Cuentas públicas

Los ayuntamientos y diputaciones andaluces guardan 2.280 millones

Sede de la Diputación Provincial de Sevilla. Sede de la Diputación Provincial de Sevilla.

Sede de la Diputación Provincial de Sevilla. / MJ López

Los ayuntamientos y diputaciones andaluces tienen 2.280 millones en la hucha. Son los remanentes acumulados desde que entró en vigor la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta norma para el control del gasto y la deuda pública responde al momento de un país que pedía a Bruselas el rescate para salvar su sector financiero. Ocho años después las corporaciones locales son, de largo, las entidades con más dinero en el cajón. En gran medida porque el cinturón de aquella ley no aprieta tanto a la Administración General y a las comunidades autónomas, que cerraron 2019 con un déficit del 2,6%, como a los municipios y provincias.

La ley ha atado corto a ayuntamientos y diputaciones. Solo les permite destinar su superávit a pagar a proveedores pendientes, amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles, es decir que no generen gastos futuros, de ahí que los alcaldes lleven años lamentando no poder soltarse el corsé. Al estallar la crisis sanitaria se ha abierto un poco la espita para liberar, por real decreto, 300 millones del superávit de 2019 para que los municipios puedan paliar daños sociales de la pandemia. En todo caso ha sido una excepción de alcance limitado porque la cantidad máxima a gastar no podía superar el 20% del saldo positivo. La caja sigue casi intacta.

El superávit acumulado de las ocho diputaciones alcanza los 841 millones, mientras que los 1.439 millones restantes corresponden a 474 ayuntamientos. Es decir, los remanentes en Andalucía los aportan las ocho diputaciones y el 60% de los municipios.

Los datos dejan algunos detalles al descubierto. Joaquín Aurioles, profesor de Fundamentos Económicos de la Universidad de Málaga y uno de los grandes expertos en hacienda regional, enumera dónde está el remanente municipal: "Las grandes aglomeraciones urbanas, las zonas turísticas, la agricultura intensiva, las áreas industriales y los aprovechamientos naturales". O sea, cuatro capitales de provincia (Málaga, Sevilla y su área metropolitana, Almería , Córdoba y parte del área metropolitana de Granada), la costa mediterránea, los enclaves de la agricultura intensiva en Almería y Huelva, el área industrial del Campo de Gibraltar y poblaciones vinculadas a la explotación de la riqueza natural como las canteras de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

Los más ahorradores

La Diputación de Sevilla es con diferencia la entidad local con más dinero acumulado: 401 millones. Grosso modo esta cantidad equivale a un presupuesto anual de la institución (469 millones en 2020) . Le siguen a distancia las de Málaga (91 millones), Granada (87 millones) y Huelva (82 millones).

En el detalle municipal destacan localidades de tamaño medio. La segunda posición en esta lista no la ocupa una capital de provincia, sino Mijas, un municipio de la Costa del Sol de 82.742 habitantes que suma 127 millones en su hucha. Después aparece el Ayuntamiento de Málaga (90 millones) y a continuación Roquetas de Mar (96.800 habitantes), en Almería, con 72 millones de superávit, y San Roque, en Cádiz, un pueblo de poco más de 31.000 habitantes, que tiene acumulados casi 68 millones de euros. A continuación Marbella (59 millones) y Dos Hermanas (58 millones)

¿Por qué tienen tanto dinero las entidades locales? En buena medida porque no les queda más remedio. Las reglas de juego son estrictas y cualquier ayuntamiento que en 2012 no tuviera una deuda abultada ni una ristra de proveedores en la puerta puede presumir ahora de superávit. El saldo será más o menos grande en función de los ingresos. También del acierto en su gestión.

"Teníamos cuentas saneadas y siempre se han ajustado ingresos y gastos", saca pecho el alcalde de Mijas, Josele González. Desde la Intervención del Ayuntamiento de Roquetas también se pone el acento en la gestión. "Se hace un presupuesto prudente en ingresos, se recauda más y se cierra el ejercicio con superávit", apunta uno de sus funcionarios. "Los proveedores cobran a 7 días vista y el alcalde escucha a los funcionarios de habilitación nacional. No solo hay secretario, interventor y tesorero, también vicesecretario, viceinterventor y vicetesorero", dice. El asunto no es menor. Los funcionarios de habilitación nacional tienen el encargo de fiscalizar y controlar la legalidad municipal, sus puestos se deben ocupar a través oposiciones nacionales pero cada vez son más los alcaldes que acuden a la excepción para elegir por la vía de la libre designación a los altos técnicos que deben vigilarlos.

