El legado de PATRICIO y ORTEGA

El equipo de gobierno confiaba en que, con la entrega de llaves de la barriada de El Arroz, se cerraba el último boquete urbanístico heredado de la etapa anterior. Pero nada más lejos de la realidad. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo ha abierto esta semana otro frente de consecuencias económicas impredecibles para las arcas municipales y ha vuelto a poner bajo sospecha la política urbanística que protagonizaron los ex andalucistas Patricio González y José Ortega. El Supremo ha declarado ilegal la expropiación de una parcela urbana de 11.341 metros cuadrados en la barriada de San García. La actuación se aprobó en 1999 y en el terreno se ha edificado una promoción de chalés. La sociedad afectada reclamará ahora la ejecución de la sentencia, que podría conllevar el pago de una indemnización millonaria al poder rondar el valor del suelo los 7 millones de euros.

Con este caso se escribe un nuevo capítulo del legado con el que le ha tocado lidiar al actual Gobierno local formado por el PSOE e IU. Un testamento político repleto de deudas y causas judiciales, que amenazan con causar un daño patrimonial irreparable para el municipio. Muestra de ello ha sido el desenlace final de El Arroz. La reconstrucción de la barriada le ha costado al erario municipal más de 20,4 millones de euros. Un cifra que dista mucho de los alrededor de 348.000 euros que el entonces consejero delegado de Emuviasa, José Ortega, aceptó del promotor del centro comercial -a finales de 2002- como compensación por los daños causados en los bloques de viviendas durante las obras. Los reproches políticos por este desfase no se han hecho esperar y los partidos ya han planteado abrir una comisión de investigación o, en su defecto, remitir el caso a la Fiscalía.

Sin embargo, los vecinos de El Arroz no han sido los únicos que han tenido que ser desalojados por daños en sus viviendas. La misma suerte corrieron los propietarios del edificio Escalinata, declarado en ruina por las obras del aparcamiento colindante. El Consistorio lleva más de cinco años abonando los alquileres, superando el montante los 360.000 euros.

Otro caso en el que los intereses del Ayuntamiento se han visto perjudicados ha sido el de Somixur. La Cámara de Cuentas de Andalucía emitió, a principios de 2006, un informe sobre la gestión de la sociedad mixta de urbanismo entre los años 1996-2004. El análisis defendía que el Consistorio había dejado de percibir de la sociedad 13,8 millones por las tres principales actuaciones realizadas en este periodo: Los Cuarteles, El Mirador-La Menacha y Blas Infante.

Asimismo, el PSOE remitió el caso a la Fiscalía Anticorrupción al tener indicios de que la empresa privada Aldía había vendido propiedades a sociedades y personas afines sin la participación municipal. Un perjuicio económico que los socialistas cifraron en 10,5 millones, por lo que la reclamación municipal por Somixur alcanza los 24,3 millones.

Patricio González -que presidió Somixur hasta 2003 por su condición de alcalde- no dudó en ponerse de lado del PSOE cuando se destapó el caso. Todo lo contrario que José Ortega, que cuestionó las conclusiones de la Cámara de Cuentas e intentó echar por tierra los argumentos del Consistorio esgrimiendo las alegaciones municipales que se habían presentado. Una traición que colmó la paciencia del alcalde, el socialista Tomás Herrera, que decidió destituirle como concejal de Urbanismo en marzo de 2006.

Estas cuatro polémicas urbanísticas podrían suponer un daño patrimonial para el municipio de más de 50 millones de euros. Sin embargo, todavía existen otras dos actuaciones, cuya suerte se decidirá en los juzgados, que amenazan con disparar este coste para las arcas municipales, que actualmente arrastran una deuda de alrededor de 160 millones.

La primera de ellas es la del aparcamiento Escalinata. El TSJA ya ha declarado que no es legalizable y los vecinos afectados han solicitado la ejecución del fallo, que puede conllevar su derribo. De ser así, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa Nautagest por las obras realizadas y por el lucro cesante de los años que le quedan de concesión administrativa. La segunda corresponde al proyecto del parking subterráneo en la avenida Fuerzas Armadas. El Ayuntamiento aprobó el proyecto pero, debido al rechazo vecinal y ante la cercanía de las elecciones de 2003, los entonces andalucistas decidieron suspender sine die el inicio de las obras.

Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo obliga ahora a retomar el proyecto. Si el Pleno se opone al parking, la concesionaria West Team reclamará que se le indemnice por no poder construir y explotar un aparcamiento que fue auspiciado por el propio Ayuntamiento.