Algeciras

Un pensionista por incapacidad, desahuciado en Algeciras

  • La Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que una empresa le reclama 4.000 euros de unas fechas en las que ya no era propietaria de la vivienda

Juan Antonio Molina deja su casa con unas pocas pertenencias. Juan Antonio Molina deja su casa con unas pocas pertenencias.

Juan Antonio Molina deja su casa con unas pocas pertenencias. / Erasmo Fenoy

Juan Antonio Molina, un pensionista por incapacidad de 64 años que vivía desde el 16 de noviembre de 2011 en una vivienda de la calle Federico García Lorca de Algeciras, ha sido desahuciado este miércoles por el impago de varios meses de alquiler.

Los únicos ingresos de este algecireño -que vive junto a un nieto de 18 años desempleado- provienen de una pensión no contributiva que asciende a 392 euros mensuales.

A pesar de los numerosos intentos de negociación en su nombre por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Campo de Gibraltar (PAHCG), a las 9:30, Molina ha sacado sus pertenencias de la vivienda, con especial cuidado de las jaulas en las que guarda varios pájaros, en presencia de una comitiva judicial apoyada por varios agentes de la Policía Nacional.   

La PAHCG asegura que presenta una situación de vulnerabilidad que lo sitúa en la exclusión social y que ha tenido que abandonar su casa tras una demanda de impago de meses de alquiler de la anterior propietaria de la vivienda, Gesfico, cuya reclamación corresponde a unas fechas en las que ya no era propietaria de la casa. Para ello aporta un documento que refleja que dicha vivienda fue embargada por Unicaja y, según nota simple esta escriturada con fecha 21/02/2019, figura a nombre de Promotoría Omega. "Tras varios intentos de negociación con el falso propietario y demandante Gesfico, no hemos podido llegar a una solución amistosa. Ponemos en conocimiento el delito procesal que se esta cometiendo con esta persona por parte de esta empresa".

El colectivo explica que existe un acuerdo con el Ayuntamiento de Algeciras por el que se compromete a satisfacer la mitad del alquiler -sobre un total de 300 euros mensuales-. Tanto el Consistorio como el inquilino, afirma, han cumplido con estos pagos, pero la empresa reclamaba ahora 4.000 euros más. 

La PAHCG entiende que no se ha cumplido tampoco el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación de Municipios y Provincias para la detención de lanzamientos de vivienda familiar en los procedimientos de desahucio de casos de vulnerabilidad y la puesta en marcha de medidas de carácter social. 

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios