La juez del caso Mediador ha solicitado a Nadia Calviño, información sobre cuatro contratos de una fundación pública ligada a la acción exterior de España en cooperación y seguridad que ella misma preside. Por ello, la vicepresidenta primera del Gobierno ha ordenado que se investiguen las posibles relaciones con la trama y si el general Francisco Espinosa intervino en ellos.

En total suman 2.352.278 euros, se remontan a 2020 y 2021 y tienen un nexo común: son suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces para Ghana, Kenia y Senegal), sobre los que planea la duda de si fueron amañados por el ex jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras.

Retirado desde enero de 2021, el único de los imputados en el caso Mediador que está en prisión y que guardaba en su casa más de 61.000 euros en una caja de zapatos y en fajos de billetes enrollados en ropas, dedicó la etapa final de su carrera a dirigir uno de los proyectos más conocidos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas: GAR-SI Sahel.

Con ese acrónimo del nombre francés "Groupes d’Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel" se conoce a un proyecto de la Comisión Europea, administrado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio con la creación de equipos inspirados en los grupos de acción rápida (GAR) de la Guardia Civil.

Por eso su operativa la lideraba la Guardia Civil, por eso varios gendarmes africanos fueron instruidos en instalaciones de la Benérita en La Rioja y hecho por el que al frente estaba al frente desde 2017 el general Espinosa Navas, que había sido jefe de la Secretaría General de Cooperación de la Guardia civil y, justo antes, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, de donde procede su conexión con Canarias.

Los expedientes

Estos son los cuatro contratos bajo el radar de la juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres.

• Expediente JYS-2020-006. Suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel en Mauritania. Importe: 944.830,63 euros.
• Expediente JYS-2020-0018. Suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel en Níger. Importe: 978.648,00 euros.
• Expediente SPD-2021-066. Suministro, por lotes, de equipamiento y material diverso para la unidad GAR-SI Sahel de la Gendarmería de Mali. Importe: 215.000,00 euros.
• Expediente SPD-2021-051: Adquisición de hasta siete sistemas de detección e inhibición de UAVs (siglas inglesas de vehículos aéreos no tripulados: drones) portátiles, con entrega en Logroño, para labores de formación en el proyecto CT Public Spaces (también administrado por la FIIAPP). Importe: 213.800 euros.

Las cuatro licitaciones incluyen drones entre los equipos a adquirir. Y esos lotes concretos, los relativos a drones, los ganaron sociedades de uno de los imputados: el empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, del que se sospecha que pagaba comisiones a varios miembros de la trama, tanto al conseguidor, Marco Antonio Navarro Tacoronte, como al general Espinosa Navas, el jefe de los GAR-SI Sahel en aquellas fechas, subrayan la Policía y la Guardia Civil en los atestados que obran en el sumario.

En concreto, los investigadores de la Policía detallan que se adjudicaron a la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL, de Suárez Esteve, cuatro suministros por valor de 137.569 euros. La Guardia Civil eleva el montante total a 232.101 euros.

La magistrada quiere información detallada y completa de los cuatro expedientes, quiere saber qué personas de la FIIAPP mantuvieron comunicaciones telemáticas y de gestión con la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL y, además, solicita a la Guardia Civil que le facilite un volcado completo de todos los mensajes del correo corporativo profesional del general Espinosa.

Al declarar ante la juez cuando la causa todavía era secreta, el intermediario que da nombre al caso afirmó, según recoge la Policía en su informe específico sobre el empresario de los drones, Suárez Esteve, "que el general recibía pagos en efectivo, se los entregaba el dicente (Navarro Tacoronte) en un sobre cada vez que se veía con él, dinero aportado por los empresarios previamente a las reuniones con el general".

En realidad, Navarro Tacoronte precisa que él conoció al general Espinosa a través de ese empresario, que se lo presentó "en plena pandemia", cuando se los encontró comiendo en una marisquería de Valencia.

Por su parte, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llevó el peso de la investigación sobre el general, subraya en un informe que hay grabaciones en las que Suárez Esteve reconoce reunirse "habitualmente" con Espinosa Navas, en las que se le escucha decir, entre otras cosas: "Todo lo que hago en África lo hago con Papá" (apodo con el que supuestamente se referían a él en la trama).