El problema de los lixiviados (vertidos) del antiguo vertedero de El Cobre se acerca a su solución definitiva tras más de dos décadas de polémica por episodios de contaminación fuera del vaso donde están contenidos los residuos desde 1996 y por la clausura en falso de las instalaciones en 2008, tras la que siguieron produciéndose filtraciones que han venido siendo atajadas con soluciones parciales.

La Gerencia de Urbanismo de Algeciras concedió ayer licencia de obras a Arcgisa para ejecutar un proyecto de tratamiento físicoquímico de los lixiviados antes de su vertido a la red de saneamiento, así como la construcción de una conducción que los lleve a la red municipal de aguas residuales y, de ahí, a la depuradora de Isla Verde. Hasta ahora, son trasladados en camiones.

La actuación, que está presupuestada en 613.563 euros, pondrá punto y final a un problema ambiental que llegó a estar judicializado tras una denuncia de Agaden, en 2001, sobre los posibles daños que estarían causando los vertidos.

El proyecto que se va a realizar plantea la instalación de una depuradora y la construcción de una conducción de conexión con la red de residuales municipal. Se prevé que los lixiviados procedentes del vaso clausurado se impulsen mediante dos bombas y a través de un canaleta lleguen hasta un decantador. Las aguas clarificadas irán a parar a una tubería que las conducirá a la estación de bombeo previo a su ingreso a la red de alcantarillado.

La tubería discurrirá a lo largo de la vía pecuaria Cordel de la Rejanosa, coincidiendo en todo su trazado con el sendero conocido como Puerta Verde de Algeciras, con una longitud aproximada de 2.180 metros.

Un problema histórico

Según un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intcf) de 2018, el vertedero de El Cobre nació con un pecado original: se instaló en una zona con dos surgencias de agua constatadas y sin realizar un acondicionamiento del lugar para su explotación. Con una normativa menos restrictiva que la actual, el fondo del vaso no se impermeabilizó, por lo que no había barrera alguna que evitase la absorción del agua y el consiguiente daño al medio ambiente.

Un informe de Toxicología concluyó que los líquidos que emanaban del vertedero estaban provocando un “daño sustancial” a la calidad del arroyo de la Cava y suponían “un grave riesgo de contaminación para la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones”

Ese informe concluía que los líquidos que emanaban del vertedero estaban provocando un “daño sustancial” a la calidad del arroyo de la Cava y suponían “un grave riesgo de contaminación para la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones” y podían acarrear “un riesgo para la salud de las personas” que la consumieran. La Justicia, sin embargo, archivó la causa porque no estimó concluyente el informe.

En esa zona sin preparar se depositaron residuos domiciliarios sin separación, además de otros residuos municipales como enseres o restos de poda. Esa era la zona sur del depósito, de gestión municipal; en la zona norte, Fomento de Construcciones y Contratas depositaba las escorias procedentes de la fabricación de acero inoxidable. Ambos depósitos finalizaron en el año 2000, en el que se colmató la zona de residuos urbanos.

Según el Ayuntamiento, el problema proviene del proceso de sellado, que no se ejecutó adecuadamente

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento firmaron entonces un convenio para que la primera ejecutase el sellado del vertedero, como en muchos otros municipios. En ese proceso se instaló un pozo de bombeo para extraer el agua que emana de las surgencias para evitar que se generen lixiviados y lleguen al arroyo. Pero es precisamente lo que ocurrió. Según la Junta, por una falta de mantenimiento de la instalación que correspondería al Ayuntamiento, ya que la supervisión realizada tras el sellado demostraría que este se hizo de forma correcta. Según el Consistorio, el problema proviene del proceso de sellado, que no se ejecutó adecuadamente, mientras niega la responsabilidad en su mantenimiento posterior porque asegura no haber recepcionado la obra (la Administración autonómica sostiene que sí lo hizo).

A lo largo de los años se fueron produciendo denuncias y alertas por parte de los agentes de Medio Ambiente, hasta que la denuncia de Agaden ante la Fiscalía elevó el asunto a sede judicial y la Guardia Civil fue la última en comprobar el problema. El caso quedó archivado.

El Consistorio financia la recogida de los lixiviados en camiones hasta la depuradora de Isla Verde, lo que supone un enorme coste

Desde entonces, el Ayuntamiento ha financiado la recogida por parte de Arcgisa de los lixiviados en camiones hasta la depuradora de Isla Verde, lo que “ha supuesto un enorme coste económico”, denuncia el Consistorio.

“Este equipo de gobierno nunca ha rehuido el problema, sino que al contrario ha sido muy consciente del posible daño medioambiental –que se ha evitado– y también de la repercusión económica de las medidas, todo ello debido a una actuación deficiente en la clausura del vertedero, por lo que nos sentimos muy satisfechos de que se ejecute un proyecto que aporte soluciones definitivas”, destacó ayer el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez.

Vázquez resalta que esta actuación supone dar solución a un problema histórico “derivado de que no se completó en el año 2008 el proyecto de clausura del vertedero, habiéndose llevado a cabo un sellado deficiente y sin prever la depuración. Ante esta situación y los posibles daños ambientales denunciados por Agaden, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por el que cedió a la entidad comarcal la gestión y mantenimiento postclausura del vertedero y se iniciaron los trámites para la aprobación del Plan de mantenimiento y vigilancia ambiental del vertedero de El Cobre”.