El presidente del Atlético Sanluqueño, el abogado Miguel González Saborido, vaticina que clubes como el suyo o la Real Balompédica -que el pasado diez de noviembre fueron objeto de una inspección de trabajo- acabarán abonando al erario público una cantidad que no se atreve a vaticinar. El mandatario, que critica con palabras gruesas a quienes le señalaron cuando se conoció la noticia, recalca que se trata de una cuestión administrativa y que la Policía “nada tiene que ver con esto”.

Las actuaciones fueron coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares y se produjeron a raíz de las denuncias de una decena de clubes que entendían que con determinadas conductas se estaba produciendo una competencia desleal. Además de la Balompédica y el Sanlqueño fueron objeto de inspecciones Cartagena,  ahora en Segunda, Linares, Hércules, Calahorra, Salamanca CF UDS, Sanluqueño, Mérida, Extremadura, o La Nucía, sin que ello quiera decir que otros nombres no trascendieran.

González, en una entrevista concedida a la la emisora oficial de los verdiblancos, vaticina: “El final del procedimiento es pagar. Cuando la administración pública se mete en un club el que conoce el fútbol sabe que al final le cuesta la pasta. Ésa es la realidad. La cantidad no la sé decir, porque no tenemos constancia. Hemos contratado un abogado, especialista en estos asuntos y se ha reunido con el jefe de la inspección”.

“La situación se genera por una denuncia de distintos clubes, que sostienen que desde hace años se producía una especie de fraude a la tesorería de la Seguridad Social como consecuencia de que se cotizaba por menos del salario que tenían algunas personas del club y eso fue lo que vinieron buscando”, detalla.

“Se está haciendo una investigación administrativa, no de la Policía, con respecto a eso”, subraya. “La inspectora está haciendo su labor, el club presentó los documentos que le fueron requeridos y ella misma nos transmitió que tuviésemos paciencia, que no era una cuestión a la que le concediese una importancia desmesurada, que no iba a empantanar su inspección de trabajo por este asunto y a partir de ahí no sabemos cuándo será el desenlace ni cuánto será el desenlace, pero bueno lo que tenga que ser será y lo afrontaremos con la mayor tranquilidad”.

“Lo que no sé decir es la cantidad, no sé si serán 50.000 o 300.000 euros”, recalca el mandatario en su entrevista. “Se llevaron una serie de documentaciones sobre gente que había estado aquí echando un cable pero que acreditaban una supuesta relación laboral y que no habían cotizado”.

“Son cuestiones que el club tendrá que solucionar porque como entidad es responsable de eso”, asume. “Yo cuando llegué a la presidencia intuía que estas cosas podían ocurrir y aquí estamos. Son cuestiones que hay que afrontan con responsabilidad y en eso está el letrado que hemos contratado y en eso está la junta directiva”