Fadua Achbak, la mujer que iba a ser desahuciada este jueves en Algeciras, podrá seguir en su casa de la barriada de La Piñera junto a sus tres hijos al menos durante un mes. Así lo ha decidido en el último momento el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Algeciras, que ha atendido finalmente a la situación de vulnerabilidad que presenta esta vecina de la calle Guadalquivir, que no tiene trabajo, ingresos ni bienes de ningún tipo, pero sí tres menores a su cargo. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) conoció el caso de esta familia en la tarde del miércoles -Fadua es muy tímida y no había recurrido antes a ninguna asociación- con poco tiempo para actuar. Sin embargo, su intervención esta misma mañana, cuando iba a producirse el lanzamiento, ha sido determinante. 

También ha sido clave el papel de los vecinos, que están dispuestos a ayudarla a pagar el alquiler si la inmobiliaria propietaria de esta vivienda se aviene a cobrarle una mensualidad ajustada a sus necesidades. La vivienda está muy deteriorada y estaba vacía cuando ella entró hace ocho años después de que su marido, que ahora está en la cárcel, "compró la llave". 

Fadua, que no sabe leer ni escribir y tenía muchas dificultades con el idioma, va a contactar ahora con la ayuda de la PAH con la empresa para intentar llegar a un acuerdo. "No se niega a pagar", ha explicado una portavoz de los vecinos, "simplemente quiere dar lo que tiene, que es poquísimo". 

La única ayuda que Fadua tiene para mantener a sus tres hijos es una compra mensual que le entrega Cáritas Diocesana y la colaboración de las vecinas y amigas. Su marido hace tiempo que no le envía dinero desde la prisión. Antes de la pandemia, esta mujer se dedicaba a limpiar casas y portales, pero desde que empezaron los contagios han dejado de llamarla. 

El abogado de oficio que le asignaron presentó un recurso y una posterior apelación que fueron denegadas pese a que aportó documentación que acreditaba que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, avalada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algeciras en un informe. 

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social. Se trata de "medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo".