Por aquellos días acontece en nuestra ciudad un hecho cuya administrativa resolución será muy criticada, según se denuncia: “Unos niños vagabundos llegaron á esta ciudad de Algeciras en rincones de varios trenes militares y por su mal tropezaron con la inflexible ley. Dándoles albergue donde toda incomodidad tiene su asiento. De 27 retenidos, 10 viéronse pronto puestos en libertad; el resto, fueron conducidos a la cárcel municipal”.

Sobre este hecho acaecido en nuestra ciudad se hicieron eco los semanarios de la villa y corte, expresando: “Ya puede ir á inspeccionar la cárcel de Algeciras el Sr. Director de Prisiones. Ya no están las pobres criaturas, que sin cama, sin ropas, sin abrigo, vecinos fueron de aquel tugurio por él dirigido”. Tras esta triste noticia, se encontraba la desgraciada situación de los menores en aquella España de comienzos de siglo.

Los niños serían señalados como las primeras víctimas de aquella desgraciada situación, tal y como refleja la siguiente petición: “Al Sr. Alcalde de Algeciras. ¿No habrá posibilidades de que se vigilen los puestos donde se vende pan y otros artículos de consumo a fin de que la higiene impere en ellos? ¿Le parece mal que el pan se venda a peso? ¿No le parece a Vd que no estaría de más que se vigile y hasta se prohíba la venta de infinidad de porquería que envenenan á los niños que inconscientes las compran y las comen? Es asqueroso, es repugnante y antihigiénico, esos dulces que se venden por ambulantes que emplean en su confección materias que perjudican a la salud pública, sobre todo á la infancia; y los primeros ingredientes empleados en ellos están averiados”.

Muy dura y merecida crítica recibió el primer edil ante la falta de vigilancia  municipal. Por otro lado, y siguiendo en el contexto por la preocupación sanitaria por los pequeños: “El Dr. Aurelio Ferrán Loinaz  especialista en enfermedades de la infancia, establece nuevo horario de consulta en la Sanidad del Puerto de 1 á 3”. Su buen hacer para con la gente del mar sería muy recordado.

Dada la necesidad imperante en nuestra ciudad de abordar la problemática social de los menores, se crea la Junta Local de Protección a la Infancia, aprobándose su reglamento. Poco se tardaría en producirse enfrentamientos en su seno, quedando el motivo de su creación -los niños-, relegado a un segundo plano: “Se ha nombrado secretario en propiedad quién era su secretario interino don José Castillo […], este no puede desempeñar el cargo de secretario porque no era individuo de la Junta […] Para resolver el asunto se ha hecho víctima de algunas sorpresas a algunos de los vocales que componen la Junta. Se les convocó en primera citación para asuntos varios, y ya reunidos se les hizo saber que se iba a votar el nombramiento de secretario, afirmándose que tal cosa estaba incluida en el acta y punto denominado: Asuntos varios […] Hemos de estudiar el reglamento por el cual se rige el funcionamiento del mencionado organismo benéfico”.

Un niño recadero, junto otro menor de la calle y niñas de la burguesía local.

Días después de estos oscuros hechos: “La Junta de Protección de la Infancia, corrigiendo errores e imposiciones, ha dispuesto el cese del cargo de secretario de dicha entidad de don José Castillo”. Mientras tanto los menores sin recursos seguían abandonados por las calles de nuestra ciudad esperando una solución a su triste situación. 

Fruto de aquella inquieta infancia no eran extrañas las presencias de aquellos niños y niñas en la Casa de Socorro del Hospital Civil, según los partes adjuntos de los menores siguientes: “Guillermo Vázquez Rodríguez, de varias quemaduras de primero y segundo grado en diferentes partes del cuerpo. José Chepe Jiménez, con domicilio en calle del Muro 15, con herida inciso de 4 cm de extensión en el dedo índice de la mano izquierda, casual. Ana Ragel Melgar, con domicilio en calle Cruz Blanca, 14 herida inciso de 1 cm de extensión en dedo de la mano izquierda. Antonio Osorio Tapia, calle Buen Aire, 36 herida en cuero cabelludo casual. Manuel Enrique Luque, con domicilio en el Acebuchal, herida contuso de 1 cm en región parietal izquierda, casual”. Otros menores, dadas las carencias de la época, no tuvieron tanta suerte en la recuperación de sus dolencias: “A las seis de la tarde fue conducido al cementerio católico de esta ciudad, el cadáver del niño Paquito Quintero”.

Existía otra realidad dentro del mundo de los menores en nuestra ciudad, espejo de la realidad nacional del momento, como era la de los niños llamados expósitos. En el caso concreto de Algeciras, aconteció el inicio del expediente preceptivo antes las autoridades provinciales (concretamente la sección 4ª del departamento de de Beneficencia y Sanidad, dependiente del Gobierno Civil), por parte del matrimonio compuesto por Ángel G. y su esposa Leonor L., ambos jornaleros y vecinos de Algeciras, quienes por conducto de la Alcaldía sita en calle Convento, dieron los pasos administrativos para la adopción del menor Feliciano Pedro, quién había sido acogido desde su más tierna infancia en el hogar de los esposos actuantes “criándolo”, como expresa el documento consultado: “Con arreglo a su clase y posición”, y tras cumplir lo que la legislación de la época señalaba, según la denominada Ley de Beneficencia, y sus distintos reglamentos, aplicables al procedimiento de “prohijamiento simple”. Prosiguiendo el citado documento: “Tras la sesión celebrada, la Excma. Comisión Provincial de Cádiz, acordó conceder a los solicitantes la prohijación del Expósito que tenían solicitado en instancia […] pasando legalmente a llamarse Feliciano Pedro G. L.”. 

Parecido, pero no igual, aconteció al también menor de nombre Luis, quién, tras ser recogido en el Expósito algecireño, dejó su condición de abandonado cuando una entrañable vecina de nuestra ciudad, de nombre María C., estado viuda y con un gran corazón, comenzó ante las autoridades los trámites señalados anteriormente. Dando como resultado el que, aquel menor, además de cariño, pudiera tener un hogar como la mayoría de los niños. En todo caso, quedaba establecido como obligación adquirida: ”En consecuencia á dicha concesión y aceptando el prohijamiento, se obliga á mantener á vestir y educar con arreglo á su clase y medios de subsistencias con que cuenta, asistencia en sus enfermedades y prestarles los auxilios necesarios, cual se fuere su propio hijo, atendiéndolo con el mayor esmero y cariño y guardándole además los derechos que las leyes le conceden y entregarlo a sus padres si estos apareciesen”. Esto último, cosa altamente improbable dado el alto número de abandonos de menores en instituciones civiles y religiosas, demuestra que se trató -en principio- de un acogimiento.

Se daban en no pocas ocasiones las “arrecogías” en hogar ajeno, situación generada por el afecto y al margen de los “obligados procedimientos” que la justicia señalaba; ya fuera por exceso de bocas que alimentar en el hogar propio, o simple abandono por imperativos sociales de la criatura en umbral de casa con “posibles”. Abriendo sus brazos la nueva familia de acogida, sin dar conocimiento a la autoridad competente.  Así ocurrió en el seno de la familia de la viuda Francisca M. C., con domicilio en la calle Soria, hoy Castelar, quién abrió generosamente las puertas de su casa y su corazón: “Y desde su mas tierna infancia crió a Dolores M. M. de padres conocidos”, según hizo constar en el expediente.

Pero dentro de aquel difícil tiempo, coexistían -como agua y aceite-, dos infancias diferenciadas: la primera sumergida en la necesidad y el abandono, mientras que la segunda, desgraciadamente en menor medida, compuesta por niños de buena cuna, conformada ésta última por menores de familias con recursos. Valgan como por ejemplo los niños José y Luisa V., domiciliados en el número 35 de la calle Imperial, herederos de los bienes de su padre Manuel V., importante propietario algecireño que además de la céntrica vivienda poseía, entre otras, una casa-patio en el número 14 de la calle Baluarte.

