Siguen sumándose instituciones que muestran su inquietud ante la reforma legal de la gestión del riego en el entorno de Doñana. A las críticas vertidas las últimas semanas por el Gobierno central, las asociaciones ecologistas, los sindicatos, investigadores y un sector de los agricultores se ha unido ahora la Unesco, que ha remitido al embajador español en el organismo una carta en la que pide detalles sobre las advertencias de los ecologistas acerca de la repercusión que la proposición de ley presentada por PP, Cs y Vox en el Parlamento puede tener en la "conservación" del Parque Nacional de Doñana, un Bien del Patrimonio de la Humanidad desde 2014.

En una carta con fecha del martes 25 de enero, el director del Centro del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, Lazare Elondou Assomo, se dirige al embajador delegado de España en la Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, con el objetivo de indagar acerca de las consecuencias de la proposición de ley planteada en la Cámara andaluza, ya "que podría afectar al valor universal excepcional" del parque natural. El dirigente de la Unesco insta al embajador español a contestar "lo antes posible", "y antes de que se tomen decisiones difíciles de revertir", con una información que permita "verificar con las autoridades competentes" el contenido del dossier sobre la reforma legal remitida el 10 de enero por el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

La Unesco recuerda a España la misión del organismo de la ONU desarrollada en 2020 y que concluyó, de un lado, con el aviso de la "incertidumbre científica sobre los efectos de la dinámica ecohidrológica de Doñana y los potenciales riesgos de las consecuencias del cambio climático sobre el parque" y que recomendó, además, "tomar las medidas necesarias para asegurar la reposición de los mantos freáticos". Aquella misión envió a las autoridades españolas la sugerencia de desarrollar un "plan especial para el manejo de las áreas de riego situadas al norte de la corona forestal de Doñana".

Es este plan especial sobre el que pone el acento el representante de la Unesco, quien subraya, aparte de la recomendación emitida al Gobierno central de la necesidad refuerzo en la vigilancia y en el sellado "acelerado y urgente de los pozos ilegales y tierras agrícolas de regadío ilegales" en la zona, "seguir con la ejecución urgente de la gestión de las áreas riego en la zona norte de la corona forestal de Doñana con el fin de asegurar la restauración de los acuíferos a la mayor brevedad".

"Según la información recibida", afirma el representante de la Unesco en referencia al dossier de WWF España, "la proposición de ley podría cuestionar la ejecución de este plan".

La preocupación generada por la reforma legal que transformaría en fincas de regadío un total de 1.460 hectáreas de terrenos hasta ahora ilegales se extiende a la Estación Biológica de Doñana, el organismo de investigación del CSIC. Si el pasado fin de semana ya avisó al respecto Miguel Delibes de Castro, fue ayer su director, Eloy Revilla, quien no dudó en criticar "los efectos que el regadío ilegal tiene en el acuífero de Doñana", un problema que se "agrava" con la reforma legal que "trata de convertir en zona de regadío un territorio que ya extrae agua de manera irregular". El texto legal, destaca Revilla, "no contempla la concesión de más agua", un aspecto que puede causar "un conflicto social". "Sin esa concesión extraordinaria, los recursos de los agricultores que usan legalmente el agua deben repartirse".

En ese sentido, los agricultores de Almonte representados por la Asociación Puerta de Doñana se han desvinculado hoy del apoyo dado por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado a la polémica proposición de ley, según citó Efe. Los regantes no irregulares no sólo temen una futura escasez de agua sino la merma de las exportaciones del fruto a esos países más concienciados con la preservación del medioambiente.