocupación por tratarse de víctimas muy vulnerables como mayores, discapacitados o enfermos mentales.

Una situación de alarma se manifiesta también, ha señalado la fiscal Superior, entre los menores donde se advierte el aumento de los delitos contra la libertad sexual, al detectarse que a edades cada vez más tempranas mantienen comportamientos sexuales impropios de su edad y en multitud de ocasiones sin ser conscientes de actuar de modo ilícito. Por este delito se han incoado 330 expedientes, frente a los 260 del ejercicio anterior y destacan, especialmente, en Granada y Jaén.

También la violencia intrafamiliar de menores hacia los padres mantiene cifras elevadas con 1.106 expedientes de reforma de violencia doméstica, mientras que la violencia de género entre menores ha decrecido con 51 expedientes menos, pero con una cifra todavía considerada elevada de 146.

Pero también ha señalado otra cifra de alta preocupación por la violencia que conlleva, los 12 expedientes de reforma de menores incoados por delitos de homicidios o asesinato, frente a los 5 del pasado ejercicio.

Siniestralidad laboral

La siniestralidad laboral mantiene consolidados los datos estadísticos y continúa el sector de la agricultura y agroalimentario como empresas de envasado y manipulación de alimentos, los que mantienen las cifras más elevadas al ser el sector productivo más dinámico de nuestra economía. Los contratos temporales y la falta de formación también son factores que están incidiendo en los accidentes que se dan más en las pequeñas y medianas empresas.

Hay que señalar un fuerte repunte en la provincia de Granada donde sigue la tendencia al alza de fallecidos en accidente laboral, con 8 procedimientos frente los 5 del año anterior, y un registro de un 4,43% superior al promedio de Andalucía. En esta provincia también se han elevado los accidentes con lesiones graves con 366 procedimientos frente a los 241 del año anterior.

Sobre los delitos económicos, Ana Tárrago ha indicado que son, principalmente, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y abarcan la defraudación del IVA y los relacionados con fraudes de subvenciones. Son causas muy complejas y especializadas en la que es de vital importancia para su esclarecimiento, la colaboración de la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la matera de Ordenación del Territorio se mantiene la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición de viviendas y continúan las construcciones de viviendas ilegales en zonas rurales. Mientras que en Medio Ambiente el problema reside en la contaminación por vertidos de aguas residuales, por la ausencia o mal funcionamiento de las depuradoras, que son las causas en el área metropolitana de Granada y la Costa y en la provincia de Córdoba con vertidos de alpechín.

También los incendios forestales, la extracción de aguas subterráneas en el entorno de Doñana y los vertidos de explotaciones mineras. Son delitos medioambientales de especial preocupación para la Fiscalía, “por los efectos que pueda provocar la alteración del ecosistema natural, porque la naturaleza demuestra su fragilidad con consecuencias muy devastadoras para la salud pública y la economía”. Continúa subiendo un año más las denuncias de delitos por maltrato animal debido la sensibilización de los derechos de los animales.

Suben también los procedimientos incoados por delito de odio, especialmente los seguidos por delitos cometidos a través de las redes sociales, igualmente se ha producido un aumento en las denuncias contra partidos políticos por manifestaciones vertidas en el ámbito público, e incluso en el ámbito más restringido de grupos de aplicaciones de comunicación como WhatsApp.

La Fiscal Superior de Andalucía también ha manifestado la necesidad de implantar la justicia digital al mismo ritmo en todas las comunidades autonomías para mostrar una justicia ágil y eficaz en su lucha contra la delincuencia. Ha explicado que las carencias de medios y personal que se viene reclamando, en la etapa de confinamiento se ha apreciado más como servicio público esencial su ralentización y con una repercusión social y económica frente a otros servicios públicos y privados y ha subrayado en la necesidad de invertir en la Justicia porque su “buen funcionamiento contribuye a dinamizar la economía del país y a resolver conflictos que la ralentizan”. Además de recordar que, en estos momentos, se hace más necesario acelerar la reforma del proceso penal con la atribución de la investigación penal al fiscal, reclamada de forma unánime por todos los operadores jurídicos para ofrecer un servicio público ágil y eficaz a la ciudadanía.

También ha recordado que en el edificio de la sede la de la Fiscalía de la comunidad autónoma, antiguo Banco de España de Granada, todavía no se ha continuado con su rehabilitación y “se está perdiendo la oportunidad de resolver el viejo problema que presenta la provincia de Granada por la insuficiencia de sus instalaciones judiciales”.

Ana Tárrago ha iniciado su comparecencia en el Parlamento con un recuerdo a las víctimas directas de la pandemia ocasionada por el covid y sus familiares y compartir con ellos el desgarrador dolor que han supuesto los fallecimientos y enfermedades asociadas y las consecuencias sociales y económicas que continúan aflorando.

Especialmente, ha rendido un emotivo recuerdo al sector de población que con mayor crudeza y dramatismo se ha visto afectado por el elevado número de fallecimientos y contagios: nuestros mayores. La generación de hombres y mujeres que protagonizó con esfuerzo y trabajo colectivo, la transformación de nuestro país y nos legó nuestro actual estado de bienestar.

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