Otro niño señalado por el dedo de la fortuna fue: Eduardo R., nieto y heredero del gran propietario Francisco F. R., quién, entre sus muchas posesiones en nuestra ciudad se encontraba el denominado Cortijo de Manzanete; o las también menores Clotilde y Joaquína S., domiciliadas en el número 9 de la calle de Jerez, hijas de Remigio S. S., importante hombre de negocios local con acciones en la Compañía Arrendataria de Tabacos. Niños ricos y niños pobres; separados por la fortuna, pero unidos por la difícil época que les tocó vivir.  

De regreso a la realidad algecireña, con "la creación de la Junta Local de Protección a la Infancia se estableció el canon a su favor de un pequeño tanto por ciento en la celebración de los espectáculos públicos”. A tenor de esto, se expresa en tono crítico en denuncia dirigida al Gobernador Militar del Campo: “Desde que se creó la Junta de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, es notorio que los espectáculos públicos no han pagado el 5% que determina la ley en favor de los pobres, no de la Junta; y si esto se hubiese cobrado y se cobrase, los pobres de Algeciras tendrían hoy para vivir fuera de las angustias que los culpables lloran”.

Prosiguiendo el documento en cuestión: “A V.E. acudimos a fin de que por persona recta y fiel cumplidora de las leyes se intervengan las taquillas de espectáculos y se dé cumplimiento exacto a lo que la ley determina. Quedamos confiados en que los pobres de Algeciras en lo sucesivo, percibirán de los espectáculos públicos lo que la ley les señala”. La realidad de la calle era la que sigue: “Algeciras está asaltada de niños mendigos que tienen intranquila a toda la población. Los deberes de la Junta no estarán nunca cumplidos si no persigue a la mendicidad que la evidencia y ridiculiza”. 

Tras la intervención -se supone con dureza lógica-, del Comandante Militar, las cuentas empiezan a cuadrar y “obligatoriamente” se hacen públicas: “Cantidades entregadas por los círculos de recreo para Beneficencia y su inversión: Día 20 de marzo: Kursaal 2.000 pesetas. Casino 1.000 pesetas. Invertido: Rancho facilitado en el Cuartel á los obreros sin trabajo: 791,25 pesetas. A la Junta de Protección a la Infancia 500 pesetas. Material empleado en Casa de Socorro 1.003,27 pesetas. Fdo. D. Cayetano Guerra Meléndez”. Si al frente del control económico de las cantidades recogidas se sitúa al recto cura párroco de la Palma, al frente  de la Junta Local de Protección a la Infancia se pondrá con magnífico criterio al notario y abogado José Jiménez Prieto, siendo nombrado como auxiliar de este Francisco Bocio: “Todos, según se recoge documentalmente, son garantía a esos interese tan importantes y complejos que determinan la moral de una ciudad”. 

Los ingresos afortunadamente aumentaron siendo invertidos del modo siguiente: “Ingresos durante 1917: Por hospedaje y socorro a menores mendigos 266,75 pesetas. Por viajes facilitados a menores y enfermos 307,50. Por tres docenas de cucharas para el comedor de caridad 4,50 pesetas. Por leche condensada para lactancia de niños pobres 2.549,85 pesetas. Por comidas facilitadas a niños pobres con estancia en Asilo de Ancianos 4.634,90 […] Ingresos 20.032,39 pesetas. Gastos: 17.896,59 pesetas. El Alcalde Emilio Morilla. Secretario José Jiménez Prieto. Tesorero S. Luque Ortiz”.  

Los beneficios obtenidos periódicamente para sufragar las necesidades de los menores algecireños carentes de todo serán insuficientes a lo largo de gran parte del nuevo siglo que acababa de comenzar; pero al menos, en aquellos duros años lo poco que entraba en las arcas de aquellas entidades benéficas, gracias a la solvencia de las personas puestas al frente, no se perderían en su oscuro fondo. Y finalizamos como empezamos, con aquellos dos menores frente al cercano hoyo, junto a La Perseverancia, vigilándose mutuamente para que la mangueta o cuarta, no fuera más allá de lo permitido; mientras de las presillas de sus respectivos pantalones colgaban el preciado tesoro de cristal guardado en la bolsa o taleguilla cocida por la madre de cada uno de ellos, aprovechando -que de eso sabían muchos aquellas mujeres-, un viejo trozo de tela.