Una empresa diseñada para "la actividad criminal"

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, la que en su día inició Mercedes Alaya y en la que se investiga la presunta existencia en esta empresa sevillana de una actividad planificada dirigida a adjudicarse contratos públicos por medios fraudulentos. El instructor considera que hay indicios para juzgar a 45 personas por las actividades que llevaron a cabo por los directivos y comerciales de Fitonovo, así como su red de proveedores. En el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se señala además a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios.

Según el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado los hechos investigados en esta pieza constituirían hasta nueve delitos: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

El auto pone fin a la investigación dirigida contra la estructura directiva de Fitonovo, su red comercial, red de proveedores y sociedades mercantiles factureras. Entre los imputados se encuentran los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y José Antonio González Baró, así como otros directivos de la empresa, como el director comercial, Andrés Brugueras Foye, y el adjunto a la dirección, Ángel Manuel Macedo Gajete.

Asegura el juez que la constitución de Fitonovo como empresa legalmente constituida que trabaja en un sector comercial legal puede llevar a considerarla como una empresa que actúa en el tráfico jurídico con normalidad. Sin embargo, indica De la Mata, la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que "las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".

El instructor añade que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos "quince años", afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.

Las acusaciones disponen a partir de ahora de un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.