La asociación Jucil pide la documentación relacionada con el asesinato de los guardias civiles en Barbate

Los delegados de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) reclamarán en el pleno del Consejo de la Guardia Civil, que se celebrará este jueves, que la Administración entregue toda la documentación relacionada con el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez ocurrido en Barbate el pasado 9 de febrero arrollados por una narcolancha a la que, junto con otros guardias, intentaban identificar en el puerto de Barbate. En una nota de prensa, la asociación informó que demandará además explicaciones sobre por qué motivos, dos meses después del anuncio que esa información se pondría a disposición de una Comisión de Riesgos Laborales, aún no se ha iniciado la revisión del suceso en el seno de esta.

Jucil solicitó y mantiene su petición de dimisión para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y para el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, como principales responsables de la cadena de errores que llevaron a ordenar que una "barquichuela de aguas interiores de menos de seis metros de largo, con seis guardias civiles inexpertos en la mar, mal equipados y peor armados, se enfrentaran a potentes planeadoras de 14 metros de eslora".

La asociación ha denunciado también ante el juzgado la investigación por homicidio imprudente del general jefe del área de Andalucía, Luis Ortega Carmona, y del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco. "No podemos permitir que el asesinato de nuestros compañeros quede sin una investigación exhaustiva y sin la identificación de los responsables directos e indirectos. Los guardias civiles merecemos trabajar en condiciones de seguridad y con el respaldo adecuado de nuestros superiores", declaró Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.

Jucil reitera su demanda de transparencia y responsabilidad al tiempo que insta a que se adopten medidas inmediatas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La asociación espera que la Administración cumpla con su promesa de revisar el incidente a través de la Comisión de Riesgos Laborales y tome las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los guardias civiles. Jucil solicitará, por otra parte, en el Consejo de la Guardia Civil que se permita a todos los guardias civiles el uso de cámaras de grabación unipersonales en sus intervenciones. Esta petición (que se presentará fuera del orden del día) busca proporcionar una capa adicional de protección jurídica para los agentes en el ejercicio de sus funciones.

La asociación ha abogado desde hace tiempo por la implementación de cámaras de grabación como equipamiento estándar para los guardias civiles durante sus operaciones. "Estas cámaras son una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de nuestras funciones policiales. Su uso puede servir además como evidencia objetiva en situaciones conflictivas o en aquellas en las que se producen controversias entre las versiones de las distintas partes que intervienen en los hechos", destacó Ernesto Vilariño.

Ante la falta de disponibilidad de estas cámaras como dotación oficial en los cuarteles, Jucil solicitará que se permita a los guardias civiles el uso de cámaras de grabación de su propiedad en el ejercicio de sus labores, de manera provisional y hasta que sea posible contar con el equipamiento suficiente. Esta medida provisional busca cubrir la necesidad inmediata de contar con registros visuales durante las intervenciones, hasta que se implemente un sistema oficial de cámaras unipersonales.