Ni una palabra de la petición de "archivo" de la macrocausa de los avales. La Junta de Andalucía ha emitido un comunicado oficial en relación con el apoyo a la solicitud de varias defensas de que se sobresea la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, en el que silencia esta petición de archivo y precisa, en cambio, que ha solicitado que se abran nuevas diligencias previas para investigar los avales a las empresas implicadas en el fraude de los ERE.

Tal y como ha adelantado este periódico, el gabinete jurídico de la Junta ha apoyado el archivo de la macrocausa de los avales, en un escrito en el que pide no obstante que se investigue a varias empresas por un posible delito de fraude de subvenciones. La decisión del Gobierno andaluz supone un auténtico giro en la investigación, puesto que está apoyando el archivo de unas actuaciones que se centraban en la gestión de los avales y préstamos por parte de la agencia IDEA y traslada la presunta responsabilidad a un grupo de empresas. 

Se desmonta de esta forma la macrocausa que abrió la juez Mercedes Alaya en enero de 2014, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de estas diligencias para analizar la "actuación aparentemente fraudulenta" del IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas "bajo el paraguas formal de avales, préstamos, y garantía de préstamos". Alaya dictó en aquella fecha un auto en el que justificaba la apertura de esta causa ante los indicios de "serias irregularidades" en relación con los "numerosos acuerdos" relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales a empresas en crisis a través de figuras como los "préstamos, ayudas en garantías sobre préstamos, y avales en garantía de préstamos de las entidades financieras".

El comunicado de la Junta señala que las alegaciones del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía se han realizado partiendo de los "indicios que se desprenden de las diligencias practicadas hasta el momento", en los que se "aprecian indicios de falseamiento en algunas solicitudes de avales". Por ello, apuntan que se ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que "investigue en sede penal tales comportamientos, al objeto de depurar las responsabilidades correspondientes y sin perjuicio del riesgo que comporta para la investigación de tales hechos el tiempo transcurrido".

La Junta de Andalucía, añade la nota, subraya "su firme decisión de recuperar hasta el último céntimo defraudado a las arcas públicas", al tiempo que señala que "con este paso en la instrucción del caso, la Junta de Andalucía pretende que la investigación se dirija al núcleo del presunto fraude". "El fin que se persigue es que las investigaciones judiciales avancen con agilidad y no que se empantanen o eternicen. Se trata, en definitiva, de ir al núcleo de los presuntos delitos para depurar responsabilidades", asevera. Sin perjuicio de que, además, esta petición se pueda ampliar a otro delitos a lo largo de la instrucción.