La lucha de una abuela de Algeciras por ver a su nieto tras nueve años en acogida

"¿Quién mejor puede cuidar a un niño? ¿Su familia o un extraño?". La pregunta la lanza María Rosario Pichardo, una abuela de Algeciras que lleva nueve años sin poder si quiera ver a su nieto. El calvario que vive es el resultado de un largo proceso judicial y administrativo que le lleva a denunciar un sistema "inhumano" que conlleva la "venta camuflada de niños y la destrucción de la familia sin mirar por el bienestar del menor", explica Pilar Gómez, presidenta de Protección a la infancia y Familias en España.

El niño cumplió 14 años en agosto. "Queremos verlo aunque sea detrás de un cristal. Hemos pedido al Juzgado de Menores catorce o quince veces por escrito que nos deje y la última nos han dicho que no puede ser. Nos hacen pagar impuestos para retirarnos a nuestros propios hijos. Es inhumano", subraya la abuela y su marido, Juan José López.

El caso de María Rosario Pichardo comenzó con una "denuncia falsa y mal aconsejada" por parte del padre del niño cuando ya no era pareja de la madre, por "maltrato infantil". "Quedó archivada en los juzgados de Algeciras ya que el médico forense del hospital Punta de Europa dictaminó que no había indicios de maltrato, pero intervino Asuntos Sociales de Algeciras y le dijeron que el niño lo tenía que entregar, sino vendría la policía", relata el matrimonio.

"Confiando en la ley hicimos lo que nos dijeron y ahí nos perdimos. Nos dijeron, lo vamos a reeducar durante tres meses, para valorarlo y volver con la familia. Nos citaron en La Granja y a mi hija Raquel le dijeron que tenía que firmar un papel por el acogimiento de esos tres meses. No señor, estaba firmando la entrega del niño", explica la abuela para subrayar que se sienten víctimas de un engaño.

"Se lo llevaron a La Línea, a una asociación. Durante dos o tres semanas estuvimos yendo a verlo. Un lunes fuimos a la visita y nos dijeron que el niño no estaba, que se lo habían llevado a Cádiz con una familia porque lo había dictaminado el juez, lo cual no es cierto porque no hubo ningún procedimiento. Nos llamaron que podíamos ir a Cádiz a un punto de encuentro a verlo. Íbamos todos los lunes", narra. Raquel, la madre, entraba 45 minutos y los abuelos, 15. "Nos decían que le diéramos un besito y nos quedáramos calladitos. Conclusión que pone en los informes: ni el abuelo ni la abuela intervienen en el bienestar del niño. Van poniendo trampas", explican.

"Más tarde Asuntos Sociales de la Junta en Cádiz quería implicar a mi hijo -tío del niño- que tenía entonces 11 años. Decía que había indicios de abusos sexuales, pese a que los forenses y los psicólogos de la junta dictaminaron que no había pruebas de eso", apostilla.

El de xxx es uno más de los numerosos casos que hay repartidos por toda España. Padres y abuelos que ven como les quitan a sus hijos y nietos para repartirlos en familias de acogida, acogiéndose a unos informes que, según los afectados, distan mucho de la realidad. Estas acogidas, denuncian, se ven compensadas con subvenciones millonarias -muchas vienes de la Unión Europea- que sostienen un sistema en el que el niño es lo que menos importa.

"Las familias han demostrado en muchos casos que no existe el desamparo al que hacen referencia las administraciones, que además descartan siempre la idoneidad de que los menores se queden con alguno de los miembros de la familia extensa", afirma Pilar Gómez.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha negado en varias ocasiones la existencia de "desinformación" o "indefensión" de los familiares de cualquier menor en situación de acogida. La administración explica que como responsable de la protección de los menores que por distintas circunstancias se encuentran en situación de desprotección, adopta las "medidas necesarias para garantizar la seguridad de los mismos siempre velando por el interés superior de los menores".