El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, informó ayer que las cuatro depuradoras de competencia autonómica (Tarifa, Isla Cristina, Coín y Alhaurín el Grande) están en ejecución, lo que demuestra el "compromiso" de la Junta de Andalucía para cumplir los objetivos que marca la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales.

Fiscal, no obstante, insta al Gobierno central a que haga lo mismo con las obras declaradas de Interés General del Estado, es decir, que invierta los cerca de 300 millones de euros que tiene pendiente para la construcción de infraestructuras de depuración en las localidades incluidas en los procedimientos sancionadores de la Unión Europea.

El consejo explicó que en Tarifa, que no disponía inicialmente de estación depuradora, los colectores están finalizados y la EDAR está al 90% de ejecución. Los retrasos en la ejecución de esta obra, que se reiniciará en breve, se justifican por la tramitación de un modificado por cuestiones relativas a la electricidad y al trazado de los colectores. Fiscal recordó que en 1991, año original de la directiva, en Andalucía sólo el 30% de los ciudadanos vivían en municipios con depuradora, exponiendo al respecto que ha habido "un esfuerzo enorme y compartido".