La justicia ordena desprecintar tres de las parcelas de Algamasilla

La Audiencia ha permitido recientemente que se desprecinten tres de las diecisiete parcelas ubicadas en la zona de Algamasilla en las que los jueces determinaron medidas cautelares y prohibieron el suministro y ocupación y ordenaron el precinto de las mismas. El Ayuntamiento denunció en su día la ocupación de terrenos de monte público.

Esta determinación judicial ahora da vía libre a su ocupación temporal hasta que se celebre el juicio, que sigue aún pendiente al considerar que en dichas parcelas hay construcciones consolidadas. El juicio deberá determinar si hay o no delito.

El delegado municipal de Vías y Obras y Patrimonio, Gabriel Orihuela, quiso dejar claro que en ningún caso, ningún juez ha dicho que no haya delito, puesto que no ha habido juicios, ni hay condena, ni sobreseimiento. En caso de que finalmente se establezca que el delito ha prescrito por vía penal, el Ayuntamiento actuará de oficio para recuperar estas parcelas, tal y como ha hecho en otros casos, pues se trata, según señala el Ayuntamiento de "bienes imprescriptibles, inembargables e inalienables".

Orihuela indicó que todo eso estaba previsto y "estamos preparados". El concejal resaltó que dado que los procesos judiciales no se desarrollan en un tiempo deseable y en este caso se trata de viviendas, sus ocupantes solicitaron en segunda instancia la ocupación que es lo que ha determinado la Audiencia. Con todo, Orihuela dijo que a estos vecinos no se les puede dar la razón porque están ocupando un terreno de dominio público y además existe una construcción, con lo cual se están cometiendo dos delitos, uno por ocupación de monte público y otro por construir en zona general de espacios libres.

"Sabemos que es un camino con muchos escollos y no exento de dificultades y lo vamos allanando poco a poco, pero no nos pilla por sorpresa y no nos van a amilanar por anécdotas ni por campañas". Orihuela incidió en que no se trata de una baza política, "lo que queremos hacer es pedagogía" y añadió que son decisiones políticas que ejecutan los funcionarios porque hay un expediente, porque hay delito.