La A-381, única carretera afectada por la rebaja del límite de velocidad
La otra vía de gran capacidad del Campo de Gibraltar, la autovía A-7, mantiene su régimen de circulación ya que se encuentra fijado en 100 kilómetros por hora
La autovía A-381 es la única carretera de gran capacidad del Campo de Gibraltar en la que, a partir de hoy, será obligatorio levantar el pie del acelerador y acomodar el ritmo de circulación de 120 kilómetros por hora a 110.
La carretera que une Jerez con Los Barrios es el único caso de afección de la medida de ahorro acordada por el Gobierno central ya que en el resto de carreteras de gran capacidad el límite se encuentra en los 100 kilómetros por hora.
La medida se mantendrá en vigor, en principio, hasta el 30 de junio. Operarios de conservación de la Junta de Andalucía, titular de la A-381, cambiaron durante este fin de semana la señalización en los tramos de cara a su entrada en vigor que en la tarde de ayer aún permanecía tapada con bolsas de plástico (quedó descubierta en la medianoche de hoy).
El parlamentario socialista Salvador de la Encina, defendió ayer que esta actuación, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, se enmarca en un paquete de medidas para ahorrar un 3% de gasolina y disminuir accidentes, además de reducir el consumo eléctrico en edificios y carreteras. Con esta medida, el Gobierno estima que se podrá producir un ahorro de 1.200 millones de euros, y su puesta en marcha ira acompañada de una campaña de concienciación ciudadana.
De hecho, el marco normativo en que se sustenta esta decisión del Gobierno, controversias aparte, data de 1998. La Ley del Sector de Hidrocarburos (34/1998) establece en su artículo 49, que en situaciones de escasez de suministro, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, puede adoptar en el ámbito, con la duración y las excepciones que se determinen, determinadas medidas, entre las que se encuentra la limitación de la velocidad máxima del tránsito rodado en vías públicas. Pero no es la única opción, la ley también contempla la posibilidad de limitar los horarios y días de apertura de instalaciones para el suministro de productos derivados del petróleo; la suspensión de exportaciones de productos energéticos e incluso la intervención de los precios.
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