El Ayuntamiento hará una auditoría a la empresa Aqualia
El pleno de Tarifa aprueba pedir la readmisión de los dos trabajadores despedidos de la subcontrata FCC
Con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, el pleno acordó ayer instar a Aqualia a la readmisión de los trabajadores despedidos por la subcontrata FCC que, hasta ahora, realizaba el mantenimiento de la red de saneamiento. Se apoyó, además, la realización de una auditoría técnica y económica para estudiar el cumplimiento del contrato en vigor.
El gobierno local entiende que hay aspectos recogidos en el pliego de condiciones que no se están cumpliendo de manera efectiva.
El primer edil, en respuesta a la oposición y al sindicato UGT, alegó que no mantuvo ningún encuentro oficial con los trabajadores de la subcontrata FCC o con representantes de éstos. En cambio, los concejales de Obras y Servicios, Jesús Mota, y Hacienda, Juana Garrido, sí se reunieron con representantes de los trabajadores afectados. Precisamente, al hilo de la mediación iniciada por Jesús Mota, el Ayuntamiento trasladó a Aqualia el pasado jueves su intención de emprender la auditoria citada anteriormente para clarificar aspectos de la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento.
La mediación, asumida por el Ayuntamiento ante Aqualia, sigue adelante. "Nunca nos hemos lavado las manos como dice torticeramente el Partido Popular o como sorprendentemente cuestiona el sindicato UGT. Nosotros estamos manteniendo reuniones desde hace varias semanas con Aqualia porque no estamos contentos con varias aspectos de su gestión", sentenció el equipo de gobierno.
Además de la situación de los dos trabajadores locales, el ayuntamiento mantiene abiertas otras divergencias con Aqualia, como la deuda municipal de casi 600.000 euros contraída por el Ayuntamiento local desde que en la legislatura de José Fuentes Pacheco se decidiese eximir a Aqualia del pago del agua a la entonces Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También, la ausencia de regulación del sistema de aguas en Atlanterra desde hace 40 años y la facturación de la energía necesaria en bombeos que continúa pagando erróneamente el Ayuntamiento.
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