El exdirector del CIE dice que el 90% de los internos tiene antecedentes

La Escuela Politécnica de Algeciras acogió ayer la II Jornadas sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en las que se pretendió arrojar luz sobre un asunto polémico y girando la temática, especialmente, sobre el nuevo reglamento. La actividad se cerró con las intervenciones del ex director del CIE de Algeciras, Domingo Briones; el adjunto primero de la Defensora del Pueblo, Francisco Fernández; y el vicepresidente de Algeciras Acoge, José Villahoz.

Los principales datos vinieron de la mano de Briones, que subrayó que en los CIE, como en el caso de Algeciras, el 90% de los internos "son personas con antecedentes". Afirmó que no están ni a favor ni en contra, solo trabajan teniendo en cuenta los elementos de las instituciones de control. Como ejemplo citó que en 2013 fueron 16 las inspecciones que se llevaron a cabo en La Piñera. Reconoció Briones que son centros que "nos guste o no tenemos que trabajar en ellos", puntualizando que son de carácter no penitenciario en alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, aunque haya limitaciones que tienen los internos por el mero hecho de estar en un centro así.

Explicó que los internos están bajo la tutela del Cuerpo Nacional de Policía y se ven obligados a poner normas de comportamiento. "No son detenidos ni presos y es una forma extraña de trabajar para la Policía", reflexionó.

Sobre el nuevo reglamento, explicó que separa las funciones de seguridad con la asistencial, que puede corresponder ésta segunda a empleados públicos o a entidades con las que se alcancen acuerdos. Señaló que esperaban que con la modificación se estableciera un régimen sancionador en el CIE porque a veces es difícil hacer cumplir una sanción en el interior. Destacó, por otro lado, que se separen a los internos por antecedentes -lo cual ya se hacía en Algeciras-, lamentando por otro lado que se complique el procedimiento administrativo.

A su vez ahora está más claro las áreas para uso de móvil o régimen de visitas, los funcionarios deben estar formados de forma específica o la relación con las ONG. Explicó que había cosas del nuevo reglamento que ya se hacían, si bien afirmó que "cualquier norma es bienvenida", matizando que a veces están "atados porque dependemos de políticos".

Por parte de Algeciras Acoge, Villahoz lamentó que la historia de los CIE siempre han "rayado" con la legalidad. Reiteró el posicionamiento del colectivo en contra de su existencia, "que una persona con una sanción administrativa sea privada de libertad". Reiteró que el fin de éstos es propiciar la expulsión del inmigrante cuando "en la práctica no vale", argumentando que sólo el 52% de los internos finalmente sale del país. Criticó pues que se gestionen los flujos migratorios "reprimiendo", así como la opacidad del Ministerio de Interior a la hora de revelar datos o el desconocer las razones por las que se han producido fallecimientos en diferentes centros del país. Alegó también al desinterés del Estado, al esperar tres años para publicar el nuevo reglamento; así como a la "criminalización" de la población inmigrante al meterlos en una prisión que no vale para presos -en el caso de Algeciras- "pero sí para inmigrantes".

Mostró discrepancia Villahoz por el hecho de que no se diga que algunas de las agresiones o insultos a funcionarios son por personas condenadas, haciendo hincapié en la "peligrosidad" de mezclar a personas con antecedentes con otros que llegan en pateras. Ya que desde 2010 se permite que permanezcan en el CIE "delincuentes".

Fernández Marugán, por su parte, defendió que el CIE "no reúne las condiciones mínimas para tener personas allí". Señaló, en el caso de 2013 en Algeciras, fueron un 40% los que fueron expulsados. Rechazó que se mezclen ciudadanos con comportamientos más o menos violentos, que priven de libertad a personas que saben que no se expulsará. "Hay que hacer política para articular la presencia de los inmigrantes de otra manera", dijo.

Tras la intervención de los tres ponentes se inició un coloquio con el público. Briones fue uno de los más reclamados. Explicó por ejemplo que "la parte humana en el CIE está garantizada" y defendió que el nivel de comida a los inmigrantes es un nivel superior al que comen los policías en la academia de Ávila. Insistió en la separación que hacen entre los internos que vienen en patera, a los que cuidan y curan y, normalmente, en unos 20 días se determina que pueden entrar dentro del aparato del Estado. Subrayó también que "irregularidades en este CIE no ha habido ninguna desde su creación". Defendió a su vez que se hacen muchas mejoras, "lo que no hacemos es publicarlas".

Villahoz denunció que "en el CIE no se están respetando totalmente los derechos humanos" y apuntó que se ven mermados de otro derecho ya que cuando se recurre la autorización del juez para internar a un inmigrante, normalmente cuando se resuelve ya están expulsados. Fernández matizó que los antecedentes citados pueden ser penales o policiales.

Entre el público se criticó que en Algeciras no haya trabajadores sociales, pese a que según los datos de internos penados parezca una prisión y en éstas haya funcionarios preparados o que se estén privatizando los servicios.