La presión para respaldar un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido y de Gibraltar de la Unión Europea, ante la falta de una mayoría que apoye el acuerdo al que ha llegado el Gobierno británico con Bruselas, continuó ayer aumentando para la primera ministra, Theresa May, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. La posibilidad de esa segunda consulta tiene sumidos en una enorme expectación no sólo a los gibraltareños, sino a los miles de trabajadores españoles que cruzan cada día la Verja y que ven cómo su futuro se está jugando a miles de kilómetros, en la capital británica.

Medios ingleses aseguraron ayer que altos cargos del gabinete de May han comenzado a diseñar planes para una eventual consulta a espaldas de la jefa de Gobierno, a pesar de que ella ha recalcado su oposición a ese plebiscito. Al mismo tiempo, una parte de las bases del Partido Laborista han iniciado una campaña para defender una consulta, aunque miembros de la dirección temen que esa alternativa podría dañar sus opciones electorales, dado que una parte de sus votantes defendieron el Brexit, según reveló The Observer. El también laborista Tony Blair, primer ministro británico entre 1997 y 2007, fue ayer el blanco de las críticas de May, tras haberse expresado esta semana a favor de posponer el Brexit y convocar un segundo referéndum.

May, que aún confía en obtener concesiones de Bruselas que faciliten la ratificación en el Parlamento del acuerdo al que llegó a finales de noviembre con la UE, dijo que la postura de Blair es “un insulto al cargo que una vez ocupó”.

El antiguo mandatario laborista pidió a la UE que acepte modificar la libre circulación de movimientos, uno de los principales puntos que llevó al 51,9% de los votantes a optar por el Brexit, para que más británicos defiendan quedarse ahora en el bloque.

A pesar de la oposición de May al plebiscito, The Sunday Times asegura que el número dos del Ejecutivo, David Lidington, ha comenzado a sondear a diputados sobre el posible apoyo que tendría un referéndum en la Cámara de los Comunes. Al menos cinco miembros del Ejecutivo defienden esa vía, mientras que cada vez más diputados conservadores quieren que la primera ministra les otorgue libertad de voto para decidir sobre el camino a seguir si el Parlamento tumba el acuerdo del Brexit.

Lidington, que la semana pasada advirtió de que una nueva consulta podría aumentar la división en el país, no negó las informaciones publicadas y se limitó a señalar en las redes sociales que como ministro escucha “los puntos de vista de diputados en todos los bandos en el debate sobre la UE”.

El titular de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo, por su parte, que no consideraría un “problema” que los parlamentarios tuvieran libertad de voto para pronunciarse a favor de una consulta u otras opciones respecto al proceso del “brexit”, aunque se posicionó en contra de un plebiscito.

El ministro de Educación, Damian Hinds aseguró que “no hay política del Gobierno que esté más clara” que la negativa a un referéndum y subrayó que el Ejecutivo cumplirá “con la voluntad que el pueblo británico expresó” en 2016.

La tensión se ha extendido asimismo al Partido Laborista, primero de la oposición. The Observer revela que el presidente de la formación, Ian Lavery, advirtió a la directiva de que apoyar un segundo referéndum les pasaría factura en las urnas, dado que en torno al 35% de los votantes laboristas apoyó el Brexit. Lavery dijo en una reunión del equipo de dirección que si el partido apoya una consulta “perderá las próximas elecciones”, según esa fuente.

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, urgió al Partido Laborista a una moción de censura contra el Gobierno conservador para forzar unas elecciones generales y, si esa opción falla, respaldar una segunda consulta. “La postura de los laboristas ahora es que no apoyarán un nuevo referéndum hasta que hayan intentado forzar unas elecciones generales, pero al mismo tiempo no quieren intentar forzar las elecciones”, criticó la líder del Partido Nacionalista Escocés. Un portavoz laborista, Andrew Gwynne, aseguró ayer que la formación no dará nuevos pasos hasta que May someta a votación el acuerdo del Brexit.

En España, el Gobierno defiende que los acuerdos de cooperación alcanzados con Reino Unido sobre Gibraltar y la comarca no están en peligro, puesto que pueden aplicarse se produzca o no la salida. El Partido Popular y Ciudadanos, sin embargo, han abogado por aprovechar esta debilidad británica para renogociar los acuerdos no desde un punto de vista ciudadano, sino desde la ya vieja opción de plantear la cosoberanía de la Roca.

El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, afirmó ayer que Dublín ha intensificado los preparativos ante la posibilidad de que el 29 de marzo el Reino Unido abandone la UE de manera no negociada. “Hemos mantenido un diálogo activo para planear esto durante meses y ahora está empezando a tomar forma”, dijo Coveney a la cadena RTE antes de desear que su Gobierno “nunca tenga que usar” esos planes