Los okupas regresan al edificio Cuesta Real en la calle Cánovas del Castillo, en Algeciras

El edificio de viviendas Cuesta Real, abandonado en pleno centro de Algeciras y delimitado por las calles Cánovas del Castillo, Rafael de Muro y Santa María, ha vuelto a ser okupado. Varios agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble en la tarde de este miércoles tras la llamada de un vecino alarmado por la presencia de varias personas en su interior.

Construido y terminado prácticamente en su totalidad desde 2004, el edificio se levanta sobre una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y es propiedad de un banco que se hizo con él después de que la promotora Obranda SL dejase sin pisos y sin dinero a 32 compradores.

El interior del inmueble está arrasado por completo y hace años que desaparecioron los motores de los ascensores, las puertas de las viviendas y cualquier elemento susceptible de ser vandalizado o vendido.

Las ratas, las basuras y los malos olores son los dueños y señores de un espacio que, sin embargo y según algunos vecinos, es habitado de forma permanente por varias personas, ya que de noche de aprecia luz artificial en su interior.

El inmueble consta de bajo y dos plantas, más un garaje que también ha sido okupado y donde se guardan varios "vehículos de alta gama", según el relato de personas que aseguran haber sido testigos del trasiego de coches.

En 2019, Europa Sur ya se hizo eco de la indignación de los residentes en el entorno, en la transición entre la Plaza Baja (la del mercado Torroja-Sánchez Arcas) y la Plaza Alta de Algeciras. “Aquí no se puede vivir. En ese edificio ha muerto una persona y han violado a una mujer”, aseguró entonces uno de ellos, que afirmaba haber denunciado en repetidas ocasiones la situación ante el Ayuntamiento sin haber obtenido respuesta.

Un portavoz del Consistorio algecireño aseguró en ese momento a esta redacción que el departamento de Disciplina Urbanística se había dirigido al banco propietario del inmueble para conminarle a que tomase medidas destinadas a garantizar la seguridad. De hecho, pasadas algunas semanas, las entradas fueron tapiadas por completo y se clausuró el garaje, donde varias personas guardaban sus coches de forma irregular y permanente, totalmente a oscuras.

Condena por estafa y alzamiento de bienes

En enero de 2023, la Audiencia de Cádiz condenó a los dos administradores de Obranda SL a dos años de prisión por la comisión de los delitos de estafa y alzamiento de bienes. Otros dos acusados, vinculados a la promotora, fueron condenados a un año y nueve meses de cárcel por estafa y falsedad documental. La sentencia fue firme al no mediar ningún recurso.

Otras cinco personas que fueron procesadas, trabajadores de la extinta Caja General de Granada, fueron absueltas al retirarse los cargos tras un acuerdo extrajudicial entre 24 de los denunciantes y la entidad bancaria dueña del edificio, que había asumido la cartera de propiedades de la extinta caja.

Dicho acuerdo permitió a ese grupo de perjudicados recuperar las cantidades que entregaron a cuenta de los pisos, más un 25% de indemnización.

Los 32 compradores del edificio denunciaron entre los años 2008 y 2009 por estafa al estimar que se les aumentó el precio de la hipoteca de manera unilateral, con la supuesta connivencia de la entidad bancaria que les había concedido el préstamo, la Caja General de Granada, y mediante documentación falseada. También reclamaban por no haber recibido las viviendas.