Las organizaciones agrarias de Cádiz tienen previsto bloquear el puerto de Algeciras el próximo 21 de marzo dentro de sus movilizaciones para reclamar un "cambio de rumbo de las políticas agrarias que están asfixiando al sector" y "soluciones urgentes" ante la falta de agua.

Responsables de las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Cádiz han mantenido este lunes un encuentro para coordinar sus acciones de protesta. En ella han consensuado un calendario de movilizaciones en la provincia que dará comienzo el próximo 22 de febrero, en Jerez, cortando las principales vías de comunicación de la provincia. Además, tienen previsto bloquear el puerto de Algeciras, por ser "una de las principales entradas en el mercado europeo de productos agroalimentarios importados de terceros países" y "que suponen una competencia desleal para los agricultores europeos, además de entrar sin control y sin garantías de seguridad alimentaria", explican.

Las organizaciones y cooperativas agrarias de Cádiz participarán también en las movilizaciones ya convocadas el 14 de febrero en las provincias de Sevilla y Jaén, "así como en el resto de actos de protesta que se irán convocando a nivel regional".

Estas entidades reivindican que se revalorice "la actividad agraria en su conjunto" y se tenga en cuenta el trabajo de los agricultores y ganaderos. También reclaman un nuevo plan estratégico de la PAC, con mas presupuesto (hoy en día representa menos del 0,34 % del PIB de la UE, afirman) y "con menos requisitos medioambientales absurdos". También piden la paralización "de todas las normas comunitarias medioambientalistas que imposibilitan nuestra labor (Pacto Verde Europeo, De la granja a la mesa, Ley de Restauración de la Naturaleza)" y que se garantice "el uso de materias activas tradicionales hasta no contar con alternativas eficaces".

La revisión de todos los acuerdos comerciales "y la paralización de todos aquellos, como Mercosur, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio para otros intereses", la introducción de cláusulas espejos para evitar la competencia desleal de terceros países y mayores incentivos fiscales, una legislación laboral y de seguridad social acorde con la realidad del sector y que "tenga en cuenta la eventualidad del campo", son otras de sus demandas.