Durante mucho tiempo hemos asistido –y seguimos viéndolo en la actualidad– a una campaña de desprestigio contra la juez María Núñez Bolaños, la magistrada que tomó el relevo de Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas y que es constantemente atacada por un supuesto afán archivador de los procedimientos en los que se ha visto implicada de alguna manera la Junta de Andalucía. Ha ocurrido con muchos de los archivos acordados por la Bolaños en la macrocausa de los ERE, algunos de los cuales han sido incluso avalados por la Audiencia de Sevilla, como ocurrió recientemente con la ayuda concedida al geriátrico del Obispado de Cádiz.

Ahora, en la macrocausa de los avales, se plantea un escenario completamente distinto puesto que, con independencia de lo que decida la instructora, es la propia acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía –la parte perjudicada u ofendida por el delito– la que está apoyando el sobreseimiento de las diligencias previas, al considerar que no hay indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que llevaron a la juez Mercedes Alaya a iniciar la investigación en el año 2014.

La postura de la Junta supone además una colisión brutal con el planteamiento de la acusación popular que ejerce el Partido Popular, la formación que lidera el presidente de la Junta, que se ha opuesto al archivo de la causa.

El planteamiento de la acusación particular de la Junta reafirma además algo en lo que algunos, cuando estaban en la oposición, no acababan de creer: la independencia de los funcionarios que integran el gabinete jurídico de la Junta, que son los que han apoyado el sobreseimiento de la macrocausa de los avales.

Y si ahora hay quien de una vez ha descubierto esa independencia de los letrados del servicio jurídico de la Junta, por una simple analogía debe igualmente respetarse la tan criticada postura de la Junta de Andalucía cuando, en octubre de 2016, reclamó el archivo de la pieza del denominado “procedimiento específico” de los ERE, por la que han sido juzgados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y que están actualmente a la espera de sentencia.

Lo que no vale ahora es decir que los letrados del gabinete jurídico han adoptado la decisión en función de su independencia profesional, y no presumir esa independencia cuando sostuvieron que no había ninguna “trama criminal” en los ERE, ni se creó un procedimiento para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Sólo un apunte más. La secretaria general del PP-A, Dolores López, manifestó tras la petición de archivo en los ERE que la Junta había “renunciado a defender a los andaluces en la mayor caso de corrupción de la democracia”.