Las intensas lluvias caídas en los últimos días en el Campo de Gibraltar han provocado de nuevo inundaciones en el entorno de la urbanización El Greco, en la barriada algecireña del Rinconcillo, donde los vecinos llevan varias horas achicando agua de sus casas.

Estas anegaciones son recurrentes desde hace 17 años, cuando se detectó que el muro de una vivienda de dos plantas levantada ilegalmente en la avenida Diputación impedía la salida natural del agua de la lluvia y convertía el lugar en un embalse. 

Hace más de un año que el Ayuntamiento de Algeciras anunció que estaba  actualizando el proyecto para la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de la casa, con lo que parecía que iba a culminar un proceso judicial que comenzó en el 26 de abril de 2004, cuando se detectó la construcción irregular de la vivienda y el propietario hizo caso omiso de las advertencias de Disciplina Urbanística.

El juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras dictó sentencia el 8 de febrero de 2010 ordenando la demolición. El dueño de la casa se negó a abandonarla y los operarios municipales no pudieron echarla abajo. La institución municipal solicitó auxilio judicial ante esta situación y, una vez que se habían realizado todos los requisitos legales y se había fijado fecha para la actuación, hubo nuevamente que suspenderla a instancia del juzgado de lo Contencioso, al tener constancia de un recurso de revisión de la sentencia presentado por el propietario ante el TSJA.

La zona inundada en la avenida Diputación.

El 17 de octubre de 2011, el Ayuntamiento anunciaba el inminente derribo de la vivienda, toda vez que el Juzgado había concedido la autorización para acceder al interior de la misma. El 12 de diciembre de ese mismo año, la Gerencia de Urbanismo anunciaba el auto dictado por el juez en el que se concedía la suspensión cautelar de la sentencia hasta que se resolviera el recurso de revisión contra dicha sentencia que presentó el propietario ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

El 3 de mayo de 2012, el juzgado rechazaba el recurso presentado por el propietario y el juez concedió autorización judicial al Ayuntamiento para el derribo el 31 de enero de 2013. El 18 de diciembre de 2018 el entonces teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, dictó un decreto por el que se concedía al obligado un mes para desalojar la vivienda ante la intención del Ayuntamiento de ejecutar de forma subsidiaria las demolición, aunque el 21 de enero de 2019, el dueño formuló un recurso de reposición que también fue desestimado.