El Consistorio remite a la Fiscalía sus documentos sobre la retirada de arena

El Ayuntamiento de Tarifa anunció ayer haber remitido a la Fiscalía General del Estado toda la documentación que obra en su poder sobre la retirada de arena de la duna de Valdevaqueros que supuestamente se vendió a Gibraltar. La Fiscalía abrió diligencias informativas como consecuencia de una denuncia del grupo ecologista Verdemar por un supuesto delito de hurto agravado y falsedad documental, ya que los conservacionistas mantienen que el Consistorio vendió arena de esta zona protegida a la colonia británica.

El alcalde, Juan Andrés Gil (PP), aseguró ayer a través de un comunicado que la entidad local se ha puesto "a plena disposición de la Fiscalía" aportándole toda la documentación y todo el conocimiento de causa que obra en su poder empleando para ello "los cauces y ámbitos existentes para favorecer nuestra coordinación, con el más claro ánimo de transparencia y lealtad institucional".

Se trata de la primera vez que el alcalde se pronuncia sobre la cuestión -tras haber rehusado a hacerlo incluso ante el Pleno- aunque en la nota remitida a los medios de comunicación evitó entrar en el fondo del asunto. Por lo tanto, no admitió ni desmintió los hechos denunciados por los ecologistas ni aportó explicaciones o aclaraciones al respecto escudándose en que se trata de un "debate mediático" en el que el Ayuntamiento no debe entrar. "No nos sentimos obligados a responder a las innumerables acusaciones y acosos que sufrimos constantemente en Tarifa por ciertos colectivos y que nos van a distraer de nuestra obligación con nuestros ciudadanos", afirmó, considerando que toda la cuestión forma parte de un "maremágnum informativo" en torno a Gibraltar del que deben responder los "portavoces autorizados del Gobierno de España".

Gil sí desautorizó a su concejal de Playas, José Antonio Santos, quien a principios de semana aseguró en una emisora de radio que parte de la arena retirada de Valdevaqueros tuvo como destino un vertedero de Chiclana de la Frontera sin que la entidad local tuviera constancia de posibles terceros destinos, siendo además una situación conocida y permitida por la demarcación de Costas en el marco de las labores de limpieza de la carretera de acceso a Paloma Baja.

La entidad estatal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, lo negó tajantemente el pasado miércoles -como publicó Europa Sur- al asegurar que durante sus labores en la zona nunca llevó arena a ningún vertedero ni se concedieron permisos de ningún tipo al Ayuntamiento ni a ningún particular o empresa para ello.

A este respecto, Gil aclaró que las palabras del representante municipal no pueden ser consideradas una versión del gobierno local sino "unas manifestaciones puntuales, realizadas a título personal por algún concejal del gobierno en el ejercicio de su libertad que no representan la versión institucional del Ayuntamiento".

En este sentido, el alcalde antepuso la situación de los vecinos de Paloma Baja a cualquier otra cuestión relativa al supuesto destino de la arena de la duna. Para el alcalde, la única preocupación municipal radica en el problema "real y acuciante" que se en la zona cuando la arena invade la carretera A-2325. "Todo el debate que no aborde ese problema, no es el nuestro", apostilló.

El regidor tarifeño, por lo tanto, recordó que se busca solución para el problema de la carretera desde hace dos años y conminó a encontrarla dentro de un debate "útil y sosegado" al margen de la focalización en la denuncia ecologista.

En cuanto a las reacciones en otros ámbitos, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, se limitó a responder -a preguntas de los periodistas sobre la cuestión y las diferentes versiones aportadas- no tener más información que la facilitada por el propio Ayuntamiento y Costas.

Por su parte, el parlamentario de IU por la provincia de Cádiz y portavoz de IU en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, Ignacio García, criticó ayer el "esperpéntico" papel del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, por "jugar a dos barajas" en el conflicto con Gibraltar, responsabilizándole de la venta de arena al Peñón y de tener una participación directa en el bunkering.

En rueda de prensa, García acusó a Arias Cañete de tener "responsabilidad" en la venta de arena al Peñón procedente de la duna de Valdevaqueros. "Porque aunque lo haya hecho el Ayuntamiento de Tarifa, es en última instancia responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente", sostuvo.