El Gobierno de España ya puso en marcha en 2014 un intento de creación de un censo de trabajadores españoles en Gibraltar que no tuvo éxito. Aquel registro era voluntario con el aliciente de disfrutar del paso por un carril especial de la Verja para agilizar el tránsito. La medida se tomó en julio de 2014 y en enero de 2015 solo se habían inscrito 100 personas de las miles que podían hacerlo. Curiosamente, el pasado 2 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicó la extensión del sistema por parte de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

Después de un periodo de colas interminables en la Verja y siguiendo la recomendaciones de la Comisión Europea, la Agencia Tributaria instaló un sistema para que los trabajadores fronterizos atravesaran el paso por los carriles rojos, por donde también circulan las personas con mercancías que deben ser declaradas en la Aduana. Debían hacerlo con una tarjeta acreditativa, que debía expedirse antes de tres meses, y que había que solicitar a través de un formulario que todavía puede descargarse en la web agenciatributaria.es. La tarjeta tenía una caducidad de un año o hasta la extinción del contrato de trabajo.  

La medida era solo para residentes en La Línea, Algeciras, San Roque, Los Barrios  y Castellar de la Frontera. Podían solicitar esta autorización trabajadores con contrato en vigor o autónomos que prestaran sus servicios de forma habitual en alguno de los lados de la Verja. Para obtener el permiso, los trabajadores debían aportar una copia de su documento de identidad o pasaporte, del contrato de trabajo vigente con visado o sellado original de las autoridades laborales correspondientes y del documento que acredite la residencia en algunos de los municipios –en el caso de España la inscripción en el padrón municipal. Los autónomos, por su parte, debían aportar, además su alta en España o Gibraltar en el correspondiente régimen especial y los contratos que dejen constancia de que su trabajo es habitual.

Esta medida, relacionada con la llamada Frontera Inteligente puesta en marcha por el Gobierno español en aquellos meses, levantó no pocas críticas entre los eurodiputados británicos y el propio Gobierno de Gibraltar, que presentó una denuncia ante la Comisión Europea por un decreto que “crea derechos y privilegios especiales para una categoría de ciudadanos de la Unión Europea con respecto a otros”.