Los agricultores de Doñana con multas o sentencias firmes no podrán acceder a las ayudas

Dicho y hecho. La titular del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Sara Aagesen, anunció hace dos días en la localidad de San Fernando la inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que regulará las subvenciones a los agricultores de Doñana que quieran abandonar sus cultivos. Ayer por la mañana se hizo efectiva. Uno de sus aspectos destacados es la imposibilidad de acceso de todos aquellos que tengan sanciones administrativas o sentencias judiciales firmes por delitos contra el medio ambiente o en materia urbanística.

Era uno de los caballos de batalla de la línea de subvenciones. Desde el Miteco se había puesto un especial interés en dejar claro que la regularización de la superficie de regadíos, especialmente en la Corona Norte del Espacio Natural de Doñana, no iba a suponer de ninguna manera una suerte de amnistía para aquellos que habían aprovechado los recursos hídricos del acuífero sin tener derecho a ellos.

En el artículo 2.4 de la orden por la que se aprueban las subvenciones de la Fundación Biodiversidad (una entidad pública dependiente del Miteco) para “fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”, consultada por este periódico, se establecen las condiciones por las que no se tendrá derecho a recibir dichas ayudas. Entre estas se cita a “aquellas personas o entidades sobre las que recaiga una sanción administrativa firme, o que haya devenido mediante sentencia judicial, por infracciones urbanísticas, en materia de medio ambiente, o en materia de dominio público hidráulico, salvo que se hayan procedido al cumplimiento de la sanción antes de la resolución definitiva de la convocatoria”.

Es decir, todos aquellos agricultores que deseen optar a las ayudas para abandonar sus cultivos y reforestar esos terrenos, deberán abonar primero las multas antes de poder acceder a las mismas.

Según aclararon desde el Miteco, “la orden de bases recientemente publicada establece un marco normativo general para futuras convocatorias de ayudas y fija una horquilla máxima que, en determinados supuestos, podría alcanzar los 200.000 euros. Se contempla una cantidad más amplia para tener margen de actuación en establecer posibles marcos de ayudas en otros territorios del país”.

No obstante, quisieron dejar claro que “en el caso de Doñana, las cuantías están claramente definidas en el Marco de Actuaciones de Doñana, y concretamos estas mismas como el compromiso establecido por el Gobierno: hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 euros anuales durante 10 años) para quienes transformen sus tierras de cultivo en forestal durante al menos 30 años, elevándose a 100.000 euros en la Corona Norte gracias a la aportación adicional de la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000 euros)” aunque en este caso estarían destinadas a los productores de la provincia onubense de manera exclusiva. Dicho de otro modo, los productores que opten por abandonar sus cultivos y proceder a la renaturalización de la superficie hasta el momento cultivada de Sanlúcar, en Cádiz, y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, recibirán un máximo de 90.000 euros por hectárea. Mientras, los muncipios onubenses de Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto (donde se concentra la mayor parte de las hectáreas irregulares), Moguer, Palos y Rociana del Condado, podrán llegar a los 100.000 euros por hectárea.

Estos pagos se abonarán a todos los agricultores que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria, durante un periodo de diez años.

Desde el Miteco se señaló también que “estas cantidades se concretarán definitivamente en la convocatoria que se publicará a finales de este mes de agosto” a través de la Fundación Biodiversidad, algo que también anunció la ministra este misma semana. Se trata de disponer de un elemento más ágil a la hora de disponer de unos fondos que el Miteco ha cifrado en cerca de 28,5 millones de euros para una primera convocatoria. De ser necesaria la movilización de más partidas, se contará con hasta tres según anunció la ministra Aagesen, por lo que se daría cobertura a las previsiones de abandono de cultivos que permitirá aliviar de una manera más que notable la presión sobre un acuífero de Doñana, que se encuentra en estado crítico. Las últimas estimaciones realizadas sobre el terreno cifran en poco más de 500 las hectáreas irregulares en el espacio de Doñana, aunque la convocatoria está abierta a todos los productores, tanto legales como irregulares.