Este funcionario, que pide expresamente no ser citado, entra en otros detalles: "La regla del gasto es también importante". Y tanto. En realidad es el agujero del cinturón. El punto que marca hasta dónde pueden llegar las alegrías. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 vincula el crecimiento del gasto a la previsión del PIB. El año pasado solo pudo avanzar un 2,7% y para este ejercicio se había previsto un 2,9%. Por eso los ayuntamientos que más han mejorado los ingresos, son los que sufren más el corsé. Tienen más dinero, pero no lo pueden gastar. Roquetas de Mar es un ejemplo: con unos ingresos de unos 100 millones de euros, su techo de gasto en 2019 estaba en 62 millones. Finalmente, rompió la regla y ejecutó 71.

Importancia de la población

En cualquier caso la hucha también depende del caudal de ingresos que entra. No es casual que los ayuntamientos de tamaño medio con mayores remanentes de tesorería sean los que atesoran más actividad económica y ganan población. Roquetas y Mijas prácticamente han doblado su cifra de habitantes en las últimas dos décadas. Han crecido al ritmo que han marcado el turismo, el negocio inmobiliario y los servicios, aunque en el caso almeriense no se puede olvidar fortaleza de la agricultura intensiva.

En San Roque la explicación también está en el turismo y el negocio inmobiliario del área de Sotogrande, pero sobre todo en los ingresos que reporta la industria petroquímica. El presupuesto municipal de este año contempla solo en concepto de IAE unos ingresos de 7 millones de euros, a los que se suman 13 más del IBI características especiales al que están sujetas las instalaciones industriales. Es decir, 20 de los 66 millones presupuestados para este año proceden solo de dos impuestos vinculados a la industria.

Para comprender el cuánto, el dónde y el cómo del remanente queda un último detalle. Estos 2.280 millones que figuran en el Ministerio de Hacienda son el resultado de sumar el dinero depositado en los bancos más el pendiente de cobro, menos los gastos pendientes de pago. La letra pequeña de la fórmula es que no todo este dinero es contante y sonante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la morosidad es un hecho y bajo el indulgente epígrafe de créditos de dudoso cobro hay recibos que los ayuntamientos saben que nunca van a ingresar, y porque hay partidas comprometidas, como por ejemplo los fondos europeos que llegan para que ayuntamientos o diputaciones los empleen en un determinado proyecto, pero nunca en otro. Un ejemplo esclarecedor son los 72 millones del remanente de Roquetas de Mar, de los que realmente están en la caja 56 millones.

El frente de batalla

El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto dictado a partir de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias propone a los ayuntamientos y diputaciones que cedan su remanente general a cambio de un fondo equivalente al 35% de ese superávit, que recibirán entre este ejercicio y el próximo para destinar a cuidados, movilidad, agenda urbana y cultura. En el caso de Andalucía significa un cheque de 798 millones de euros y un máximo de 5.000 en todo el país.

El Ejecutivo se compromete a devolver el préstamo en 10 años. El anzuelo principal es que este dinero no computa a efectos de techo de gasto. Estará libre de corsés. Contempla también suspender la regla de gasto este año y compensar con 275 millones, ampliables a 400, el déficit que ha sufrido el transporte público municipal en España por culpa de la crisis financiera. Para calmar a las corporaciones locales con problemas financieros, ofrece la posibilidad de reestructurar la deuda. De momento, la batalla está servida a cuenta de unos fondos que, entre otras razones, se han acumulado porque ayuntamientos y diputaciones han tenido que expiar los pecados del déficit del Gobierno y las comunidades autónomas.

El Partido Popular ha dado instrucciones a sus alcaldes para que rechacen la oferta. Argumenta que es una incautación de los ahorros que desafía la autonomía de las corporaciones locales. A la revuelta de los ayuntamientos del PP, se han sumado alcaldes del entorno de Podemos y de las formaciones nacionalistas. El riesgo de que no vea luz verde en el Congreso es alto, mientras algunos alcaldes se resisten a la disciplina orgánica. En Málaga, el popular Francisco de la Torre no descarta prestar su remanente, mientras en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el socialista Narciso Romero ha dicho que no prestará su dinero al Gobierno.

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