Suspenden cautelarmente el proceso de licitación de la Atención Temprana en Andalucía
El Tribunal Administrativo del Recursos Contractuales de la Junta atiende la reclamación de la patronal, que consideraba que el precio unitario fijado por sesión no permite cubrir los gastos de asistencia, lo que llevaría su "colapso" o desaparición
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El Tribunal Administrativo del Recursos Contractuales de la Junta ha acordado la suspensión cautelar del proceso de licitación de la Atención Temprana de Andalucía atendiendo a la petición de la patronal del sector, que recurrió los pliegos que regulan la prestación de este servicio para los próximos dos años.
La patronal consideraba que el precio unitario fijado por sesión no permite cubrir los gastos de asistencia, lo que llevaría su "colapso" o desaparición.
El Tribunal suspende también cautelarmente los plazos concedidos para la presentación de ofertas, informa en un comunicado la Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat), que el pasado 29 de octubre recurrió a ese órgano de contratación de la Junta para impugnar el nuevo concierto de la Atención Temprana aprobado por la administración autonómica.
La patronal explicó entonces que llevan más de un año advirtiendo de que el servicio es actualmente deficitario y se tornará en "insostenible" si la Junta mantiene el precio de 28 euros por sesión, una cifra que, dicen, no se actualiza desde 2020 pese al aumento de los costes.
El Consejo de Gobierno autorizó a principios del pasado mes de octubre a la Consejería de Salud y Consumo un gasto por un importe total de 96,8 millones de euros para la contratación de este servicio concertado en los distintos centros andaluces, que atienden a la población infantil menor de seis años con trastornos del desarrollo o con riesgo de presentarlos, a su familia y su entorno.
La prestación se concreta en unidades de sesión, que comprende la dotación de espacio y tiempo que se dedica al menor en su tratamiento, apoyo y seguimiento, así como gastos administrativos y otros derivados que la Junta ha vuelto a fijar en el precio unitario de 28 euros.
La patronal decidió impugnar el proceso con la presentación de un recurso avalado, sostienen, por el informe de un economista independiente que ha fijado el precio por sesión en 37,96 euros, una valoración que se mueve "en la banda de los precios que están fijando el resto de comunidades autónomas en las actualizaciones para el año 2024": Vizcaya (48,51), Illes Balears (42,37), La Rioja (48,28), Cataluña (38,4), Navarra (38,05), Galicia (35,17) y Región de Murcia (33,60).
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