ESTOS siete últimos días de septiembre nos han dejado una evidencia: ante la ausencia de liderazgo en la dirección de los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha conseguido marcar la agenda del país. La derecha económica, y no digamos ya la mediática, duda de la capacidad de Mariano Rajoy, al que esta semana se le ha ido su contrincante, Esperanza Aguirre, con otro sonoro portazo. La llamada lideresa, la que considera que Rajoy es un blando y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un socialdemócrata agazapado, se marcha de la Presidencia de su comunidad con la confianza de seguir controlando Madrid. En el otro lado, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, difuminado desde el verano, tardó una semana en reaccionar al desafío independentista de Mas, y el jueves pasado, cuando el presidente de la Generalitat se reunió con Rajoy en la Moncloa, sólo supimos de él que habló con el popular por teléfono y que ambos coincidieron en que Cataluña no puede sumarse a la soberanía fiscal de la que ya goza el País Vasco.

Esto no ha pasado desapercibido en Andalucía. Un destacado dirigente de la Ejecutiva socialista andaluza expresó a este medio sus dudas ante la posición que la dirección federal de su partido alberga sobre el desafío catalán; no se trataría, a su parecer, de templar las aguas revueltas del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), siempre amenazante con una escisión, sino de algo peor: que en Ferraz quizás estén dudando del propio modelo de país y de la contundencia de las razones catalanas. Y apuntó: "¿Alguien conoce la opinión de Antonio Hernando, responsable de Política Autonómica del PSOE?" No. Silencios que esconden algo más que temores.

Ante ello, y quizás no sea fruto de ninguna casualidad, ha sido José Antonio Griñán, presidente andaluz, pero también del PSOE federal, quien ha marcado una posición no del todo rotunda, pero sí con líneas rojas definidas. Andalucía no temería un Estado federal que garantizase la igualdad de los servicios básicos de todos los españoles vivan donde vivan. Es decir: un Estado de las autonomías más avanzado, con un Senado territorial de verdad, pero sin asimetrías en cuanto a la prestación de la salud, la educación y los servicios sociales. El posicionamiento de Griñán reaviva la opinión de aquéllos que creen que aspira a un salto al liderazgo nacional, bien como secretario general del PSOE bien como candidato a la Presidencia, aunque él siempre dirá que ya no tienen edad para ello.

La respuesta de Rajoy a Artur Mas se recibió como un alivio en Andalucía, pero al día siguiente, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el nuevo sistema de financiación autonómica se negociará y entrará en vigor en esta misma legislatura. Los últimos años muestran dos hechos: que los cambios en el sistema de reparto de fondos entre las autonomías siempre benefician y se negocian con Cataluña. Y, segundo, que este movimiento ya no valdría para contentar al soberanismo catalán, que después del 11 de septiembre ha mostrado sus cartas: no se trata ya de una mejoría del sistema de reparto, sino de un nuevo modelo. Un concierto fiscal como el vasco, como antesala, por si fuera poco, a una España confederal, donde ellos podrían decidir unilateralmente, y cuando les conviniese, la independencia de España.

Para ello, habría que recordar cómo se gestó el actual sistema de financiación. Es cierto que era tan poco transparente que ni siquiera se conocía cuánto enviaba la administración central a cada comunidad; que había autonomías, como Baleares, claramente desfavorecidas a pesar de ser un contribuyente neto, pero el órdago llegó de Cataluña. Su Parlamento aprobó un nuevo Estatuto que marcaba que antes del 9 de agosto de 2008 debía negociarse un nuevo sistema, y todos se sumaron a ello. Fue Felipe González, quien en mayo de ese año, advirtió de un riesgo que hoy toma todo su valor: en tiempos de crisis, porque ya estábamos en ella, era mejor recuperarse, crear empleo y esperar porque "el incremento -el de fondos a las autonomías-, como quieren, será insuficiente, y sería una irresponsabilidad hacerlo por encima de nuestras posibilidades". Lo contó el 10 de mayo en Barcelona, y señaló a Manuel Chaves y a José Montilla, como presidentes andaluz y catalán de entonces, como las personas a las que menos le interesaría.

Pero no fue así. Chaves era consciente de la marea que se iba levantado en Cataluña, de los problemas de encaje del PSC en la dirección de sus hermanos del PSOE y optó por seguir a Montilla, aunque exigió el consenso entre todas las comunidades.

Ahora estamos ante la misma situación, aunque con dos diferencias importantes: al actual Gobierno catalán ya no le interesa el sistema de financiación y el pactado en 2009 ya contemplaba que se pudiera revisar a partir de 2013 para entrar en vigor en 2014. Nada nuevo, por tanto, en lo anunciado por Soraya Sáenz de Santamaría. Pero si es un guiño al desafío catalán, debería inquietar.

Andalucía también necesita un revisión del sistema, Griñán, que fue uno de sus ingenieros, lo ha solicitado, pero lo urgente no es eso, sino la renegociación del límite de deuda para 2013, sin la cual, el Presupuesto de la Junta sería, en palabras de un miembro socialista del Gobierno de coalición de Griñán, "indefendible". Indefendible por un Ejecutivo que mantiene que la crisis es abordable desde otra óptica y, porque si al Presupuestos de 2013 se le eliminan esos 2.735 millones de euros, es imposible aprobarlo sin cerrar plantas de hospitales, eliminar más puestos de profesores interinos o diezmar las plantillas de las empresas públicas. Esto es lo inmediato: el Gobierno central decidió a finales de julio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el endeudamiento andaluz debía ser del 13,2% del PIB en vez del 15%, que era la cifra autorizada anteriormente. Sin embargo, a Valencia y a Cataluña se le autorizó lo contrario, aumentarlo, y superar el 23% del PIB.

Las negociaciones entre la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el ministro homólogo, Cristóbal Montoro, continúan y, según fuentes de la Junta, es posible una rectificación del Gobierno central. Si no es así, el Ejecutivo de Griñán se enfrentará a un dilema casi insuperable. Actuar como otras comunidades, con recortes más duros, con lo cual fulminaría su singularidad, se haría un harakiri, o formular su propio desafío.

En IU, el vicepresidente Diego Valderas tiene claro cuál debería ser ese plan B: aprobar el Presupuesto con ese 15,1% de límite de endeudamiento, y que fuera el Gobierno central el que viniera a suspenderlo, bien haciendo uso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o del artículo 155 de la Constitución.

José Antonio Griñán prepara durante estos días la cita del 2 de octubre, cuando se celebrará la Conferencia de Presidentes Autonómicos, y en la cartera llevará un replanteamiento de los límites de déficit entre las comunidades y la administración central, el acuerdo sobre el límite de deuda que se negocia actualmente y, también, el nuevo sistema de financiación, cuya ejecución, ciertamente, perjudica a Andalucía. Y quizás, y al contrario que en otras ocasiones, no podrá conjugar el interés andaluz con el catalán, obsesión de todos los que han ocupado la presidencia federal del PSOE: que no se les vayan los del hermanos del PSC.