4.000 millones de euros más para Andalucía es una cifra posible

Una caja de bombas, un artefacto peligroso que, sin embargo, María Jesús Montero considera un compromiso. La ministra de Hacienda presentará, finalmente, un nuevo modelo de financiación de las autonomías para sustituir al actual sistema, que está caducado desde 2014. Muy condicionado por el acuerdo que el Gobierno mantiene con Esquerra Republicana (ERC), la que también es candidata socialista a la Junta de Andalucía asumirá ese riesgo porque considera que el modelo beneficiará a todas las comunidades por dos razones principales: porque reducirá las diferencias de ingresos por habitante entre los territorios y porque el Estado cederá más IRPF e IVA a las haciendas autonómicas. Habrá más dinero para todos.

Sin cifras aún por parte de la ministra, que guarda bajo siete llaves los excels, la Generalitat aspira a conseguir entre 3.800 y 5.000 millones de euros adicionales, y Andalucía podría acercarse a la cifra de los 4.000 millones de euros cada año si acorta su brecha de financiación por habitante.

Juanma Moreno viene esgrimiendo los 4.000 millones de euros como una reivindicación que atañe de modo personal a María Jesús Montero, pues fue ella quien calculó esta cifra cuando era consejera de Hacienda. El nuevo modelo, del que sólo se han explicado sus líneas generales, aunque aporta unas pistas muy interesantes, reducirá las diferencias de financiación por habitantes del 20% actual (el que existe entre Cantabria y Valencia) a un porcentaje aún no especificado, pero que pueda rondar el 10%. Si fuese así y si Cantabria no recibe menos dinero, y ése es el compromiso porque se mantendrá el status quo de 2023, Andalucía se acercaría a los 4.000 millones y se situaría como una de las más beneficiadas en términos absolutos. Según la Generalitat, la que más.

El riesgo político que corre la Montero candidata es que ese sistema parte de un compromiso del PSC con ERC para implantar una singularidad fiscal para Cataluña, y eso carece de cualquier aceptación en la opinión pública andaluza. La ministra ha anunciado que la presentación será el primer trimestre de 2026, por tanto, a las puertas de las elecciones autonómicas a las que se presenta. Incluso una cifra cuantiosa beneficiosa para la comunidad puede ser rebatida si el modelo trasmuta la actual cohesión fiscal de las comunidades.

Andalucía, con más dinero

Fuentes cercanas a María Jesús Montero admiten ese riesgo, pero aun así consideran que la ministra debe finalizar el modelo porque eso completa su labor en el Ministerio de Hacienda y porque su condición de andaluza garantiza un equilibro que, de otro modo, no se produciría. Lo ocurrido con la quita de la deuda autonómica puede ser ejemplo de lo que queda por venir, Andalucía es la comunidad que más ganaría en términos absolutos con esta condonación, pero un 43% de los andaluces, según el Centro de Estudios Andaluces, lo considera un "engaño" frente al 33% que lo ve positivo.

Aunque Junts ha roto de modo formal con el PSOE, el Gobierno aún cree que es posible la confluencia en determinados asuntos. María Jesús Montero se ha referido a ese momento como una "ventana de oportunidad" que podría abrirse a lo largo de primer trimestre de 2026. Para entonces es posible que el Tribunal Constitucional responda al recurso de Puigdemont y que éste regrese a España si la mayoría de magistrados considera que el delito de malversación también está amparado por el olvido penal. A eso es lo que apuntó hace una semana el abogado general de la Unión Europea en su escrito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los socialistas creen que si Puigdemont vuelve, se abrirá otro escenario, aunque esto quizás obedezca a una visión muy optimista si se considera la imprevisibilidad del líder independendista huido.

Montero necesita los votos de Junts y ERC para aprobar su nuevo modelo. La mayoría de la investidura de Pedro Sánchez está rota, pero el Gobierno considera que un buen modelo de financiación, que incluya una bilateralidad para Cataluña, no podrá ser rechazada por Junts.

Cuadratura del círculo

Y ése es el problema que la María Jesús Montero candidata a la Junta tiene con su propio modelo. De su intervención el lunes pasado se entiende que el sistema será el mismo para todos, no habrá un modelo especial para Cataluña como el que tienen el País Vasco y Navarra, pero contemplará "singularidades", lo que supondrá negociaciones bilaterales en las competencias que no están asumidas por el resto. Esta declaración no significa nada mientras no se conozca el contenido de la propuesta, puede significar una cosa y su contrario, pero en Andalucía está asentado un estado de opinión muy contrario a lo acuerdos que vengan liderados por Cataluña. De hecho, muchos dirigentes socialistas andaluces preferirían que el Gobierno no llegase a presentar este modelo.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda llevan meses trabajando el modelo, pero no se avanzarán cifras hasta que esté terminado del todo. No se trata de una reforma, sino de un nuevo sistema que parte de un reparto en función de la población ajustada. Este parámetro proviene de la población real, pero está corregido en función del peso de la población en edad escolar, la mayor de 65 años y la dispersión territorial. En el caso de Andalucía, será más positivo cuanto más se acerque la ajustada a la real.

Ninguna comunidad cobrará menos dinero que el indicado en la liquidación de 2023 y recibirán más fondos de las recaudaciones del IRPF o del IVA. En la actualidad, las administraciones autonómicas se financian con el 50% de lo que el Estado recauda por estos dos impuestos en su territorio. Ese porcentaje subirá, pero aún se desconoce si incluirá el IVA y el IRPF o sólo éste último. Montero introducirá un factor para recortar recursos a aquellas comunidades que rebajen la cuota de estas figuras fiscales en su hacienda.

Uno de los puntos más polémicos es la llamada ordinalidad, que pide Cataluña y a la que se ha sumado la presidenta balear, Marga Prohens, del PP. Montero aseguró el martes que su nuevo modelo puede incluir este concepto que ordena los ingresos que recibe cada comunidad en función de su aportación, lo que beneficia a Madrid, Cataluña y Baleares, que son contribuyentes netas. No obstante, hay que ver cómo de estricto será un concepto muy discutido en el resto del país y del que no hay precedentes en otros Estados federales.