La Abogacía del Estado y organizaciones dedicadas a la infancia como Unicef, Save the Children, Fundación Raíces y la Plataforma de Infancia han instado este jueves a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a que investiguen posibles delitos de odio contra los niños y niñas que llegan solos a España.

La petición se formula tras diversos actos protagonizados por responsables de Vox delante de los centros de menores en el Masnou, en Barcelona, en el barrio de la Macarena de Sevilla y de Hortaleza, en Madrid.

La abogacía y las ONG citadas se han dirigido por carta a la Fiscalía y al Defensor para mostrarles "su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños y niñas migrantes que llegan solos y solas a España, conocidos como los menas (Menores Extranjeros No Acompañados)".

El presidente de Algeciras Acoge, José Villahoz, ha dado su apoyo a la iniciativa y manifestado que actos como los realizados por Vox "pueden constituir un delito de odio contra los menores y personas solo por el hecho de ser migrantes". La organización algecireña, una de las más veteranas de las que en Andalucía se dedican a la lucha por la acogida y la integración, se suma al paso judicial que se está dando del traslado de estos hechos a la Fiscalía. 

Según las ONG, en los últimos meses se han dado numerosos casos en los que "se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos".

"Las ONG y la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo"

En concreto, la presidenta de VOX  en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el líder de Vox  en Andalucía, Francisco Serrano, se manifestaron junto a varios militantes de su partido el pasado día 4 en la Macarena contra la inmigración ilegal frente a un centro de menores. Monasterio negó que dicho acto contribuyese a generar odio y reivindicó que desde su partido se defiende al español de a pie, "que tiene derecho a caminar por su barrio sin temor a ser atracado o asaltado por una manada de menas".

Las ONG y la Abogacía del Estado consideran que la proliferación de mensajes como estos de criminalización y de odio "está calando en la sociedad". Además, consideran que manifestaciones o actos de naturaleza política "vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana".

Las ONG y la Abogacía del Estado insisten en que "en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que un niño migrante no acompañado es sinónimo de delincuente o de problema de orden público".

Convención de Naciones Unidas

Hacen hincapié en que una afirmación general sobre su criminalidad "vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España".

Las manifestaciones y los "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone, a juicio de las ONG, “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas", contraria al artículo 16 de la Convención.

Este artículo dice que "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".

ONG y Abogacía recuerdan también que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores.

Este artículo prevé además expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.

Estos discursos, según dicen, "ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio", como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.

Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.

Por ello, las ONG y la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo.

Exigen además "seriedad y rigor" en el tratamiento de este tema, y en especial, les solicitan que adopten medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, "ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro".