En los cuatro juzgados de Instrucción de Algeciras el plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar está perfectamente cuantificado. Desde su inicio el pasado verano las juezas han visto crecer de forma exponencial las causas, los presos, las diligencias y los registros, pero no el personal para atender ese nuevo escenario. Y para reivindicar una vez más la llegada de refuerzos urgentes han hecho un recuento de diligencias que pone negro sobre blanco la realidad del tráfico de drogas en la comarca: 168 causas por narcotráfico, otras 48 por blanqueo y 169 presos preventivos se acumulan en unos juzgados al borde del colapso.

Esos son los datos que la junta de jueces de instrucción ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir dos jueces de refuerzo de forma urgente. Según la información recopilada por las titulares de los órganos, estos suman 168 causas por delitos contra la salud pública, siendo el Instrucción 4 el que más casos tiene de este tipo, 63. La tramitación de estas causas da lugar a un sinfín de trámites, como los necesarios para hacer las entradas y registros, que también han crecido notablemente: si en 2018 se hicieron 73, hasta junio ya se habían ejecutado 92. Lo saben bien los letrados de la administración de justicia, que noche sí noche no tienen que dejar su casa a horas intempestivas para acudir a esos registros.

La junta de jueces advierte: “Los juzgados no puede absorber tal avalancha de investigaciones policiales complejas ni seguir el ritmo que imponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” con los medios actuales, que, al contrario que los de los cuerpos de seguridad, no han sido reforzados. Los jueces se están viendo desbordados por las solicitudes de autorización y prórroga de intervenciones telefónicas, colocación de dispositivos de geolocalización, sistemas de grabación de imagen y sonido, análisis y estudio de dispositivos electrónicos o registros.

En su escrito recuerdan que los asuntos de tráfico de drogas y organización criminal requieren mucho tiempo para estudiar las medidas a aplicar y para atender a diario a los agentes de los grupos de investigación, para garantizar “que todo sea correcto” y que no sean anuladas posteriormente las resoluciones. Pero “es materialmente imposible dedicar el tiempo necesario a estas causas” al tener que atender además a muchas otras cuestiones como declaraciones de investigados, juicios por delitos leves, videoconferencias, resolución de recursos (una media de 1.800 escritos por juzgado en 2018) o tramitación de querellas. El colapso es tal que “se corre un riesgo muy importante de que muchas de las personas participantes en estas organizaciones o grupos criminales salgan absueltas a causa de nulidades de resoluciones a las que no se ha podido dedicar el tiempo que merecen”. Y también de que la dilación de la instrucción conlleve la puesta en libertad de las personas investigadas por delitos graves al cumplirse los plazos máximos de prisión preventiva.

La complejidad de las causas sube en los numerosos casos de blanqueo (48). Las investigaciones de este tipo de delitos implican cientos de diligencias de investigación patrimonial, algunas de ellas en el extranjero, y medidas cautelares como bloqueos de cuentas bancarias, embargos preventivos de vehículos, anotaciones preventivas en registros de la propiedad y otras medidas que afectan a múltiples personas y “llenan el juzgado de recursos y peticiones”. Solo en Instrucción 4, la magistrada dicta una media de 40 autos a la semana relacionados con esas causas complejas. Los presos preventivos también suman peticiones de libertad, reducciones de fianza y recursos.

Una auténtica avalancha de trabajo a la que se suma la que causa el fenómeno de la inmigración irregular, con los 663 expedientes del Centro de Internamiento de Extranjeros tramitados en lo que va de año.

Esta situación hace que el resto de procedimientos, advierten, “no puedan avanzar como debieran”. Entre ellos destacan las 45 causas por agresiones y abusos sexuales, sobre las que llaman la atención los jueces de Algeciras por ser un número muy elevado. A ellos se añaden los robos con violencia, atentados contra los agentes de la autoridad, robo de vehículos, “todos ellos muy comunes en este partido judicial”.

Frente a esta sobrecarga de trabajo, los jueces reclaman la llegada de dos magistrados de refuerzo, dependientes del TSJA, pero también que se sustituyan las bajas de funcionarios (hay dos puestos por cubrir y otro a punto de quedar vacante) y la llegada de dos funcionarios de tramitación para agilizar los expedientes, algo que depende de la Junta de Andalucía. Una petición que ya formularon hace unos meses pero que ahora vuelven a repetir después de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comprometiese refuerzos en una reunión para tratar la situación judicial del Campo de Gibraltar.