El SUP pide a la Inspección de Trabajo que clausure la Comisaría

El estado en el que se encuentra la Comisaría Provincial de la Policía Nacional se sigue agravando por la situación en la que están teniendo que realizar su labor los funcionarios policiales por las obras de rehabilitación de este edificio. Ante la falta de respuesta al traslado de estas dependencias a otro edificio de la ciudad hasta que se finalicen estos trabajos, la Comisión Ejecutiva Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Cádiz presentó ayer una denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por el riesgo que supone este inmueble para que se decrete su clausura. Uno de los problemas más destacables, según la representación de los funcionarios, es la aparición de amianto.

En una nota de prensa, desde este sindicato policial se señaló que se daba este paso de tramitar la denuncia "ante la pasividad, ineficacia y despreocupación, así como la falta de consideración hacia la ciudadanía y los funcionarios policiales de Cádiz que muestra la Dirección General de la Policía".

Así, el SUP recordó que se han cumplido las cuatro semanas de plazo que dio el comisario provincial de Cádiz, Antonio Ramírez, para el traslado de la Comisaría Provincial. Sin embargo, destacó en el comunicado que no han desaparecido "los riesgos que este sindicato policial viene denunciando desde el comienzo de las obras de rehabilitación a principios del presente año".

De hecho, los representantes de los funcionarios policiales afirmaron que "estos riesgos persisten e incluso se han incrementado con la aparición de amianto y, sin embargo, el traslado de los funcionarios a unas instalaciones seguras no se produce".

En el comunicado, el SUP apuntó que los trabajos estaban dirigidos "a la rehabilitación de fachada y sustitución de ventanas del edificio", pero esta intervención "ha llevado a revelar otros vicios constructivos graves, que afectan a la estructura del edificio, el cual tiene que ser sometido a una intervención agresiva, con la aparición de la utilización de amianto en sus elementos".

Ante esto, el sindicato remarcó que el amianto se encuentra "en contacto con las personas, funcionarios que acuden a su centro de trabajo y ciudadanos, poniendo en grave peligro su salud e integridad física".

Por este motivo, y ante la contestación de "pasar la pelota" a los organismos nacionales que aseguran haber recibido desde el Defensor del Pueblo Andaluz por esta reclamación, desde el SUP Cádiz han solicitado a la Inspección de Trabajo que realice una visita inspectora al edificio para obligar a que sea clausurado "de forma urgente e inmediata".