El Catastro revisa los valores de las viviendas ampliadas y no declaradas a la entidad

Vecinos de Los Barrios están recibiendo estos días una notificación de la Dirección General del Catastro para notificarles la regularización, a efectos registrales, de todas las obras de ampliación sobre las viviendas no declaradas ante esta entidad pública y que reclama el pago de 60 euros en concepto de regularización.

El Ayuntamiento ha emitido un bando para informar a los vecinos afectados. El Procedimiento de Regularización -explica el bando- tiene como fin la incorporación al Catastro Inmobiliario, y su correspondiente valoración a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto de las construcciones omitidas total o parcialmente como de las modificaciones en los datos físicos de los inmuebles que sean incorrectos o incompletos como ampliaciones, reformas y rehabilitaciones con el fin de asegurar su concordancia con la realidad.

El alcalde, Jorge Romero, explicó que la regularización catastral no implica una nueva revisión de valores del mismo, los inmuebles regularizados se valoran con la ponencia vigente, y el procedimiento no afecta al resto de inmuebles que tributan correctamente. "A la hora de pagar los impuestos todos somos iguales y las alteraciones que no han sido dadas de alta en Catastro deben incluirse para que cada uno contribuya según la realidad", apuntó.

Romero aclaró que este procedimiento, "lo asume íntegramente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin participación alguna por parte del Ayuntamiento en los costes, ni en las actuaciones vinculadas". El procedimiento sólo implica un coste para el ciudadano al que se presta el servicio, en forma de pago al Estado de la tasa de regularización catastral (60 euros).

La gestión de la tasa corresponde a la Dirección General del Catastro a través de las gerencias territoriales y la propuesta de resolución y la liquidación de la tasa se remiten conjuntamente en la carta que muchos vecinos reciben estos días.

La propuesta concede un plazo de alegaciones de 15 días. Transcurrido éste sin que se formulen alegaciones, la propuesta se convierte en definitiva y puede ser recurrida entonces en el plazo de un mes desde la finalización del primer plazo de alegaciones para declarar posibles errores a la hora de valorar las ampliaciones. En caso de error, se anularía, y en caso de que ya se haya pagado, se tramitaría la devolución.