El jurado popular exculpa a un guardia civil de utilizar dinero de detenidos

Seguro que al guardia civil J. M. B. N. y a su familia no se les olvidará nunca el 18 de noviembre de 2008. Fue el día y el año, por ayer, en que el jurado popular decidió que al considerar que no quedaban probados los hechos que se le imputaban debía quedar absuelto. El Ministerio Fiscal le solicitaba siete años de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de apropiación indebida y cinco años de inhabilitación. También sumaba otras faltas como de estafa.

De todo quedó liberado y así lo confirmó la magistrada-presidenta en la sección algecireña de la Audiencia Provincial. El Ministerio Público defendió hasta el final que usó en 2004 y sin consentimiento una tarjeta bancaria de un detenido para costearse varios peajes en la autopista del Mediterráneo. El gasto aparecido fue de 42,9 euros. También lo consideraba autor de la sustracción de 500 euros de un sobre de un dinero intervenido a otro detenido.

El jurado popular lo declaró inocente de cada uno de los enunciados. El primer hecho del objeto de veredicto versaba sobre si el acusado accedió a la tarjeta para su uso. Fue declarado no probado por la mayoría.

No probado por unanimidad, es decir, por los nueve miembros del tribunal, fue la resolución del segundo hecho, que preguntaba si sólo pudo tener acceso a la documentación sin la tarjeta bancaria. Sí fue probado por unanimidad que J. M. B. N. pudo tener acceso a la tarjeta, pero sin quedar demostrado su uso. El cuarto hecho, el referido a la extracción de 500 euros del sobre, quedó definido como no probado por unanimidad, al entender que pudo ser manipulado por otras personas y no sólo por él. En resumen fue declarado, con 7 votos a favor y 2 en contra, no culpable de uso de la tarjeta de crédito en el peaje y no culpable por unanimidad de hacer suyos los 500 euros. Los miembros del tribunal sostuvieron que no quedaron probados los hechos de los que se derivaban las acusaciones.

El tribunal popular tardó más de dos horas en las deliberaciones. Le ocupó buena parte de la tarde. La mañana se dedicó a las declaraciones de los últimos testigos y a las conclusiones finales.

La defensa insistió en unas aclaraciones que su patrocinado, que fue el instructor de las diligencias de 2004, nunca estuvo en poder de la tarjeta, pues fue depositada en el cuarto de custodia. Añadió que lo único que recibió fue el pasaporte del detenido, una carta de identidad belga y la documentación del coche. También negó que el agente del Instituto Aramado sustrajera el dinero del sobre que iba a ser depositado en el cuarto de seguridad del puerto de Algeciras. "Se hace constar desde la intervención del dinero hasta su disposición judicial intervinieron siete guardias civiles y que pese a la investigación interna que hubo no se logró esclarecer al autor". Acabó con tres agentes sancionados, incluido el acusado, con faltas disciplinarias leves. Son los que participaron en la cadena de custodia.

Las conclusiones de la Fiscalía fueron bien diferentes. Defendió que la cartera del detenido en la que se encontraba la tarjeta pasó por sus manos y que el automóvil que aparece en las cámaras de la autopista coincide con las características del suyo, si bien es cierto que no se llegaba a apreciar el número de matrícula. También incidió en que sus entradas y salidas laborales eran compatibles con sus desplazamientos a Fuengirola y que él fue el último en tener el sobre con el dinero.