La justicia europea vuelve a fallar contra la gestión de las aguas residuales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a poner en entredicho la gestión de las aguas residuales y Andalucía figura de nuevo como protagonista. De las más de cincuenta aglomeraciones urbanas españolas que aparecen como incumplidoras de la normativa de vertidos, 17 son andaluzas. El tribunal comunitario se ha puesto de parte de la Comisión Europea en una sentencia publicada el jueves a causa de los reiterados incumplimientos que el Ejecutivo europeo atribuye a las administraciones en materia de vertidos, abriendo la puerta a la imposición de una multa.

De ser así, sería la segunda sanción por el mismo motivo en ocho años. La Junta de Andalucía paga desde 2018 más de 600.000 euros semestrales por la falta de depuración de las aguas negras en Alhaurín el Grande-Málaga Norte, una sanción por la que deberá seguir respondiendo hasta que exista una planta de tratamiento conforme a la norma.

Este pronunciamiento del TJUE supone un nuevo varapalo para las autoridades españolas. El Gobierno central y la Junta de Andalucía, titulares de las confederaciones hidrográficas andaluzas, han acelerado en los últimos años la construcción y las mejoras de las estaciones depuradoras de las aguas sépticas, aunque las urgencias están resultando insuficientes. En esta última sentencia, la justicia europea vuelve a fallar contra el persistente incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales después de rechazar las alegaciones presentadas por las administraciones españolas en los últimos años.

La Sala Segunda del TJUE certifica en efecto las graves deficiencias en la recogida, depuración y, en general, en la gestión de los vertidos. No obstante, aclaran las fuentes consultadas del TJUE, la sentencia “no es condenatoria” sino que “se limita a declarar el incumplimiento”, los reiterados incumplimientos por parte de medio centenar de municipios y agrupaciones urbanas. En el caso de no adecuarse al plazo que establezca ahora la Comisión Europea, señalan las mismas fuentes, el Ejecutivo comunitario podrá interponer “un nuevo recurso por incumplimiento” y solicitar la imposición de “sanciones pecuniarias”.

La normativa europea prescribe a las administraciones de los países miembros el tratamiento de las aguas residuales con el objetivo de mantener en equilibrio el medio natural. Sin el adecuado filtrado de las depuradoras, sin el tratamiento exigido por la norma, los ríos y las costas reciben una alta concentración de sustancias químicas y bacterianas procedentes de las aguas sépticas que contaminan el medio ambiente y, con ello, alteran la composición natural de la flora y la fauna. Esa toxicidad alcanza al ser humano como producto de las relaciones tróficas, de la alimentación con esos seres alterados.

Desde 2018, fecha en la que el TJUE impuso la primera multa, España ha tenido que pagar alrededor de 100 millones de euros por la falta de una idónea depuración del agua residual. Aunque estos procedimientos de infracción se dirigen a la Administración General del Estado, las sanciones acaban repercutiendo en las administraciones incumplidoras, sean autonómicas o municipales.

La sentencia del pasado jueves señala deficiencias en las estaciones depuradoras de los siguientes municipios, cuya gestión se reparte entre las administraciones: Almodóvar del Río, La Rambla-Montalbán y Posadas (Córdoba); Genil-Cubillas (Granada); Jódar, Martos y Torredonjimeno (Jaén); Medio Andarax (Almería); Trebujena y San Roque (Cádiz); Palma del Condado, Moguer, la aglomeración de Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla (Huelva); Estepa, Lora del Río, Guillena y Alcolea del Río-Villanueva del Río (Sevilla),

La Junta de Andalucía ha declarado “prioritarias” las obras en los municipios presentes en los expedientes “sancionadores”. La Administración andaluza está “corriendo todo lo posible”, ha llegado a explicar el Gobierno andaluz, y no solamente porque los ciudadanos requieran de aguas “de calidad” sino porque las sanciones las tiene que abonar la Junta si las depuradoras objeto del litigio han sido “declaradas de interés por la comunidad autónoma”.

La Cámara de Cuentas reclama los informes anuales

La Cámara de Cuentas recuerda al Gobierno andaluz en el documento de 2024 publicado ayer de la falta de informes en varias materias y, entre ellas, destaca el balance de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas de 2023 y 2024. El órgano fiscalizador conmina a la Administración andaluza a impulsar la ejecución de los créditos para inversiones de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración financiadas con el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas andaluzas, que acumulan 678 millones de exceso de financiación “afectada acumulada”. La Consejería ha respondido que el informe de 2023 se publicó en diciembre de 2024.