La investigación de la Policía Nacional en torno a la presunta compra de puestos de trabajo en Algesa, como derivada del fraude en la estiba, coincide en el tiempo con los procesos que el Tribunal de Cuentas de España, el Defensor de Pueblo, el Consejo de la Transparencia de Andalucía y la Fiscalía de Algeciras tienen abiertos en relación a la empresa de limpieza de Algeciras, que cuenta con cerca de 450 trabajadores y un presupuesto anual de 20,3 millones de euros.

• El Tribunal de Cuentas dio el pasado 3 de septiembre el primer paso para iniciar un proceso de investigación en torno a la situación de la empresa pública de limpieza de Algeciras, al aprobar una diligencia en la que daba un plazo de cinco días para que tanto Algesa como el Ayuntamiento de la ciudad, además de la Fiscalía y del trabajador denunciante de presuntas irregularidades, se pronunciasen sobre el nombramiento de un delegado instructor de las actuaciones o pidan su archivo. Por el momento, el órgano fiscalizador no se ha pronunciado sobre si iniciará o no ese procedimiento.

• El Defensor del Pueblo Andaluz declaró el pasado mes de septiembre como “entorpecedora” la actuación del gerente de Algesa, Manuel López, a la hora de ofrecer la información solicitada hasta en cuatro ocasiones por dicha institución tras la queja presentada por los miembros de la asociación Paladina, en la que se integran trabajadores de la empresa municipal. El Defensor sostuvo que Algesa incumple la normativa de transparencia nacional y andaluza al no facilitar el acceso a su portal de transparencia y al no publicitar en este información sobre su procedimiento de contratación y en materia de recursos humanos. En septiembre de 2018, CSIF formuló una queja después de que Algesa no le entregase información sobre las contrataciones realizadas por la empresa a partir de 2014. El sindicato había formulado su petición tras constatar que la sociedad municipal había llevado a cabo un proceso de contratación al margen del Servicio Andaluz de Empleo y que, según denunciaba, no había sido publicitado por los medios establecidos. A todo esto se suma la denuncia contra la empresa pública de limpieza que el pasado día 15 realizó un ex trabajador de Algesa con minusvalía por su despido, tras haber sido subrogado desde CTM. Su baja en la empresa se produjo el mes pasado a la vuelta de su periodo de vacaciones.

• En enero de 2019, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dio a la empresa 30 días para resolver una serie de incumplimientos de la normativa referente a la publicidad activa en la administración pública. A fecha de hoy sigue sin resolverse esta situación, como constató el Defensor del Pueblo Andaluz hace apenas un mes. Ese incumplimiento, recordó entonces el comisionado del Parlamento andaluz, puede suponer una infracción muy grave, que puede llegar a ser sancionada con el cese del cargo responsable y que este no pueda ser nombrado en cargos similares por un período de hasta tres años.

• La Fiscalía de Algeciras ordenó el pasado mes de agosto el inicio de un proceso de investigación en torno a Algesa a partir de una denuncia presentada ante los tribunales por Vox a raíz de que este partrido se hiciera eco de presuntas irregularidades manifestadas por trabajadores de la sociedad municipal. El comienzo de las pesquisas ha recaído en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría de la Policía Nacional en Algeciras. Dos son, en principio, los asuntos que centran la investigación: la compra de vehículos de segunda mano para la flota de camiones de recogida de basuras y el sistema de contratación del personal.